Huelga y negociaci¨®n
DIEZ D?AS despu¨¦s de la huelga general ambos contendientes siguen esperando a que el otro desenfunde. La huelga no fue un ¨¦xito sindical, pero su mera convocatoria ya hab¨ªa constituido una derrota del Gobierno. Durante a?os, los socialistas se han beneficiado, especialmente en sus relaciones con los medios empresariales y financieros, del supuesto de que su proximidad con los sindicatos les otorgaba una capacidad apaciguadora de las tensiones sociales que no estaba al alcance de sus principales rivales pol¨ªticos. Sin embargo, la patronal acaba de se?alar que, de mantenerse el actual nivel de conflictividad social, en 1992 se perder¨¢n tantas horas de trabajo por huelga como en 1979, a?o r¨¦cord en esta materia. En el periodo 1986-1990, la conflictividad laboral aument¨® en Espa?a en un 10% respecto al quinquenio anterior, en contraste con la disminuci¨®n registrada en todos los dem¨¢s pa¨ªses de la Comunidad Europea (excepto Grecia). Esta reducci¨®n fue del 30% en Francia y Alemania, del 58% en Italia y del 89% en el Reino Unido, por citar a los principales.El hecho de que la presi¨®n huelguista se haya mantenido en la actual fase recesiva de la econom¨ªa indica que la coyuntura no basta para explicarla. Es posible que el otro factor determinante haya sido la unidad de acci¨®n de
CC OO y UGT sobre la base de lo que antes era la posici¨®n del primero de esos sindicatos. Hasta 1986 exist¨ªa una cierta especializaci¨®n o divisi¨®n del trabajo, de manera que UGT daba prioridad a la b¨²squeda del acuerdo y
CC OO a la movilizaci¨®n.. De la combinaci¨®n se beneficiaban ambas centrales, ya que las mejoras obtenidas en determinados sectores mediante la presi¨®n tend¨ªan a generalizarse luego por la v¨ªa de la negociaci¨®n. Ahora, la din¨¢mica es algo diferente, tal vez con mayor capacidad de movilizaci¨®n, pero menor de interlocuci¨®n.
La mayor¨ªa de la poblaci¨®n piensa, seg¨²n los sondeos publicados despu¨¦s del d¨ªa 28, que la huelga general "no va a servir para nada", y tambi¨¦n que lo m¨¢s deseable ser¨ªa que Gobierno y sindicatos negociaran sus discrepancias. Destacados socialistas, incluido Alfonso Guerra, han coincidido estos d¨ªas en combinar llamamientos a la necesidad del di¨¢logo social con exhortaciones a que las centrales superen su sindicalismo exclusivamente reivindicativo. Sin embargo, las discrepancias existentes no son de las que puedan superarse con meras apelaciones a la buena voluntad. Tras la huelga, cada parte pidi¨® a la otra que reflexionase sobre los resultados de la jornada. Ya lo han hecho, pero, como cab¨ªa esperar, han llegado a diferentes conclusiones: las centrales insisten en condicionar su participaci¨®n en un proceso negociador con el Gobierno a que en el temario. se incluyan el decreto sobre el desempleo y la ley de huelga, y no s¨®lo, como hab¨ªa propuesto el ministro Solchaga, la reforma del Instituto Nacional de Empleo (Inem), la formaci¨®n profesional y la pol¨ªtica industrial.
El Gobierno tiene buenos motivos para intentar reducir el d¨¦ficit p¨²blico, pero ello implica recortar los gastos del Estado. El debate sobre cu¨¢les son las partidas a recortar o suprimir para alcanzar tal objetivo puede verse enriquecido por las opiniones de los sindicatos y otras asociaciones, pero la decisi¨®n corresponde por definici¨®n al Parlamento, y no a cualquiera de los sectores que podr¨ªan verse afectados por tales recortes. Pero, para las centrales, renunciar a modificar la nueva normativa sobre prestaciones al desempleo equivale a reconocer la inutilidad de la movilizaci¨®n del 28-M. De ah¨ª la dificultad de hallar una base s¨®lida para iniciar el di¨¢logo.
Pero el riesgo de no alcanzar alg¨²n compromiso es el de que se desate una escalada de presi¨®n sindical tan intensa que convenza al Gobierno de que resulta m¨¢s rentable una actitud de enfrentamiento directo con los sindicatos, a fin de acreditar una imagen de firmeza que le permita recuperar por la derecha los apoyos que pierde por la izquierda. Ello podr¨ªa conducir a las centrales a la marginalidad, pero esa escalada har¨ªa imposible la mejora de la productividad de la que depende el proceso de convergencia. El inter¨¦s compartido en evitar tal situaci¨®n puede ser la base para superar el actual di¨¢logo de sordos.
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