El dinero para realizar los realojamientos contin¨²a en el aire

JUAN A. CARBAJO, El Consorcio para el Realojamiento de la Poblaci¨®n Marginada se ha quedado sin gasolina a mitad de camino y nadie tiene los 3.000 millones de pesetas que se necesitan para ponerlo de nuevo en marcha. El Ayuntamiento y la Comunidad invitaron a la Delegaci¨®n del Gobierno a formar parte de la instituci¨®n, pero no han conseguido que soltara un duro por ello. S¨®lo se han puesto de acuerdo en crear una unidad especial para localizar y derribar las nuevas chabolas que se levanten.

Las tres administraciones implicadas en el programa de realojamiento de la poblaci¨®n marginada no se ponen de acuerdo sobre la parte que debe aportar cada una para reactivarlo. El plan se ha quedado bloqueado por problemas de financiaci¨®n, justo al llegar a la mitad de sus objetivos. El consorcio ha realojado ya al 54% de las 2.670 familias, la mayor¨ªa gitanas, censadas en 1986 para facilitarlas una vivienda. El resto a¨²n deber¨¢ esperar.El Estado, la Comunidad y el Ayuntamiento no encuentran la f¨®rmula para repartir la carga de 3.000 millones de pesetas que se necesitan para proseguir el programa de realojamiento. Eso, sin contar los 500 millones de pesetas anuales que cuesta mantener viva la maquinaria del consorcio.

Los m¨¢ximos representantes de las tres partes se reunieron ayer durante dos horas en la Delegaci¨®n del Gobierno. Al acabar la sesi¨®n, el presidente regional, Joaqu¨ªn Leguina, reconoc¨ªa que "existen problemas" para llegar a un acuerdo sobre la financiaci¨®n. Los tres interlocutores decidieron aparcar este escollo hasta una pr¨®xima reuni¨®n.

El alcalde, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, coment¨® que para reactivar el Consorcio para el Realojamiento de la Poblaci¨®n Marginada es necesaria la intervenci¨®n econ¨®mica de la Administraci¨®n central. El Estado entrar¨¢ oficialmente a formar parte de la entidad, una vez que se firme el nuevo convenio, en el caso de que finalmente se llegue a un acuerdo sobre la financiaci¨®n.

Sin embargo, el delegado gubernativo, Segismundo Crespo, pretende que su aportaci¨®n al consorcio no sea meramente econ¨®mica. Seg¨²n coment¨®, la presencia de la Administraci¨®n central significa participar en programas educativos, sanitarios o policiales, y, de momento, no le obliga a transferir dinero.

Mientras se desbloquea este punto, que puede retrasar la firma del nuevo convenio, los responsables de las tres administraciones han optado por impedir el establecimiento de nuevas infraviviendas. Para ello, el consorcio contar¨¢ con una unidad de acci¨®n encargada de localizar el levantamiento de chabolas y dotada de medios para derribarlas.

"La unidad de acci¨®n tendr¨¢ unas 14 o 15 personas que vigilar¨¢n si se construyen nuevas chabolas en Madrid y en los municipios del ¨¢rea metropolitana", explic¨® Segismundo Crespo. "La unidad podr¨¢ demoler las chabolas mientras est¨¦n en fase de construcci¨®n sin necesidad de mandamiento judicial", aclar¨®.

Juez ¨²nico

El delegado tambi¨¦n anunci¨® su intenci¨®n de "agilizar" los desalojos de las chabolas que ya est¨¢n construidas y cuyos habitantes no tienen derecho al realojamiento, al no estar incluidos en el censo realizado en 1986. "Vamos a pedir, para estos casos de desahucio y derribo, que se nombre un juez ¨²nico a fin de que exista un criterio uniforme y la polic¨ªa tenga claro a qu¨¦ atenerse".

Por ¨²ltimo, Crespo adelant¨® un nuevo plan para los poblados chabolistas formados por inmigrantes legales. "En estos casos el problema no es el dinero, ya que la mayor¨ªa trabaja, sino el encontrar a alguien dispuesto a alquilarles un piso", coment¨®. "Estamos pensando en la manera de entregar un aval a los caseros para que estos inmigrantes puedan vivir, pagando, en viviendas de alquiler". Este plan empezar¨ªa por el poblado de magreb¨ªes de Pe?a Grande.