Una burla

LO M?S piadoso que abe decir de la actuaci¨®n que han tenido el Tribunal de Cuentas y su presidente, Adolfo Carretero, en la investigaci¨®n del caso Filesa, relacionado con la presunta financiaci¨®n irregular del PSOE, es que es una burla. Que, despu¨¦s de 15 meses de haber aceptado el encargo parlamentario de esclarecer las relaciones econ¨®micas y financieras del PSOE con las empresas sospechosas de sufragar irregularmente 1 una parte de sus gastos, el presidente de dicho tribunal se descuelgue con que no tiene competencias para llevar a cabo la investigaci¨®n constituye una tomadura de pelo. Ante tan tard¨ªa explicaci¨®n, el PP e IU han solicitado su dimisi¨®n. No es para menos.Pero es dudoso que quien no ha tenido sonrojo en acudir al Congreso para echar tierra, en la parte que le correspond¨ªa, a uno de los asuntos m¨¢s turbios de presunta financiaci¨®n irregular de partidos pol¨ªticos vaya a sentirse aludido por tan razonable petici¨®n. Es m¨¢s, a la luz de los acontecimientos presentes cobran sentido algunos del pasado: el an¨®malo aplazamiento durante meses, hasta diciembre de 1991, de la renovaci¨®n estatutaria del Tribunal de Cuentas, as¨ª como la elecci¨®n para un segundo mandato de su actual presidente. Es decir, cuando el tribunal, o, mejor, la mayor¨ªa formada por los seis consejeros designados a propuesta del PSOE, hab¨ªa dejado traslucir si? parecer exculpatorio en el caso Filesa. De esta forma se daba la vuelta al mensaje de transparencia total lanzado por Felipe Gonz¨¢lez a ra¨ªz de estallar el esc¨¢ndalo. El Parlamento contribuy¨® en lo que pudo a la actual situaci¨®n de opacidad del caso Filesa poniendo su investigaci¨®n en manos de la inoperante Comisi¨®n del Estatuto del Diputado, que, como era previsible, no sac¨® nada en limpio. El Tribunal de Cuentas acaba de hacer ahora lo mismo.

Los argumentos dados por Adolfo Carretero para obviar de hecho la investigaci¨®n contable de las relaciones del PSOE con el caso Filesa pueden ser de conveniencia, pero en modo alguno son convincentes. El presidente del tribunal ha dicho, en definitiva, que se actu¨® dentro de los l¨ªmites de sus competencias, entre las cuales no cabe el examen de las cuentas de las empresas privadas. Pero esta interpretaci¨®n restrictiva de las competencias de la instituci¨®n que tiene encomendada la fiscalizaci¨®n de cuentas del Estado y del sector p¨²blico, as¨ª como de las de los partidos pol¨ªticos, no s¨®lo es cuestionada por una parte de los consejeros que la integran. Llevada al l¨ªmite en que lo ha sido en el caso Filesa, significa pura y simplemente poner en entredicho la utilidad del propio tribunal. Porque ?para qu¨¦ sirve un ¨®rgano fiscalizador que deja de serlo cuando se trata de aclarar las relaciones econ¨®micas entre los intereses privados y los p¨²blicos en la. actividad del Estado e incluso en la de los partidos pol¨ªticos? Con mayor motivo cuando existen fundadas sospechas de que tal relaci¨®n viola el marco legal establecido (Ley de Financiaci¨®n de los Partidos Pol¨ªticos) y que hasta puede ser delictiva. Lo coherente en estos supuestos es que prevalezca el objetivo de la transparencia de las cuentas sobre cualquier otro.

Actuar como lo ha hecho Adolfo Carretero en el caso Filesa no s¨®lo implica un vaciamiento de las funciones constitucionales del Tribunal de Cuentas. Contribuye a dar. p¨¢bulo a sospechas sobre componendas que redundan en su desprestigio. Porque dicha actuaci¨®n no s¨®lo desmoraliza por el resultado dar por bueno lo que el PSOE ha querido, sin comprobar si lo era o no-, sino porque el pronunciamiento ha seguido milim¨¦tricamente la l¨ªnea pol¨ªtica divisoria de sus componentes: exculpatorio en el caso de los designados por el PSOE, incluido el presidente con su voto de calidad, y condenatorio en el caso de los designados por el PP. Que los partidos pol¨ªticos representados en el Parlamento designen a los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas no deber¨ªa fundamentar sospecha alguna de complacencia por parte de ¨¦stos en la fiscalizaci¨®n de las finanzas partidistas. Pero casos como el de Filesa muestran los riesgos reales de esta especie de endogamia institucional.