Aborto paso a paso

EL GOBIERNO ha dado un paso m¨¢s a favor de la libertad de la mujer embarazada para decidir si prosigue o interrumpe su gestaci¨®n, pero no ha sido capaz de impulsar una soluci¨®n avanzada y definitiva para el problema del aborto. Hasta ahora s¨®lo se permite abortar legalmente cuando existe riesgo de que el feto nazca con graves taras f¨ªsicas o ps¨ªquicas, cuando el embarazo es consecuencia de violaci¨®n o cuando es necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud ps¨ªquica de la embarazada. Este ¨²ltimo supuesto -el m¨¢s flexible y utilizado- se va a ampliar si prospera la nueva propuesta, consistente en despenalizar el aborto cuando el embarazo produzca a la mujer una situaci¨®n de angustia o ansiedad. Ya no ser¨¢ preciso que la mujer alegue que est¨¢ loca; bastar¨¢ con que diga que est¨¢ angustiada. Pero seguir¨¢ sin poder abortar libremente, y la que se acoja al nuevo supuesto tendr¨¢ siempre sobre s¨ª el riesgo de que un denunciante espont¨¢neo la lleve ante los tribunales o de que un juez atrabiliario la siente en el banquillo y le pregunte en qu¨¦ consisti¨® su angustia.La actitud timorata del Gobierno, a instancias de su ministro de Justicia, pretende justificarse en unos excesivos escr¨²pulos jur¨ªdicos respecto al techo constitucional espa?ol, basado en la sentencia del 11 de abril de 1985 en la que el Tribunal Constitucional se dividi¨® en dos y s¨®lo gracias al voto de calidad de su presidente, Manuel Garc¨ªa Pelayo, prosper¨® la tesis de sugerir al legislador requisitos y condiciones coherentes con la idea de que el nasciturus es un "bien jur¨ªdico tutelado por la Constituci¨®n", as¨ª como depara m¨¢s garant¨ªas a la salud de la madre.

Como han recordado varios vocales del Consejo General del Poder Judicial, aquella sentencia no afirm¨® "en ning¨²n lugar que la Constituci¨®n espa?ola excluya una ley de plazos" para el aborto y, por el contrario, reconoci¨® que los derechos de la mujer, con los que puede entrar en conflicto la vida en formaci¨®n, "tienen el rango de fundamentales". Si no bastaran estos razonamientos, el tiempo transcurrido desde que en 1975 el Tribunal Constitucional de Alemania declar¨® inconstitucional una ley de plazos y la normalizaci¨®n que durante estos ¨²ltimos a?os ha supuesto la pr¨¢ctica del aborto acogi¨¦ndose a la enfermedad ps¨ªquica deber¨ªan ser suficientes para que el Gobierno se atreviera a dar ese ¨²ltimo paso de una ley de plazos que solucionara el problema.

No ha sido as¨ª. El Gobierno ha retrocedido hasta el a?o 1975 de Francia -a?o de la ley Veil, de la que ha traducido el t¨¦rmino d¨¦tresse: angustia- y ha copiado para la Espa?a de 1993 unos modelos que ya no son innovadores, aunque probablemente resulten pr¨¢cticos. Por lo dem¨¢s, el mero paso liberalizador no va a contentar a casi ninguno de los sectores sociales implicados en el tema: ni a quienes propugnan un aborto libre -incluidas buena parte de las militantes del PSOE- ni, naturalmente, al Comit¨¦ Episcopal para la Defensa de la Vida, cuya nota hecha p¨²blica ayer es inevitablemente condenatoria -pidiendo, entre otras cosas, que se utilice el voto pol¨ªtico para luchar contra la nueva propuesta-, sin olvidar los simplismos demag¨®gicos de algunas organizaciones pro vida ("votar PSOE es votar muerte"). Al margen de la tibieza gubernamental para tomar medidas que se presume deber¨ªa tener claras, lo cierto es que el pase hacia un aborto normalizado est¨¢ dado para beneficiar a una franja de poblaci¨®n femenina, sobre todo joven, que se decidir¨¢ ahora m¨¢s f¨¢cilmente a interrumpir embarazos no deseados.