La huelga

LOS SINDICATOS tienen razones, pero son sus razones. Nadie puede discutir su derecho a exponerlas, a tratar de convencer a los dem¨¢s. Pero nada obliga a esos otros ciudadanos, incluyendo muchos trabajadores, a compartirlas. Los motivos de queja esgrimidos en la convocatoria de huelga -decreto de desempleo, ley de huelga, desindustrializaci¨®n- son dignos .de consideraci¨®n, pero distan de ser tan evidentes que conciten la unanimidad de la poblaci¨®n. Sobre todo, no todo el mundo piensa que esos motivos sean de tal naturaleza que hagan inevitable el recurso a un medio tan extremo como la huelga general. Y esa opini¨®n merece el mismo respeto que la contraria.La ley de huelga, por ejemplo, ha sido considerada una necesidad perentoria por el Parlamento, y hay motivos para sospechar que no son pocos los ciudadanos -en especial los de las grandes ciudades que recientemente han sufrido el abuso de la acci¨®n de paros salvajes- que comparten ese punto de vista. La conveniencia de estimular la reindustrializaci¨®n de zonas en declive es sin duda apoyada por los habitantes de las comarcas afectadas y otros muchos, pero no siempre la actitud de los sindicatos ha favorecido precisamente una pol¨ªtica de asignaci¨®n de recursos que otorgue prioridad a ese objetivo sobre otros. Ser¨ªa magn¨ªfico poder destinar mucho dinero a la financiaci¨®n de las infraestructuras, tan decisivas para atraer inversiones, sin merma para los fondos destinados a subsidiar el paro y otras emergencias sociales. Pero hasta el m¨¢s doctrinario asesor econ¨®mico de las direcciones sindicales sabe que no siempre basta que dos objetivos sean deseables para hacerlos compatibles. En fin, el denominado decretazo tiene aspectos discutibles, pero no ser¨ªa justo negar la existencia de poderosos motivos en favor de una reforma del Instituto Nacional de Empleo (Inem) orientada a los mismos objetivos que la propuesta por el Gobierno: contener la desviaci¨®n presupuestaria (de uno a dos billones en tres a?os) y evitar algunos de los efectos indeseables detectados en el sistema de subsidios (en particular a partir de su ampliaci¨®n, en 1989, tras el 14-D).

Por ello mismo, carece de fundamento la pretensi¨®n sindical de dar por supuesto el acuerdo general con su convocatoria y de fijar los servicios m¨ªnimos en el transporte -eje b¨¢sico para medir el resultado de una movilizaci¨®n a la que se quiere dar la caracter¨ªstica de global- en funci¨®n de esa suposici¨®n. Para que la opci¨®n de los ciudadanos sea libre ha de garantizarse que todo el que quiera trabajar pueda hacerlo, y ello es incompatible con la propuesta sindical de reducir los servicios m¨ªnimos a un tren de cercan¨ªas por hora entre las seis y las nueve de la ma?ana. El Gobierno se carga de raz¨®n, por ello, al fijar unos servicios m¨ªnimos m¨¢s ajustados a la realidad. En Catalu?a, la Generalitat y los sindicatos han llegado a un acuerdo sobre unos m¨¢s bien simb¨®licos servicios m¨ªnimos. Los sindicatos han utilizado esta negociaci¨®n, y su final, para refregarle en la cara al Gobierno socialista que si no hay acuerdos con las centrales es porque el Ejecutivo no quiere. La Generalitat, por su parte, se ha evitado el siempre inc¨®modo ejercicio de la autoridad. 0 sea, que todos contentos, salvo el ciudadano, que de ocho a once de la ma?ana no tendr¨¢ ning¨²n transporte p¨²blico, ya que el pacto s¨®lo alcanza a una cobertura del 25% de los transportes hasta las ocho.

Por otra parte, ya no se dan las condiciones que en el pasado hicieron leg¨ªtimo el recurso a los llamados piquetes informativos: ¨¦stos no buscaron nunca informar, sino dar al trabajador un pretexto frente al poder del empresario para despedir o discriminar profesionalmente al huelguista. En algunas peque?as empresas puede existir ese riesgo, pero es absurdo suponer que tal pueda ser hoy el caso de la mayor¨ªa de los centros de trabajo. De ah¨ª que la huelga del jueves se plantee tambi¨¦n como una prueba de la madurez de las centrales a la hora de respetar las reglas del juego.