Fern¨¢ndez Cerra logra que el juez que lo excarcel¨® procese a Antoni Asunci¨®n

La noche del 24 de enero de 1977 los espa?oles se acostaron sobrecogidos de terror. Un m¨²ltiple asesinato de abogados laboralistas a manos de unos pistoleros ultraderechistas clavaba una daga en la incipiente democracia. Los asesinos, Carlos Garc¨ªa Jull¨¢ y Jos¨¦ Fern¨¢ndez Cerra, est¨¢n en libertad. El primero, desde septiembre de 1991. Fern¨¢ndez Cerra sali¨® de El Dueso en marzo con el t¨ªtulo de Derecho en la mano. Ahora ha logrado que un juez siente ma?ana en el banquillo al secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunci¨®n para quien pide seis a?os de inhabilitaci¨®n por interceptarle un permiso en 1989.

A las nueve de la ma?ana del pr¨®ximo lunes, el secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunci¨®n, deber¨¢ comparecer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Valladolid como inculpado de un delito de prevaricaci¨®n.Asunci¨®n no ha conseguido el amparo del Tribunal Constitucional para soslayar la apertura de un juicio oral, a instancias del magistrado Francisco Salinero Rom¨¢n, quien ha perseguido escrupulosamente el cumplimiento de la ley como juez de vigilancia penitenciaria territorial de Valladolid. El rigor de Salinero se puso de manifiesto en junio de 1989 cuando inici¨® una investigaci¨®n sobre por qu¨¦ el ultr¨¢derechista Jos¨¦ Fern¨¢ndez Cerra -condenado por asesinato a 197 a?os de c¨¢rcel- no hab¨ªa disfrutado de un permiso de seis d¨ªas de libertad carcelaria en las fechas autorizadas.

Salinero entendi¨® que el secretario general de Instituciones Penitencias, Antoni Asunci¨®n, traslad¨® al recluso a otra prisi¨®n con el fin de eludir la concesi¨®n de un permiso de libertad otorgado por la juez Rosa Mar¨ªa Rodr¨ªguez. En sus conclusiones, derivadas de la acusaci¨®n particular impulsada por el propio Fern¨¢ndez Cerra, Salinero acusa a Asunci¨®n de un delito de prevaricaci¨®n y pide para el responsable de las c¨¢rceles espa?olas seis a?os y un d¨ªa de inhabilitaci¨®n especial. Fern¨¢ndez Cerra goza de libertad condicional desde el oto?o del a?o pasado.

A las 22.30 del 24 de enero de 1977, en compa?¨ªa de Carlos Garc¨ªa Juli¨¢ y Fernando Lerdo de Tejada, despu¨¦s de permanecer varios minutos en la escalera, llamaron a la puerta del despacho que unos abogados laboralistas vinculados a Comisiones Obreras ten¨ªan en el n¨²mero 55 de la calle Atocha de Madrid. Tras la llamada montaron las pistolas que portaban.

El sumario relata que "de forma inopinada e imprevista, con frialdad y serenidad, conscientes de lo que hac¨ªan, Fern¨¢ndez Cerra y Garc¨ªa Juli¨¢, a una distancia no inferior a 60 cent¨ªmetros, sin que partiera previa iniciativa ni actitud por parte de sus secuestrados, comenzaron r¨¢pida y repetidamente a disparar en trayectoria cruzada las pistolas que portaban de forma indiscriminada contra las nueve personas, algunas de las cuales recibieron los impactos encontr¨¢ndose de espalda a sus agresores".

El abogado Francisco Javier Sauquillo -de espaldas- recibi¨® una bala en el cr¨¢neo que le mat¨® en el acto; el abogado Javier Benavides recibi¨® por detr¨¢s un impacto de bala que determin¨® su muerte instant¨¢nea; el estudiante de Derecho Seraf¨ªn Holgado de Antonio fue el blanco de dos balas, una de las cuales traspas¨® el cr¨¢neo y le caus¨® la muerte; por la nuca del administrativo Angel El¨ªas Rodr¨ªguez Leal penetr¨® otra bala mortal; el abogado Enrique Valdevira Ib¨¢?ez muri¨® de varios impactos. Miguel Sarabia, Luis Ramos, Alejandro Ruiz Huerta y Mar¨ªa Dolores Gonz¨¢lez Ruiz, casada con Francisco Javier, resultaron con heridas de distinta gravedad.

Seg¨²n el sumario, los asesinos, con su inductores, Francisco Albadalejo y Leocadio Jim¨¦nez Caravaca, "profesaban una ideolog¨ªa totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en Espa?a". Fueron detenidos pasados dos meses de cometer el sangriento crimen.

Permiso y fuga

Fernando Lerdo de Tejada se fug¨® de Espa?a antes de ser juzgado, aprovechando un permiso otorgado por el juez instructor del caso, Rafael G¨®mez Chaparro. Este magistrado proced¨ªa del extinto Tribunal de Orden P¨²blico y fue retirado de la instrucci¨®n del sumario en abril de 1979 a ra¨ªz de esta fuga. El hecho colmaba una serie de irregularidades procesales, como facilitar el sumario a los abogados de la defensa, interceptar el testimonio, de derechistas destacados, suspender pruebas testificales, no investigar el origen de las armas, no comunicar la pr¨¢ctica de diligencias, no incomunicar a testigos...Francisco Albadalejo muri¨® de c¨¢ncer en un hospital de Salamanca en 1984, y Carlos Garc¨ªa Juli¨¢ -condenado a 193 a?os- gestiona la empresa de espionaje Garc¨ªa & Febrel Asociados, sin licencia, con fichas de particulares proporcionadas por funcionarios de la polic¨ªa (Diario 16, 29 de septiembre). Su puesta en libertad fue el colof¨®n de una serie de permisos de salidas otorgados contraviniendo informes penitenciarios y recursos fiscales, como ocurri¨® en la Navidad de 1984 o en 1989, en los que no falt¨® un intento de fuga en 1979, en el que result¨® secuestrado el director de la prisi¨®n.

En el historial carcelario de Jos¨¦ Fern¨¢ndez Cerra, condenado a 197 a?os, figuran dos faltas graves, una leve y cuatro muy graves hasta 1980, a?o en el que se dicta la sentencia del caso Atocha, a partir de la cual se produce un giro en la conducta del penado.

Las sanciones impiden redimir condena, pero no contaron en el caso de Cerra. Poco a poco fue logrando la ascensi¨®n en su calificaci¨®n como recluso a pesar de los recursos de la fiscal¨ªa que argumentaban en su contra, fund¨¢ndose en "la magnitud y significaci¨®n del crimen, su trascendencia e importancia en el futuro de la naci¨®n, la ausencia de arrepentimiento, el desprecio de la vida ajena...".