Corrupci¨®n y garant¨ªas

EL 'CASO Naseiro' ha llegado a los tribunales. Los jueces habr¨¢n de dilucidar, de acuerdo con las exigentes normas del derecho penal, si hay o no motivo para condenar a los inculpados. Pero el hecho de que entre ellos figuren dos antiguos tesoreros del Partido Popular, uno de ellos diputado, y que la acusaci¨®n se refiera a supuestas pr¨¢cticas ?legales de financiaci¨®n de esa formaci¨®n, otorga al caso una evidente dimensi¨®n pol¨ªtica. Puede que los jueces exculpen a N¨¢seiro, Sanchis y Palop de los delitos que se les imputan. Ello no significar¨¢ necesariamente, sin embargo, que esas personas queden eximidas de su responsabilidad pol¨ªtica en el asunto. Pues, en contra de la teor¨ªa a veces esgrimida por el presidente del Gobierno, no s¨®lo es corrupci¨®n aquello que las sentencias judiciales sancionen como tal.La defensa de los inculpados intenta evitar que el tribunal juzgador se pronuncie sobre el fondo de los hechos y pide el archivo de la causa por considerar que hubo irregularidades en la instrucci¨®n de la misma por el juez Manglano. Su postura es discutible, pero coherente con la funci¨®n propia del abogado. Pero tambi¨¦n lo es la del fiscal y la de la acusaci¨®n particular al sostener que las eventuales irregularidades procesales, de existir, no han vulnerado los derechos de los procesados y, por otra parte, no cuestionan la validez de las pruebas. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde se celebra la vista, habr¨¢ de pronunciarse sobre esa cuesti¨® n previa antes de la eventual reanudaci¨®n de las sesiones.

Las supuestas irregularidades procesales guardan relaci¨®n sobre todo con el origen de la principal prueba de cargo: las grabaciones de conversaciones del concejal Palop con Naseiro y Sanchis. La defensa alega que la autorizaci¨®n por el juez de realizar las escuchas correspondientes no respet¨® las normas de procedimiento establecidas. Efectivamente, en un Estado de derecho los procedimientos forman parte esencial de los contenidos; por tanto, existe la posibilidad de que las supuestas irregularidades de procedimiento sean decisivas en el pronunciamiento de la sala. Defendemos la aplicaci¨®n rigurosa de esas exigencias de procedimiento incluso si ello puede propiciar en ocasiones la impunidad.

Pero todo ello se refiere a la dimensi¨®n jur¨ªdica, y espec¨ªficamente penal, del asunto. La pol¨ªtica es otra cosa. Porque de lo que no hay duda es de que los contenidos de esas grabaciones, que millones de espa?oles escucharon en su d¨ªa al ser difundidas por los medios de comunicaci¨®n, recogen conversaciones entre los acusado! sobre el cobro de comisiones ilegales a los constructores a cambio de licencias de obra. Se podr¨¢ alegar que otros partidos hacen lo mismo, que las pruebas que relacionan a Filesa con la financiaci¨®n irregular del PSOE son abrumadoras, que el Ayuntamiento de Valencia era regido en el momento de las conversaciones por una alcaldesa socialista, y que ser¨ªa ins¨®lito que cobrase comisiones la,oposici¨®n y no la mayor¨ªa. Todo ello es cierto, y m¨¢s lo es que no son precisamente los socialistas, que ya se opusieron en su d¨ªa a la creaci¨®n de una con¨²si¨®n parlamentaria de investigaci¨®n sobre el caso, quienes menos se alegrar¨ªan de una exculpaci¨®n de Naseiro y los otros. Como es igualmente cierto que no ser¨ªa anulando la causa, sino planteando ante la sala todos los elementos de juicio, como se podr¨ªa dilucidar la eventual implicaci¨®n de otros partidos a que aluden quienes propugnan el archivo de las actuaciones.

Nada justifica la euforia de Sanchis al pretender que los espa?oles den por no o¨ªdo lo que escucharon claramente los kilos que pensaban sacar a tal o cual empresa a cambio de informes favorables, y la forma como se repartir¨ªan esos kilos, por ejemplo-, o que acepten tomar esas palabras por "una broma" o la expresi¨®n de unos "malos pensamientos no realizados". El propio informe interno realizado por Alberto Ruiz Gallard¨®n por encargo de la direcci¨®n del Partido Popular -y cuya principal conclusi¨®n es que ni Fraga ni Aznar, cuyos nombres aparecen en las grabaciones, ten¨ªan nada que ver con el asunto- atribuye a la iniciativa personal de los implicados las operaciones econ¨®micas denunciadas. Pero si fueron de su iniciativa es que tales operaciones existieron.