La reforma

LA REFORMA constitucional a la que obliga el Tratado de Uni¨®n Europea de Maastricht es seguramente la menor de las posibles. Consistir¨¢ en introducir en el art¨ªculo 13.2 de la Constituci¨®n los t¨¦rminos que hagan posible extender a los ciudadanos de los otros pa¨ªses de la CE residentes en Espa?a el derecho a ser elegibles -sufragio pasivo- y no s¨®lo electores como ocurre ahora -sufragio activo- en las elecciones municipales, de acuerdo con lo exigido en el art¨ªculo 8 B.1 del tratado de Maastricht.Pero esta peque?a modificaci¨®n tiene una alta simbolog¨ªa: se trata de la primera que sufre la Constituci¨®n espa?ola de 1978 y es tambi¨¦n la primera aportaci¨®n por parte de Espa?a al proceso en que se asentar¨¢n los mecanismos de representaci¨®n democr¨¢tica de la futura uni¨®n pol¨ªtica europea. Toda reforma constitucional es siempre una cuesti¨®n delicada, aunque venga exigida por compromisos internacionales y no por motivos de pol¨ªtica interna. No es extra?o, pues, que el mandato de Maastricht haya suscitado un interesante debate sobre las formas de atenderlo, bien mediante una reforma constitucional de menor o mayor alcance, bien por otras v¨ªas legales como autorizar la ratificaci¨®n del tratado mediante ley org¨¢nica -previsi¨®n del art¨ªculo 93 de la Constituci¨®n-, o atribuir por ley a los residentes comunitarios en Espa?a la condici¨®n de nacionales a los efectos de su participaci¨®n en las elecciones municipales.

Todas estas dudas han sido despejadas por el Tribunal Constitucional (TC) al responder a la consulta que le formul¨® el Gobierno sobre la existencia, o no, de contradicci¨®n entre la Constituci¨®n espa?ola y el art¨ªculo 8 B.1 del tratado. La declaraci¨®n del TC ha sido inequ¨ªvoca: existe contradicci¨®n. Por tanto, ninguna v¨ªa distinta de la reforma constitucional es v¨¢lida para resolverla. Tambi¨¦n es inequ¨ªvoco el alcance de la reforma: afecta exclusivamente al art¨ªculo 13.2 de la Constituci¨®n y no al art¨ªculo 23.2 -derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos p¨²blicos-, como hab¨ªa pretendido un sector muy minoritario. El procedimiento para la reforma, al no afectar ¨¦sta a ning¨²n aspecto b¨¢sico de la Constituci¨®n, es el general u ordinario, en el que se incluye la opci¨®n de convocar un refer¨¦ndum a propuesta de la d¨¦cima parte de los diputados o senadores. La resoluci¨®n del TC no se pronuncia sobre la conveniencia de la celebraci¨®n de tal consulta. Y mucho menos sobre la convocatoria del refer¨¦ndum consultivo previsto en el art¨ªculo 92 de la Constituci¨®n, de naturaleza muy distinta y de competencia del presidente del Gobierno.