Hoy comienza en Sevilla el juicio por delito ecol¨®gico m¨¢s importante del pa¨ªs

Hoy comienza en la Audiencia de Sevilla el mayor juicio por delito ecol¨®gico celebrado en Espa?a. M¨¢s de seis a?os han transcurrido desde que, a finales del verano de 1986, unas 20.000 aves, en su mayor¨ªa migratorias, murieran en las lagunas del entorno del parque nacional de Do?ana. El juez sentar¨¢ en el banquillo a 34 personas. De ellas, 30 arroceros -acusados de utilizar productos qu¨ªmicos prohibidos-, dos ex altos cargos de la Junta de Andaluc¨ªa -procesados por permitir esas pr¨¢cticas- y dos comerciantes acusados de suministrar el metil-parati¨®n, un producto plaguicida que se convertir¨¢ en el protagonista de la vista oral y al que se culpa de la mortandad de las aves.

Al juicio, que se prolongar¨¢ hasta mediados de noviembre, han sido citados m¨¢s de 130 testigos y 40 peritos, entre espa?oles y extranjeros, que expondr¨¢n m¨¢s de medio centenar de informes cient¨ªficos.Corr¨ªan los ¨²ltimos d¨ªas del mes de agosto de 1986 cuando en los lugares conocidos como Cantarita, Lucio del Cangrejo Gran de, Lucio del Italiano y Lucio de la Esparragocilla, todos ellos en el entorno del parque nacional de Do?ana, fue encontrado gran n¨²mero de aves acu¨¢ticas muertas. Avocetas, esp¨¢tulas, garzas reales, fochas y otras an¨¢tidas, muchas de ellas en peligro de extinci¨®n, perecieron a cientos so bre las aguas estancadas de las marismas.

El suceso tard¨® en ser conocido por la opini¨®n p¨²blica, y s¨®lo las denuncias de las dos asociaciones ecologistas ?ndalus y la Coordinadora de Defensa de las Aves (Coda), hoy personadas como acusaci¨®n particular, revelaron la gravedad de los hechos. Las aves siguieron muriendo durante el mes de septiembre, mientras los informes t¨¦cnicos no llegaban a determinar si su causa era un envenenamiento provocado por plaguicidas o pesticidas, o uno de los habituales brotes de botulismo que se originan cada a?o en Do?ana debido a la sequ¨ªa. Mientras, las reacciones pol¨ªticas de la oposici¨®n andaluza se centraban en solicitar la dimisi¨®n de Alfonso Guerra como presidente del Patronato del Parque Nacional de Do?ana y en ver frustrada por la mayor¨ªa socialista su intenci¨®n de crear una comisi¨®n investigadora en el Parlamento andaluz.

Las conclusiones finales del Instituto Nacional de Toxicolog¨ªa determinaron como causa de la mortandad de las aves la ingesti¨®n de pesticidas organofosforados -el metil-parati¨®n o Folidol M-35-, de uso prohibido en zonas h¨²medas. En este informe se apoyar¨¢ la acusaci¨®n particular para solicitar un a?o de prisi¨®n menor para los 30 arroceros encausados; los comerciantes Julio Moreno Sotillo, gerente de la empresa Fitomar, y Enrique Navarro Andreu, propietario de la Casa del Agricultor de Coria del R¨ªo, que suministraron los productos, y los responsables auton¨®micos en el momento de los hechos, Antonio Garc¨ªa Tanago del R¨ªo, ex director general de Agricultura, Ganader¨ªa y Montes de la Junta de Andaluc¨ªa, y Juan Ignacio Caballero Garc¨ªa de Vinuesa, a quienes se acusa de neglicencia e incumplimiento de sus funciones.

140 millones de indemnizaci¨®n

Adem¨¢s de la pena de prisi¨®n, la acusaci¨®n particular solicitar¨¢ las inhabilitaciones correspondientes, el pago de las costas del proceso y una indemnizaci¨®n de casi 140 millones de pesetas a la Junta de Andaluc¨ªa por su responsabilidad civil subsidiaria, cantidad en la que fueron valoradas por la Estaci¨®n Biol¨®gica de Do?ana las 20.000 aves que perecieron en la cat¨¢strofe.

Frente a esta petici¨®n, la fiscal del caso, Auxiliadora de la Rosa, solicitar¨¢ penas de un mes y un d¨ªa de arresto mayor para arroceros y comerciantes, y 50.000 pesetas de multa para cada uno de ellos, como responsables de un delito de utilizaci¨®n y venta de productos qu¨ªmicos prohibidos. El ministerio p¨²blico no considera responsables a los altos cargos de la Administraci¨®n procesados, por cuanto no entra a dilucidar si la causa real de la mortandad fue el uso de ese producto prohibido.