El Gobierno encarga un sondeo para calcular el impacto social de la nueva ley de alquileres
El Gobierno ha encargado al Centro de Investigaciones Serciol¨®gicas (CIS) un sondeo, que se efectuar¨¢ a lo largo de la primera quincena de septiembre, con el objeto de determinar el impacto social de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, que a¨²n se encuentra en fase de anteproyecto, seg¨²n confirmaron fuentes de la Administraci¨®n. La futura legislaci¨®n introduce como principales novedades alargar el tiempo min¨ªmo de duraci¨®n de alquiler de uno a cuatro a?os y acortar las subrogaciones, lo que en la pr¨¢ctica supone el fin de las rentas congeladas.
La reforma del mercado del alquiler es uno de los eternos asuntos pendientes de la Administraci¨®n. La raz¨®n de que innumerables proyectos duerman en los cajones ministeriales radica en el alto coste pol¨ªtico que puede conllevar un error en un proyecto de este calado social.De hecho, el anteproyecto que tiene ultimado el Ministerio de Obras P¨²blicas ya ha pasado por la primera inspecci¨®n por parte del resto de los departamentos, de la Comisi¨®n de Subsecretarios y hasta del Consejo de Ministros, pero a¨²n deber¨¢ superar varios an¨¢lisis.
Uno de ellos consistir¨¢ en ver sometidas sus l¨ªneas maestras a un sondeo que el Ejecutivo ha encargado al CIS. Este sondeo se realizar¨¢ en la primera quincena de septiembre y su objetivo es pulsar c¨®mo recibe la opini¨®n p¨²blica las principales novedades que pretende introducir la futura legislaci¨®n sobre alquileres. Para ello, el CIS y el ministerio est¨¢n ultimando el dise?o de las cuestiones a formular.
Reformas b¨¢sicas
Una vez efectuada esta toma de contacto con la realidad, sus resultados se estudiar¨¢n en la Comisi¨®n de Subsecretarios, como antesala al definitivo debate en Consejo de Ministros. Fuentes de la Administraci¨®n se?alan que la intenci¨®n del Ejecutivo es agilizar lo m¨¢s posible este proceso, de manera que a finales de septiembre ya haya una decisi¨®n, al menos en el escal¨®n previo al Consejo de Ministros.
Los cambios m¨¢s significativos del anteproyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos se centran en la duraci¨®n m¨ªnima de los contratos y en la progresiva eliminaci¨®n de las rentas congeladas tanto en el caso de las viviendas como en el de los locales comerciales.
Hoy por hoy, en el mercado del alquiler conviven dos situaciones antag¨®nicas. El 80% de los arrendamientos son anteriores a 1985 -fecha del decreto Boyer que fijaba la duraci¨®n m¨ªnima en un a?o y la libertad de precios-, y se caracterizan por estar respaldados por unos contratos casi de por vida con unas rentas baj¨ªsimas.
El polo opuesto lo ocupan los alquileres sujetos al decreto Boyer. A pesar de ser s¨®lo el 20% del parque, desequilibran el mercado por sus elevados precios y por la falta de estabilidad que implica el hecho de que la mayor¨ªa de ellos tan s¨®lo tengan un a?o de duraci¨®n.
La soluci¨®n propuesta por la futura ley es que los contratos de alquiler que se suscriban a partir de su entrada en vigor duren un m¨ªnimo de cuatro a?os y que sus rentas se actualicen con la inflaci¨®n. Para que en el futuro todos los contratos se rijan por esta norma, hay previstos dos escenarios. Los contratos posteriores a 1985 se ir¨¢n incorporando a la futura ley conforme se tengan que ir renovando. Es decir, cuando concluyan se regir¨¢n directamente por la nueva legislaci¨®n, porque el decreto Boyer queda abolido.
El segundo escenario,. el de las rentas congeladas, es m¨¢s complicado, puesto que entra en juego la subrogaci¨®n, derecho por el que los descendientes (del arrendatario inicial tienen posibilidad de heredar su contrato. En este caso, el anteproyecto establece los siguientes pasos antes de que se d¨¦ por finalizado el contrato:
- El arrendatario inicial podr¨¢ seguir mientras viva en su vivienda.
- En caso de que fallezca el arrendatario antes que su conyuge, ¨¦ste conservar¨¢ los derechos.
- Si fallecen ambos, tendr¨¢n derecho a seguir en la vivienda los ascendientes o los descendientes menores de 25 a?os.
En el caso de los locales comerciales, tanto la renta como la duraci¨®n del contrato dependen directamente del acuerdo entre las partes. M¨¢s compleja es la desaparici¨®n de las rentas congeladas. El anteproyecto ofrece dos opciones. La primera consiste en que los arrendatarios pueden mantener entre 2 y 7 a?os -seg¨²n la fecha de comienzo del contrato- su alquiler con la mera actualizaci¨®n anual del IPC en sus rentas.
La segunda opci¨®n ampl¨ªa el plazo y ofrece un abanico de 15 a 20 a?os. La condici¨®n es que la renta ha de actualizarse incorporando la inflaci¨®n no aplicada desde la fecha del contrato inicial.
Las solicitudes para calificar viviendas protegidas aumentaron un 97,7% en el primer semestre del a?o
La Administraci¨®n recibi¨® en el primer semestre de 1992 un total de 86.400 peticiones de calificaci¨®n para construir o acceder a viviendas protegidas -en r¨¦gimen general, especial, a precio tasado y rehabilitaciones-, lo que representa un incremento del 97,7% respecto al mismo periodo de 1991, seg¨²n reflejan los datos del Ministerio de Obras P¨²blicas recogidos en el bolet¨ªn de coyuntura del Banco Hipotecario.En los seis primeros meses del a?o, han recibido el visto bueno oficial un total de 52. 100 solicitudes, un 49,8% m¨¢s que en id¨¦ntico periodo de 1991. El presidente del Hipotecario, Julio Rodr¨ªguez, justifica ambos incrementos por dos motivos: "El alto precio, a pesar del par¨®n de los ¨²ltimos meses y el leve descenso que se espera para los pr¨®ximos, que siguen teniendo las viviendas libres; y las expectativas creadas por el plan de vivienda".
El estudio mensual de agosto del Hipotecario, en l¨ªnea con lo expuesto en los dos anteriores, pronostica un descenso "moderado" en los precios de las viviendas nuevas, as¨ª como una "fuerte" reducci¨®n en los de los locales comerciales. Respecto a la vivienda usada, su opini¨®n es que "se producir¨¢ un estancamiento, e incluso un ligero descenso en sus precios".
Discrepancias
Varios agentes del sector discrepan de esta opini¨®n y apuestan por un nuevo aumento de los precios como consecuencia de la aplicacil¨®n de la futura Ley de Edificaci¨®n. Esta norma incluye la necesidad de suscribir un seguro en cada construcci¨®n.
Los promotores sostienen que esto encarecer¨¢ en un 6% el precio final. No obstante, fuentes del Ministerio de Obras P¨²blicas matizan que el impacto no ser¨¢ de esta cuant¨ªa. "A¨²n no lo tenernos calculado. De hecho, en los pr¨®ximos d¨ªas nos reuniremos con varias aseguradoras para intentar que el coste del seguro repercuta lo m¨ªnimo en el precio final de la vivienda".
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