El Estado ha pagado en ocho a?os 131 millones por errores de la Justicia

El Ministerio de Justicia ha recibido en los ¨²ltimos ocho a?os 727 reclamaciones de otros tantos ciudadanos que se consideran v¨ªctimas de errores en sentencias o fallos judiciales, del anormal funcionamiento de la administraci¨®n de justicia o de ¨®rdenes de prisi¨®n preventiva indebidas como lo prueba la absoluci¨®n posterior de los interesados. El Estado ha tenido que abonar por estos conceptos m¨¢s de 131 millones de pesetas, pese a que la mayor¨ªa de las reclamaciones presentadas acaban siendo desestimadas.

Un total de 727 personas han decidido acogerse al derecho a una reparaci¨®n econ¨®mica admitido en el art¨ªculo 292 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, promulgada el 1 de julio de 1985. La ley establece que "los da?os causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, as¨ª como los que sean a consecuencia del funcionamiento anormal de la Administraci¨®n de Justicia, dar¨¢n a todos los perjudicados derecho a una indemnizaci¨®n a cargo del Estado".

R¨¦cord en 1991

356 reclamaciones, es decir, casi la mitad de las planteadas, son debidas al funcionamiento anormal de la administraci¨®n de justicia. 361 quejas se refieren a ¨®rdenes de prisi¨®n preventiva por delitos que los reclamantes no cometieron, seg¨²n se demostr¨® m¨¢s tarde en el curso del procedimiento judicial. Las 10 reclamaciones restantes obedecen a presuntos errores en sentencias judiciales, seg¨²n los datos proporcionados por la subdirecci¨®n general de Relaciones con la Administraci¨®n de Justicia.El a?o 1991, en que se tramitaron 133 demandas, fue el que registr¨® un mayor n¨²mero de quejas. Durante el presente a?o los ciudadanos han presentado 16 reclamaciones por funcionamiento anormal de la administraci¨®n de justicia. Otras 12 personas piden una reparaci¨®n por haber sido primero encarceladas y posteriormente absueltas al quedar demostrada su inocencia de las acusaciones que se les imputaban.

El Ministerio de Justicia est¨¢ demostrando tener unos criterios muy restrictivos a la hora de reconocer los errores de sus funcionarios o del aparato judicial. Desde que entr¨® en vigor la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial s¨®lo ha reconocido 97 casos, es decir, poco m¨¢s del 13% del total de las demandas tramitadas.

En 1986, en su calidad de presidente del Consejo de Estado, el actual ministro de Justicia, Tom¨¢s Quadra Salcedo, fue uno de los m¨¢s firmes opositores a que se concediera indemnizaci¨®n a la joven Patricia Bartolom¨¦ Allu¨¦. Patricia Bartolom¨¦ hab¨ªa sido acusada injustamente de cometer un atraco el 13 de septiembre de 1984 en Fraga (Huesca). Despu¨¦s de una dura y complicada batalla legal, el Tribunal Supremo dictamin¨® que la v¨ªctima del error judicial ten¨ªa derecho a recibir del Estado una reparaci¨®n econ¨®mica de dos millones de pesetas.

Taca?er¨ªa oficial

Algunos abogados que han trabajado en la asesor¨ªa legal de v¨ªctimas de errores o deficiencias opinan que el Estado sigue siendo "extremadamente taca?o" a la hora de satisfacer peticiones de indemnizaci¨®n de las personas perjudicadas por negligencia o equivocaciones probadas de los jueces. Una de las situaciones m¨¢s frecuentes que originan quejas es la p¨¦rdida de joyas, dinero u otros objetos de valor depositados en los juzgados como pruebas en un procedimiento o la excesiva lentitud en la tramitaci¨®n de los expedientes que afectan a los reclamantes.La legislaci¨®n permite que el Estado "haga pagar" a los jueces u otros funcionarios las cantidades satisfechas por el Estado a los ciudadanos en concepto de indemnizaci¨®n cuando son consecuencia de errores por dolo (de forma intencionada) o por culpa grave. Pero esta facultad del Estado parece m¨¢s un principio te¨®rico que un elemento de protecci¨®n del dinero de los ciudadanos. No parece que el ministerio sea proclive a detraer de la n¨®mina de sus empleados las sumas abonadas a los perjudicados por sus errores.