En el teatro de operaciones

Ahora que ya se han digerido los contrapuestos balances de la huelga general, puede resultar conveniente analizarla con m¨¢s calma, sin que los argumentos tengan que ser entendidos como armas favorables a uno u otro bando (tal como inevitablemente suced¨ªa antes del 28-M). Y para ello comenzar¨¦ por discutir una cuesti¨®n formal (la planteada por los piquetes informativos, entendida esta informaci¨®n en el sentido del periodismo amarillo), para centrarme despu¨¦s en el fondo sustancial del asunto, tratando de explicar la compulsiva necesidad de enfrentarse que parece animar tanto a las centrales como al Gobierno.Poca duda cabe acerca de que una huelga general no puede plantearse sin una previa movilizaci¨®n de todos los reservistas, a los que se dispone para impedir que abran las cocheras, las estaciones, los quioscos, los bares, los mercados y las tiendas. As¨ª lo entendi¨® el Gobierno, y en consecuencia, moviliz¨® a su vez a sus propios reservistas, a fin de impedir la acci¨®n de los piquetes de huelga: lo que consigui¨® en buena medida, aunque no en la suficiente como para evitar que el peque?o comercio, por pura prevenci¨®n f¨ªsica, se sumase involuntariamente a la huelga. Si el Gobierno hubiese anunciado su propia movilizaci¨®n, posiblemente muchos tenderos, sinti¨¦ndose m¨¢s seguros, hubiesen corrido el riesgo de abrir sus puertas. Pero si la movilizaci¨®n policial hubiese estado previamente anunciada, muy probablemente los sindicatos no se hubiesen dejado coger por sorpresa y habr¨ªan modificado su t¨¢ctica en consecuencia (como, ya sobre aviso, har¨¢n en octubre con la huelga anunciada).

?Qu¨¦ decir de la coacci¨®n sindical (tan leg¨ªtima para ellos como la santa coacci¨®n para los militantes del Opus Dei) que se ven obligados a emplear los piquetes si quieren que triunfe la huelga? A un sindicalista, esta coacci¨®n le parece leg¨ªtima porque emplea un c¨¢lculo basado tanto en la ¨¦tica de las consecuencias (el fin justifica los medios) como en la de las convicciones (la causa sindical es m¨¢s justa que la causa patronal o gubernamental). Pero al ciudadano de a pie (sea un tendero o un cliente), esa coacci¨®n le parece tan ileg¨ªtima como al recluta obligado a hacer la mili a la fuerza, sin poder alegar objeci¨®n de conciencia. ?Qu¨¦ mejor paralelo, dada la com¨²n estrategia movilizadora de ej¨¦rcitos y centrales sindicales?

?Se debe prohibir la coacci¨®n de los piquetes en la futura ley de huelga? Sostengo que no, pues creo, por el contrario, que hay casos en que la coacci¨®n sindical s¨ª es plenamente leg¨ªtima: y ello aunque en principio, abstractamente, no lo sea. Como sabemos por el dilema del free rider (o esquirol), de Mancur Olson, la acci¨®n colectiva s¨®lo es posible si a los actores individuales que han de protagonizarla se les suministran incentivos selectivos capaces de estimularla: e incentivos tanto positivos (privilegios otorgados en exclusiva a quienes participen en la acci¨®n colectiva) como negativos (amenazas de castigo para quienes no participen en ella). Pues bien, toda huelga plantea directamente este dilema del esquirol: lo racional para los individuos es no sumarse a la huelga y esperar a que s¨ª lo hagan los dem¨¢s, pues si los huelguistas triunfan, todos se ver¨¢n beneficiados por las mejoras conquistadas por la huelga, hayan participado o no en ella. Por tanto, el ¨¦xito de la huelga depende de la medida en que se impida la abstenci¨®n del esquirol: ¨¦sta es la mejor justificaci¨®n racional de la necesidad de los piquetes de huelga, encargados de ejercer la coacci¨®n (incentivos negativos) contra los potenciales esquiroles que amenacen el ¨¦xito de la huelga.

?C¨®mo compaginar este resultado concreto (legitimidad del piquete coactivo contra esquiroles potenciales) con el principio abstracto antes enunciado (legitimidad de la coacci¨®n :F¨ªsica contra los dem¨¢s)? Conviene distinguir entre aquellos miembros del colectivo que s¨ª se beneficiar¨¢n del ¨¦xito de la huelga (cobrando, por ejemplo, las alzas salariales que se consigan) y aquellos otros terceros afectados que no se beneficiar¨ªan en ning¨²n caso de ella (por ejemplo, los clientes o usuarios del centro de trabajo que se declara en huelga): s¨ª es leg¨ªtimo coaccionar a los futuros beneficiarios de la acci¨®n colectiva (siendo la coacci¨®n proporcional al futuro beneficio que alcanzar¨¢n), pero nunca puede serlo coaccionar a los dem¨¢s, que en todo caso se ver¨¢n excluidos de los beneficios derivados de la huelga. Esto quiere decir, a efectos pr¨¢cticos, que los piquetes (como los da?os o lesiones causados por la huelga) s¨®lo son leg¨ªtimos cuando afectan a los miembros de la colectividad en huelga, pero nunca en el caso de una huelga general (donde no hay beneficiarios colectivos de su ¨¦xito, al menos en democracia) ni en el caso de amenazas, da?os o lesiones contra terceros (clientes, usuarios o simples ciudadanos).

Por lo que hace a la compulsi¨®n hacia el enfrentamiento, que incapacita para alcanzar acuerdos de concertaci¨®n social, ?qu¨¦ decir de este sindicalismo del no, como ha sido bautizado desde el Gobierno? En realidad, las centrales sindicales espa?olas no tienen otra opci¨®n m¨¢s que el radicalismo ret¨®rico, s¨®lo expresable a trav¨¦s de gestos como la huelga general (con independencia de que luego acepten t¨¢citamente los resultados ex post, como si de hecho asumiesen impl¨ªcitamente una concertaci¨®n no escrita). En efecto, desde los Pactos de La Moncloa hasta 1985 s¨ª result¨® posible llegar a firmar grandes pactos sociales de concertaci¨®n: y ello porque as¨ª lo justificaba tanto la necesidad de consolidar la democracia (pues la conflictividad social amenazaba desestabilizar el ¨¦xito de la transici¨®n) como la propia existencia de una insuperable crisis econ¨®mica internacional, que exig¨ªa apretarse el cintur¨®n por parte de todos los actores socia les. Pero tras 1985, esta situaci¨®n se modific¨®. La democracia qued¨® definitivamente con solidada (mediante el refrendo de la mayor¨ªa absoluta socialista), y tras la salida de la crisis comenz¨® a crearse empleo ininterrumpidamente hasta 1989: y en tales condiciones, ya no resultaba posible justificar la firma de pactos sociales, que sonaban a entreguismo, rendici¨®n o soborno. Comisiones Obreras se neg¨® a firmar el Acuerdo Econ¨®mico y Social (AES), y pronto UGT vio que si manten¨ªa su pol¨ªtica de pactos con el PSOE en el Gobierno perder¨ªa inexorablemente las elecciones sindicales.

En consecuencia, se inici¨® una nueva etapa donde ambas centrales compet¨ªan electoralmente por ver cu¨¢l era la que hac¨ªa menos concesiones al Gobierno y cu¨¢l la que demostraba mayor animadversi¨®n hacia ¨¦ste: y aqu¨ª es donde logr¨® afianzarse UGT, pues su oposici¨®n al Gobierno parec¨ªa m¨¢s aut¨¦ntica, sincera, dolorosa y dram¨¢tica (dado que costaba la ruptura de hondos v¨ªnculos de camarader¨ªa), mientras que la de Comisiones resultaba mucho m¨¢s oportunista, artificial y mec¨¢nica (al venir obligada por su obediencia originaria). Pero ?por qu¨¦ han de competir las centrales por ver qui¨¦n concierta menos y qui¨¦n concierta m¨¢s? Pues porque, como para dar la raz¨®n a Goldthorpe (que relaciona la capacidad de concertaci¨®n con la unificaci¨®n de los sindicatos y con la influencia de las centrales sobre sus ba-

Pasa a la p¨¢gina siguiente

Viene de la p¨¢gina anterior

ses en los centros de trabajo), los sindicatos espa?oles se hallan situados entre la espada y la pared (seg¨²n met¨¢fora de Ferm¨ªn Bouza): la espada de tener que competir electoralmente entre ellos y la pared de la incomprensi¨®n de las bases no afiliadas, que los desprecian y descalifican por vendidos y pactistas, y que en cuanto surge otra alternativa verbalmente m¨¢s radical enseguida les vuelven la espalda (el paradigma es la Plataforma de la EMT madrile?a). El ¨²nico discurso sindical que vende entre las clases trabajadoras espa?olas es el radical que lo quiere todo, aqu¨ª y ahora. Siendo esto as¨ª, ?c¨®mo sorprenderse de que las dos grandes centrales compitan por ver qui¨¦n se muestra ret¨®ricamente m¨¢s radical (es decir, m¨¢s antigubernamental)?

Entonces, la pregunta es: ?por qu¨¦ el Gobierno, que parece tan inteligente, no advirti¨® este cambio de escenario, y por qu¨¦ no modific¨® su estrategia a partir de 1986, cuando qued¨® claro que las centrales sindicales ya no podr¨ªan seguir pactando como antes, pues su competencia interna y sus bases impacientes ya no se lo iban a seguir permitiendo tan f¨¢cilmente? La respuesta de Juan Urrutia (La estrategia de la ara?a, EL PA?S, 26 de mayo de 1992, p¨¢gina 14) es: porque puede; es decir, porque al Gobierno no le cuesta nada soportar la oposici¨®n sindical. Lo cual parece cierto mientras contin¨²e la impotencia del PP. Pero si bien no le cuesta nada al Gobierno, tampoco est¨¢ tan claro que le interese: ?qu¨¦ sale ganando el Gobierno al provocar o permitir la oposici¨®n sindical? Mi hip¨®tesis es la siguiente: al Gobierno le interesa seguir alimentando el antigubernamentalismo de las centrales sindicales a fin de que ¨¦stas no pierdan la escasa influencia de la que todav¨ªa disponen sobre sus bases, pues s¨®lo as¨ª se alcanzar¨¢n pactos sociales no escritos, pero t¨¢citamente aceptados (ya que los expl¨ªcitos resultan hoy por hoy inalcanzables). Y para que a ninguna de las partes se le vea la pluma ni el plumero del pacto, ?qu¨¦ mejor escenario estrat¨¦gico que la huelga general, como representativo teatro de operaciones.