Estado de derecho

UN MES despu¨¦s de iniciada la operaci¨®n antiterrorista contra Terr¨¢ Lliure, cuya cadena de detenciones ha puesto a flor de piel los sentimientos de algunos sectores nacionalistas catalanes, conviene tener presente que ha sido un principio b¨¢sico del Estado de derecho -que los delitos no queden impunes- el que ha guiado la actuaci¨®n policial y judicial en este caso, como no pod¨ªa ser de otra forma.El resultado es elocuente: de las 31 personas detenidas, el juez Baltasar Garz¨®n ha dictado prisi¨®n incondicional contra 19; 7 han sido puestas en libertad bajo fianza, y 5 han regresado a sus hogares sin cargo alguno. Las detenciones dif¨ªcilmente pueden ser tildadas de indiscriminadas desde el momento en que el magistrado ha encontrado indicios de culpabilidad, en distinto grado, en 26 de las 31 personas detenidas por la Guardia Civil. Y la acusaci¨®n se antoja doblemente excesiva cuando el responsable ¨²ltimo de las diligencias es un juez cuya trayectoria profesional est¨¢ definida, adem¨¢s, por la voluntad de perseguir con igual ah¨ªnco todo tipo de delincuencia, sea ¨¦sta protagonizada por terroristas de ETA, por narcotraficantes o por funcionarios policiales.

La legalidad que asiste a las actuaciones del juez ha sido cuestionada, sin embargo, desde numerosos sectores nacionalistas que pretenden ignorar una premisa b¨¢sica: la condici¨®n de ex terrorista, para aquellos detenidos que se encuentren en este supuesto, no s¨®lo se adquiere renunciando a la violencia con la boca peque?a, sino saldando p¨²blicamente todas las cuentas pendientes con la justicia por la v¨ªa de la reinserci¨®n, previo paso por la Audiencia. Nacional.

La campa?a de descr¨¦dito con la que se ha envuelto la actuaci¨®n judicial contra Terra Lliure se ha visto envenenada por un elemento a?adido: la denuncia de torturas por parte de algunos de los implicados. En este apartado, el juez Garz¨®n tambi¨¦n fue escrupuloso. Algunos interrogatorios debieron ser suspendidos cuando se personaban por sorpresa los forenses judiciales, en algunos casos a horas intempestivas. La imparcialidad de estos m¨¦dicos debe ser respetada: se da adem¨¢s la circunstancia de que trabajan para un poder independiente -el judicial- y que, por ello, han mantenido no pocos enfrentamientos con estamentos gubernativos a ra¨ªz de investigaciones sobre malos tratos. Pues bien, a la vista de los informes m¨¦dicos realizados sobre los detenidos, Garz¨®n ha decidido no actuar de momento porque las acusaciones parecen infundadas y, en todo caso, no est¨¢n avaladas por informes que cuestionen Con solidez la presunci¨®n de inocencia que tambi¨¦n ampara a cualquier agente policial.

Con todo, en un asunto de tanta trascendencia como es el respeto a la integridad f¨ªsica y ps¨ªquica del detenido, toda precauci¨®n es poca. Las denuncias presentadas ante diversas instancias judiciales deben ser investigadas a fondo, porque los m¨¦todos medievales de tormento f¨ªsico podr¨ªan haber sido sustituidos por otra lacra m¨¢s inquietante si cabe: las llamadas torturas limpias, que no dejar¨ªan rastro. Si se han registrado malos tratos, sus ejecutores deben ser sancionados con dureza, y si no los ha habido, el peso de la ley debe caer sobre los falsos denunciantes.

Las investigaciones deben seguir profundiz¨¢ndose en todos sus frentes. De ello depende en gran parte poner en evidencia a quienes han carecido de escr¨²pulos para manipular a la opini¨®n p¨²blica, hasta el punto de promover actos p¨²blicos masivos contra las detenciones, haciendo creer intencionadamente a sus asistentes que incluso las primeras detenciones fueron indiscriminadas, pese a que hac¨ªa minutos que sus protagonistas hab¨ªan colocado tres' bombas. Y de los resultados de la investigaci¨®n depende tambi¨¦n desenmascarar a quienes confunden profesionalidad con corporativismo y promueven manifiestos gremiales de solidaridad por el simple hecho de que cuatro de los 31 detenidos son periodistas.