Sinton¨ªa sospechosa

CON ELIGIO Hern¨¢ndez como fiscal general del Estado el Gobierno parece haber encontrado la persona m¨¢s id¨®nea para hacer funcionar al ministerio fiscal al ritmo de sus intereses. Otra cosa es si esto es lo ortodoxo y c¨®mo quedar¨¢ dicho ministerio cuando concluya el periodo del actual fiscal general al frente de sus destinos. Su predisposici¨®n a utilizar la instituci¨®n deforma preferente en la defensa de la dignidad de los pol¨ªticos acusados ante los tribunales, su inapropiada, adem¨¢s de parcial, intromisi¨®n en el procedimiento sobre el caso Filesa, y su apoyo a las pretensiones del Ejecutivo de nombrar a dedo a los fiscales integrantes de las plantillas de los m¨¢s importantes tribunales son ejemplos de esta sospechosa sinton¨ªa que, de seguir, puede significar el fin del modelo de relaciones Ejecutivo-ministerio fiscal consensuado entre las fuerzas pol¨ªticas en el. estatuto org¨¢nico de 1981.Lo sospechoso no es que exista sinton¨ªa entre el Gobierno y el ministerio fiscal en determinados asuntos en los que puede estar en juego la defensa de la legalidad o el inter¨¦s p¨²blico y social. Lo sospechoso es que dicha sinton¨ªa ponga en cuesti¨®n la autonom¨ªa funcional del ministerio fiscal -un ¨®rgano del Estado constitucionalmente ubicado en el ¨¢mbito del Poder Judicial- e interfiera en los criterios de imparcialidad y legalidad a los que est¨¢ sujeta su actuaci¨®n.

No es concebible un Estado de derecho bien estructurado sin alg¨²n tipo de relaci¨®n entre el Ejecutivo y el ministerio fiscal y, en general, entre todos los poderes e instituciones del Estado. Pero hay que respetar los cauces de relaci¨®n establecidos. En el caso del ministerio fiscal, el Gobierno puede interesar una actuaci¨®n determinada en defensa del inter¨¦s p¨²blico; existe un cauce permanente de comunicaci¨®n a trav¨¦s del ministro de Justicia y, excepcionalmente, a trav¨¦s del presidente del Gobierno, pero tales iniciativas no son ¨®rdenes que el fiscal general del Estado deba obedecer, sino propuestas cuya viabilidad y procedencia debe examinar con el asesoramiento de los ¨®rganos internos de la instituci¨®n. De no ser as¨ª, el fiscal general del Estado y el ministerio fiscal se convierten en un ¨®rgano pol¨ªtico que act¨²a en defensa de intereses coyunturales, por leg¨ªtimos que puedan ser.

Con el acceso de Eligio Hern¨¢ndez a la Fiscal¨ªa General del Estado parece que los cauces han sido soprepasados ampliamente, afianz¨¢ndose un modelo de relaci¨®n con el Gobierno eminentemente ordenancista. No tiene otra explicaci¨®n, su postura en el proceso judicial sobre el caso Filesa, en total sinton¨ªa con la p¨²blicamente expuesta por el ministro de Justicia. Y con mayor motivo, cuando esta ¨²ltima ha constituido una inadmisible injerencia en la funci¨®n jurisdiccional. Al avalarla, el fiscal general del Estado no s¨®lo ha olvidado una de las misiones constitucionales de los fiscales: velar por la independencia de los tribunales. Ha tomado, tambi¨¦n, parte activa en su cuestionamiento.