Deuda pendiente

CON LOS afectados del s¨ªndrome t¨®xico -sobrevivient¨¦s de la tragedia sanitaria que hace 11 a?os llev¨® la muerte y la enfermedad a extensas zonas de la geograf¨ªa peninsular a causa del consumo de aceite de colza desnaturalizado-, la sociedad espa?ola y el Estado tienen una deuda pendiente. Si est¨¢n o no dispuestos a saldarla y, si lo est¨¢n, a hacer los correspondientes sacrificios presupuestarios, son cuestiones que deben dilucidar cuanto antes. Es la sensibilidad de los poderes p¨²blicos ante los derechos de las v¨ªctimas lo que est¨¢ en juego.Los centenares de v¨ªctimas de la colza que durante dos semanas han acampado frente a la sede del PSOE en la calle de Ferraz de Madrid no han hecho sino recordar la existencia de esta deuda todav¨ªa no satisfecha. Condicionar el di¨¢logo con las v¨ªctimas al abandono de la protesta, como ha sostenido empecinadamente el PSOE hasta que alguien entr¨® ayer en raz¨®n, revela una mentalidad oficinesca. Es cierto que la acampada en plena calle no a?ade un gramo de raz¨®n a sus razones; pero tampoco las merma, y al final ha bastado un poco de inteligencia pol¨ªtica para encontrar una f¨®rmula de satisfacer la aspiraci¨®n de los manifestantes a ser recibidos sin que por ello se siente ning¨²n grave precedente o se quiebre alg¨²n severo principio.

Con cerca de un millar de muertos y 25.000 afectados, el asunto bien merece que el partido del Gobierno, y con ¨¦l las dem¨¢s fuerzas representadas en el Parlamento, intente llegar a un acuerdo con las v¨ªctimas de aquella tragedia. Es cierto que el asunto est¨¢ todav¨ªa en los tribunales, pero la justicia ya se ha pronunciado sobre lo esencial, dictaminando la culpabilidad de las personas que, aprovechando la lenidad de las autoridades, provocaron el envenenamiento colectivo -vendiendo como comestible un aceite que no lo era.

La satisfacci¨®n pecuniaria a que son acreedores los damnificados tiene m¨¢s de compromiso solidario que de estricto deber legal. Que ¨¦ste se produzca o no -depende de si el llamado sumario de los altos cargos concluye o no en condena-, para nada deber¨ªa influir en el cumplimiento de este compromiso de naturaleza- mucho m¨¢s fuerte que la estrictamente derivada de la legislaci¨®n. De ah¨ª que sea pol¨ªtica y ¨¦ticamente rechazable que el Estado -gobernado hoy por un partido que en su d¨ªa encabez¨® la denuncia contra los responsables pol¨ªticos del asunto- siga vinculando la entrega de indemnizaciones a esta hipot¨¦tica obligaci¨®n de car¨¢cter penal, en lugar de asumir por propia iniciativa este elemental compromiso de solidaridad.

Las prestaciones econ¨®micas entregadas en estos a?os a los afectados -cuantificadas oficialmente en unos 50.000 millones de pesetas- responden a exigencias asistenciales cubiertas por la Seguridad Social que no agotan, ni mucho menos, el compromiso indemnizatorio. A ello se une la obligaci¨®n de las autoridades de seguir investigando la causa de la enfermedad para poner remedio a las dolencias f¨ªsicas y ps¨ªquicas que aquejan a los afectados desde hace 11 a?os. Se sabe que el, aceite de colza desnaturalizado fue el veh¨ªculo que llev¨® la tragedia a miles de hogares, pero m¨¦dica y cient¨ªficamente sigue siendo una inc¨®gnita el agente qu¨ªmico que la provoc¨®. Demasiados cabos por atar que explican que todav¨ªa hoy exista entre las v¨ªctimas que sobreviven una sensaci¨®n de angustia y de impotencia que de vez en cuando se desborda en alguna manifestaci¨®n colectiva.