A toro pasado
El proceso de renovaci¨®n del Tribunal Constitucional por parte del Congreso de los Diputados ha acabado como empez¨®: con cr¨ªticas generalizadas por parte de todos los medios de comunicaci¨®n sin excepci¨®n. No s¨®lo se ha hecho tarde, sino que adem¨¢s se ha hecho mal.Es ¨¦sta una conclusi¨®n a la que se ha llegado de manera un¨¢nime, como si de algo evidente se tratara. Hasta el propio presidente saliente de la instituci¨®n ha llegado a afirmar p¨²blicamente que "el proceso de renovaci¨®n ha sido lamentable".
Ante juicio tan lapidario y convergente parece que lo mejor casi ser¨ªa dejar las cosas tal como est¨¢n y no darle m¨¢s vueltas, y esperar que los nuevos magistrados, con su "legitimidad de ejercicio", restituyan al Tribunal Constitucional la cuota de prestigio que hubiera podido perder en esta peripecia.
Pues, sinceramente, sobre lo que no creo que existan dudas en la opini¨®n p¨²blica es sobre las personas de los nuevos magistrados, que cuentan cada uno de ellos con un curr¨ªculum dif¨ªcilmente mejorable para ocupar una plaza en el Tribunal Constitucional. En ¨¦ste o en cualquiera. El magistrado Mendiz¨¢bal y los catedr¨¢ticos Gonz¨¢lez Campos, Viver Pi-Sunyer y Cruz Villal¨®n combinan conocimientos m¨¢s que acreditados y trayectorias profesionales intachables con edades distintas (dos en los 60 y dos en los 40), dato muy a tener en cuenta, ya que el Tribunal Constitucional tiene que ser el int¨¦rprete de la opini¨®n p¨²blica constitucional", difusa en la sociedad, y en una democracia de tan reciente implantaci¨®n como la espa?ola es de suma importancia que las "diversas sensibilidades generacionales" sean tomadas en consideraci¨®n.
Y, sin embargo, no creo que esa pol¨ªtica del avestruz sea no ya la mejor, sino ni siquiera simplemente buena. El Tribunal Constitucional es una pieza muy relevante de nuestro sistema constitucional, y, en consecuencia, la investigaci¨®n de por qu¨¦ ha sido lamentable el proceso de renovaci¨®n y la determinaci¨®n de la causa ¨²ltima por la que las cosas han ocurrido como han ocurrido es de suma importancia. Entre otras razones porque pueden arrojar mucha luz sobre el funcionamiento de nuestro sistema democr¨¢tico en su conjunto.
De acuerdo con lo publicado en estas ¨²ltimas semanas, para la opini¨®n p¨²blica todo estar¨ªa meridianamente claro y no har¨ªa falta investigaci¨®n de ning¨²n tipo: los responsables de esta operaci¨®n ser¨ªan los partidos pol¨ªticos, que tienen una concepci¨®n patrimonial del Estado y ¨²nicamente est¨¢n interesados en distribuirse cuotas de poder. En el Tribunal Constitucional y en todas las dem¨¢s instituciones. Esa ha sido la causa fundamental o, mejor dicho, ¨²nica repetida en todos los medios de comunicaci¨®n en editoriales o art¨ªculos de opini¨®n.
De entrada he de decir que el an¨¢lisis me parece completamente desacertado y que no explica absolutamente nada. Por supuesto que los partidos pol¨ªticos quieren ocupar cuantas m¨¢s parcelas de poder sea posible. Para eso existen. Si no, no ser¨ªan partidos pol¨ªticos, sino otra cosa. El partido que no actuara de esa manera, habr¨ªa perdido pura y simplemente el instinto de conservaci¨®n y estar¨ªa condenado a desintegrarse y desaparecer. El poder es, en ¨²ltima instancia, lo que mantiene vivo a un partido pol¨ªtico y lo que lo convierte en un elemento decisivo de agregaci¨®n social en el Estado democr¨¢tico.
A nadie puede extra?ar, en consecuencia, que un partido pretenda conseguir el m¨¢ximo poder posible, bien directamente del cuerpo electoral a trav¨¦s de las diversas elecciones, bien indirectamente a trav¨¦s de todas las ramificaciones institucionales del Estado social y democr¨¢tico de derecho de nuestros d¨ªas.
En esto no hay nada intr¨ªnsecamente perverso. Al contrario: en esa lucha por la conquista del poder que se extiende por toda la superficie de la sociedad consiste la vida pol¨ªtica en todo pa¨ªs democr¨¢ticamente organizado.
Por eso las constituciones se preocupan fundamentalmente de poner l¨ªmites a la ocupaci¨®n del poder por parte de los partidos. Porque todos los constituyentes democr¨¢ticos que en el mundo han sido han partido siempre de la convicci¨®n hobbesiana de que el hombre tiene un ansia de poder que s¨®lo cesa con la muerte. De ah¨ª la necesidad de garant¨ªas constitucionales, tanto individuales, que protejan al ciudadano frente al Estado, como institucionales, que protejan a la minor¨ªa frente a la mayor¨ªa. Sin tales garant¨ªas el dominio de la mayor¨ªa ser¨ªa literalmente insoportable.
?sta es la ¨²nica soluci¨®n realmente operativa que se ha encontrado hasta la fecha en las sociedades humanas. En las que mejor se han organizado: las democracias contempor¨¢neas. El control del poder no puede descansar en la buena voluntad o en el autocontrol interno de los partidos -esto ir¨ªa contra la naturaleza de las cosas-, sino que tiene que ser un control externo, que les obligue a comportarse de una manera constitucionalmente correcta y, por tanto, socialmente aceptable.Ahora bien, ello exige un equilibrio pol¨ªtico en el pa¨ªs, que evite que los mecanismos de garant¨ªas puedan ser accionados sin la participaci¨®n de alguna o algunas fuerzas pol¨ªticas significativas. Cuando esto ocurre, la desnaturalizaci¨®n del dise?o resulta dif¨ªcilmente evitable.
Y esto es lo que viene ocurriendo en Espa?a desde: 1982. El problema no es el Tribunal Constitucional. El problema no son las direcciones de los partidos pol¨ªticos. El problema es el mapa electoral que se ha ido configurando a lo largo de estos ¨²ltimos 10 a?os y que ha desbordado las previsiones del constituyente.
Porque el constituyente espa?ol, como los otros europeos, adopt¨® una decisi¨®n prudente en materia de garant¨ªas constitucionales, exigiendo unas mayor¨ªas cualificadas que, en principio, se supon¨ªa que iba a exigir siempre una negociaci¨®n entre la derecha y la izquierda, para entendernos, para activarlas.
Y, sin embargo, no ha sido as¨ª. Desde 1982, la reducida presencia pol¨ªtica y parlamentaria de la derecha espa?ola, primero con AP y despu¨¦s con el PP, ha hecho posible que las decisiones m¨¢s graves respecto de nuestro sistema constitucional se pueden adoptar sin el concurso del primer partido de la oposici¨®n. No se estar. adoptando ni se han adoptado en general, pero pueden adoptarse.
En tales circunstancias la politizaci¨®n de las garant¨ªas constitucionales resulta muy dif¨ªcil de evitar. Pues la despolitizaci¨®n descansa en la necesidad inexcusable de ponerse de acuerdo, porque no es posible actuar sin el otro. A partir de este momento la designaci¨®n de los magistrados del Tribunal Constitucional deja de tener inter¨¦s para los partidos como ocupaci¨®n de cuota de poder, porque unas designaciones y otras se anulan. Cuando falta esta premisa, la previsi¨®n del constituyente no se viene abajo, pero s¨ª se ve afectada. M¨¢s o menos, dependiendo de las circunstancias pol¨ªticas generales,
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Y eso es lo que est¨¢ pasando en Espa?a. Llevamos 10 a?os en los que el concurso del partido de la derecha espa?ola no ha sido necesario para designar a los magistrados del Tribunal Constitucional, aunque se haya contado con ¨¦l para ello. No parece, adem¨¢s, que el panorama vaya. a cambiar en el inmediato futuro. En tales circunstancias ha ocurrido lo que ten¨ªa que ocurrir.Incluso me atrever¨ªa a decir que la renovaci¨®n ha salido mucho mejor de lo que en un principio se pod¨ªa esperar que iba a salir. Al convertirse en un asunto de inter¨¦s general para la opini¨®n p¨²blica, se ha tenido que cuidar mucho el perfil de los posibles candidatos y se ha acabado despolitizando de facto de manera significativa la elecci¨®n, al menos. desde la perspectiva personal de los nuevos magistrados.La renovaci¨®n del Tribunal Constitucional no es m¨¢s que un s¨ªntoma, el ¨²ltimo por el momento, del mal de fondo que aqueja a nuestro sistema pol¨ªtico, que, a pesar de su juventud, empieza a dar muestras de un agotamiento preocupante. Espa?a no ha sabido solucionar nunca -salvo en los primeros decenios de la restauraci¨®n con t¨¦cnicas y procedimientos de sobra conocidos- el problema de la alternancia en el poder. Y parece que tampoco en esta experiencia democr¨¢tica, la m¨¢s real y duradera de nuestra historia, estamos siendo capaces de hacerlo.De ah¨ª ese malestar difuso que se percibe en nuestra sociedad, ese cinismo de la ciudadan¨ªa respecto de las instituciones y un cierto encanallamiento de la vida pol¨ªtica, salpicada permanentemente de esc¨¢ndalos o de trifulcas poco edificantes.No es en los nombres de los magistrados o en los portavoces parlamentarios de los partidos donde radica el problema, sino en la propia sociedad espa?ola y, en la forma en que estamos siendo capaces de articulamos pol¨ªticamente.Shakespeare ya nos los advirti¨® hace varios siglos: "El mal, querido Bruto, no est¨¢ en las estrellas. Est¨¢ en nosotros mismos".
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