EE UU amenaza a Espa?a con represalias por la guerra comercial sobre la marca deportiva Nike

Estados Unidos ha incluido a Espa?a en la lista de pa¨ªses que pueden sufrir represalias comerciales por no respetar los derechos de propiedad industrial y comercial de la multinacional Nike. El conflicto planteado por la empresa catalana Cidesport, que ha logrado que los jueces impidan la comercializaci¨®n, distribuci¨®n y publicidad de la ropa deportiva de esta marca en nuestro pa¨ªs, ha convertido un caso judicial de grandes implicaciones econ¨®micas en un grave asunto pol¨ªtico a s¨®lo dos semanas de la inauguraci¨®n de los JJ OO de Barcelona.

La Comisi¨®n Europea ha tomado cartas en el asunto y ha enviado una comunicaci¨®n urgente al Gobierno espa?ol en la que se le exige intervenir ante el poder judicial para eliminar "obst¨¢culos al libre comercio" que vulneran el art¨ªculo 30 del Tratado de la CE. Nike tiene filiales en todos los pa¨ªses comunitarios, que no pueden exportar a Espa?a por culpa de unas medidas cautelares decididas por los jueces.Estados Unidos no se ha contentado s¨®lo con incluir a Espa?a en la watchdog list, lo que convierte a nuestro pa¨ªs en v¨ªctima potencial de represalias comerciales previstas en la famosa secci¨®n 301 de la Trade Act norteamericana. Carla Hills, representante del presidente Bush para el Comercio Internacional, ha transmitido al Ministerio de Industria y Comercio su "asombro y malestar" por unas medidas comerciales de tal gravedad.

Los contactos entre Industria y el Departamento de Comercio estadounidense se remiten al pasado enero, cuando en una reuni¨®n de trabajo entre Hills y el ministro espa?ol Claudio Aranzadi, la representante estadounidense expres¨® su preocupaci¨®n sobre las dificultades a las que se enfrentaba Nike para penetrar el mercado espa?ol de cara a los JJ OO, informa desde Washington.

Nike es patrocinador oficial para los Juegos de Barcelona de la selecci¨®n de atletismo de EE UU, del equipo ol¨ªmpico de Argelia y tiene en n¨®mina publicitaria a otros muchos deportistas de ¨¦lite como Sergei Bubka y Michael Jordan, John McEnroe o Carl Lewis. Ninguno de estos atletas podr¨¢ vestir ch¨¢ndales, camisetas o pantalones con el s¨ªmbolo de esta marca. El juzgado n¨²mero 9 de Primera Instancia de Barcelona, la Audiencia provincial y el propio Tribunal Constitucional han dictado autos que confirman la prohibici¨®n de venta y publicidad hasta que no se resuelva el fondo de una guerra de marcas registradas con el mismo nombre.

Campa?a publicitaria

Nike Internacional, que invierte 26.000 millones en publicidad al ano, hab¨ªa previsto hacer de los Juegos Ol¨ªmpicos el escenario para presentar su nueva l¨ªnea de ropa deportiva. Un directivo de esta compan¨ªa afirm¨® hace unos d¨ªas: "Los atletas que patrocinamos vestir¨¢n uniformes Nike en Barcelona, porque estos uniformes no son para vender ni promocionar en Espa?a". Pero los Juegos Ol¨ªmpicos no son extraterritoriales y este anuncio, como han dado a entender el abogado y los empresarios que defienden los intereses de la Nike espa?ola, puede dar pie a solicitar una orden judicial para que en el acto de inauguraci¨®n de los juegos, el pr¨®ximo d¨ªa 25, la polic¨ªa haga cumplir la prohibici¨®n y deje en el estadio a muchos deportistas de elite s¨®lo en zapatillas.

El agredado comercial de la embajada espa?ola en Washington, Manuel de la C¨¢mara, ha sido convocado por la Oficina de Carla Hills para pedirle garant¨ªas de que la polic¨ªa espa?ola no tomar¨¢ medidas contra los atletas que vistan la ropa Nike.

"En ese caso tendr¨ªamos que recibir notificaci¨®n previa y presentar¨ªamos recurso", afirm¨® ayer un representante de G¨®mez-Acebo & Pombo, bufete de abogados que defiende los intereses de Nike Internacional y su filial espa?ola American Nike. "Es de suponer", a?adi¨®, "que antes del d¨ªa 25 haya decisiones jur¨ªdicas relevantes". La decisi¨®n puede venir del Tribunal Constitucional, donde est¨¢ pendiente un recurso de s¨²plica, o del Juzgado n¨²mero 10 de Primera Instancia de Barcelona, que ahora entiende de la causa por recusaci¨®n del titular del 9, Julio Aparicio.

Lo que Nike pide es tutela efectiva de sus derechos y sustituir, como "suele ser la regla general prevista en la ley para garantizar el equilibrio entre los intereses de las partes", las medidas cautelares por una fianza apropiada hasta que no haya sentencia firme sobre el fondo del litigio.

Derrotas jur¨ªdicas

Derrotada de momento en todos los frentes de la justicia espa?ola, la poderosa multinacional (36.000 millones de pesetas de beneficios al a?o y 360.000 millones de facturaci¨®n) ha logrado el apoyo pol¨ªtico del Gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, lo que puede cambiar el rumbo judicial del caso es la queja de 86 p¨¢ginas presentada el pasado 15 de abril ante la CE.

Una semana despu¨¦s se produjo una reuni¨®n en Madrid de representantes de la Comisi¨®n Europea con responsables de los Ministerios de Justicia, Exteriores y Comercio. Y el pasado 15 de junio Ricardo Perissich, m¨¢ximo responsable de la Direcci¨®n General de Mercado Interior y Asuntos Industriales de la Comunidad Europea, dirigi¨® un t¨¦lex al Gobierno en el que se le exig¨ªa intervenir para eliminar las trabas espa?olas al libre comercio entre los Doce.

"Mis servicios contin¨²an pues sosteniendo su posici¨®n en lo que se refiere a la posibilidad que existe en derecho comunitario de calificar una actuaci¨®n judicial como la que es objeto de la presente queja como medida susceptible de apreciaci¨®n a la luz de los art¨ªculos 30 y siguientes del Tratado de la CE", se dice en el texto. El argumento repetido en las cuatro p¨¢ginas de la comunicaci¨®n urgente es que la decisi¨®n de los jueces espa?oles de prohibir cautelarmente la distribuci¨®n, venta y publicidad de ropa Nike en Espa?a puede ser calificada como "medida de efecto equivalente" a las restricciones prohibidas dentro del libre comercio comunitario.

Para que no quede duda alguna recuerda la soluci¨®n adoptada hace tres a?os en la queja 89/841, tambi¨¦n referida a importaciones de ropa Nike, pero en este caso provenientes de Francia por v¨ªa paralela y no directa. Entonces la Comisi¨®n Europea "solicit¨® y obtuvo de sus autoridades el traslado de este expediente al Consejo Superior del Poder Judicial, as¨ª como, posteriormente, la intervenci¨®n del fiscal general del Estado. En su virtud fue posible el levantamiento del embargo preventivo sufrido por el interesado a cambio de un afianzamiento sustitutorio". El Gobierno espa?ol tiene cuatro semanas de plazo para dar una respuesta.