Los sindicatos utilizar¨¢n tres v¨ªas legales contra el decreto
Los sindicatos UGT y CC OO impulsar¨¢n las tres v¨ªas legales posibles para que se declare inconstitucional el decreto-ley que reforma el subsidio de desempleo, ahora convertido en proyecto de ley. Esos caminos son: el recurso directo de inconstitucionalidad, la cuesti¨®n de inconstitucionalidad y el recurso de amparo.Para promover el primero, enviar¨¢n al Defensor del Pueblo un dictamen realizado por el catedr¨¢tico de Derecho Constitucional, Diego L¨®pez Garrido, a petici¨®n de UGT y CC OO, y solicitar¨¢n a la instituci¨®n que preside ?lvaro Gil Robles que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el citado decreto-ley. Los sindicatos han optado por esa v¨ªa una vez que han comprobado que no cuentan con el apoyo de 50 diputados o senadores para la presentaci¨®n del recurso.
Si el Defensor del Pueblo no accede a su petici¨®n, UGT y CC OO promover¨¢n la cuesti¨®n de inconstitucionalidad. En este caso es un juez quien debe tomar la iniciativa si a la hora de aplicar la norma considera que entra en colisi¨®n con la Constituci¨®n Espa?ola. La tercera v¨ªa posible es el recurso de amparo que, en opini¨®n de Diego L¨®pez Garrido, es m¨¢s dificil porque protege los art¨ªculos 14 al 36 de la Constituci¨®n.
El dictamen del catedr¨¢tico de Derecho Constitucional considera que el decreto-ley sobre desempleo es inconstitucional por su contenido material y desde el punto de vista formal. Los argumentos sobre el contenido se basan en que la citada norma "produce un recorte dr¨¢stico de las prestaciones por desempleo de un 40% de media para cada parado y tiene efectos secundarios en otras prestaciones como la jubilaci¨®n".
Esa reforma, seg¨²n L¨®pez Garrido, va en sentido contrario a los art¨ªculos 41 y 9.2 de la Constituci¨®n que protegen un r¨¦gimen de seguridad social suficiente, especialmente para la protecci¨®n del desempleo. "Los derechos sociales son tan derechos como los pol¨ªticos. No son de segunda, categor¨ªa", a?ade el catedr¨¢tico.
En cuanto a los aspectos formales, defiende que el decreto ley es "una excepci¨®n en un r¨¦gimen democr¨¢tico y no puede regular instituciones b¨¢sicas del Estado como es la seguridad social". La raz¨®n es que no se han dado razones de urgente necesidad porque hab¨ªa tiempo suficiente para tramitar un proyecto de ley, dado que el Gobierno conoc¨ªa la dificultad financiera del Inem desde hace meses.
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