La fiscal¨ªa de Barcelona propone al fiscal general que act¨²e contra dos miembros del Gobierno catal¨¢n

La fiscal¨ªa de Barcelona ha propuesto al fiscal general del Estado, Eligio Hern¨¢ndez, que inicie actuaciones ante el Tribunal Supremo contra dos consejeros y cuatro ex consejeros del Gobierno catal¨¢n por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos en la concesi¨®n de avales de la Generalitat a empresas privadas, entre 1981 y 1986. Los consejeros en activo contra los que se dirige la fiscal¨ªa son el de Econom¨ªa y n¨²mero dos del Gobierno de Jordi Pujol, Maci¨¤ Alavedra, y el de Industria, Antoni Subir¨¢. Los ex consejeros son Josep Maria Cullell y Josep Manuel Bas¨¢?ez (Econom¨ªa), y Vicen? Oller y Joan Hortal¨¤, (Industria).

La fiscal¨ªa de Barcelona ha remitido la propuesta al fiscal general del Estado ya que el ex consejero Josep Mar¨ªa Cullell es en la actualidad diputado en el Congreso. En caso de que el fiscal general decidiera actuar, deber¨ªa hacerlo ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la competente para iniciar un procedimiento penal contra parlamentarios de las Cortes.La supuesta comisi¨®n del delito se basar¨ªa en la actuaci¨®n de los consejeros y ex consejeros en la concesi¨®n de avales a trav¨¦s de la Comisi¨®n de Ayuda para la Reconversi¨®n Industrial de Catalu?a (CARIC) a empresas privadas con caracter¨ªsticas que se repiten. Seg¨²n la tesis fiscal, no se concedieron regularmente y en el caso de los impagados, los consejeros no intentaron recuperar las cantidades pagadas por el tesoro p¨²blico. El C¨®digo Penal sanciona como delito de malversaci¨®n, para el que prev¨¦ penas de hasta 12 a?os de prisi¨®n, tanto el del funcionario que sustraiga fondos p¨²blicos como el de quien "consintiere" que otro lo haga. La fiscal¨ªa de Barcelona fundamenta su acusaci¨®n precisamente en lo que considera nula acci¨®n de los titulares de esos de partamentos para reclamar las cantidades prestadas.

La fiscal¨ªa se?ala que el estudio se ha centrado especialmente en empresas que tienen una relaci¨®n "de car¨¢cter personal, familiar o econ¨®mico" entre sus titulares y los de organismos p¨²blicos catalanes.

La presidencia de la CARIC, organismo que desde 1986 ha sido sustituido por el Instituto Catal¨¢n de Finanzas, reca¨ªa en el titular del Departamento de Industria. El pago efectivo de las ayudas correspond¨ªa a Econom¨ªa, motivo por el que las acusaciones se dirigen contra los responsables de ambos departamentos.

M¨¢s de 2.000 millones

Seg¨²n la investigaci¨®n, la Generalitat tuvo que asumir una deuda de m¨¢s de 2.000 millones, de pesetas por los cr¨¦ditos concedidos y no devueltos. El informe sostiene que la primera irregularidad se cometi¨® en la tramitaci¨®n y concesi¨®n de las ayudas La Generalitat era avalista solidaria, no subsidiaria como era preceptivo en aquellas fechas, de los cr¨¦ditos, por lo que cuando las sociedades no devolvieron lo percibido, las entidades acreedoras reclamaron la deuda directamente al tesoro p¨²blico y ¨¦ste la abon¨®. Ser avalista solidario supone que el acreedor puede acudir indistinta mente al deudor o a quien le aval¨® para cobrar los impagados.

La Generalitat no ejerci¨®, seg¨²n la fiscal¨ªa, el derecho irrenunciable de excusi¨®n (que implica que en caso de impago debe intervenirse el patrimonio del deudor antes de reclamar del tesoro p¨²blico). Por todo ello, el informe concluye que la normativa para la concesi¨®n de avales "fue sistem¨¢ticamente incumplida".

La fiscal¨ªa critica especialmente la ayuda a empresas en claras dificultades. "En los casos en los que la posterior insolvencia de la empresa era evidentemente previsible, lo que hab¨ªa que hacer era, sencillamente, no conceder el aval", dice la fiscal¨ªa. Insiste en que algunos avales fueron otorgados pese al dictamen desfavorable de los t¨¦cnicos de la Generalitat, "desoyendo sus advertencias de alto riesgo de las operaciones proyectadas".

El fiscal tambi¨¦n sostiene que los titulares de los dos departamentos autorizaron la concesi¨®n de avales superiores a los 50 millones, cuando estaba prohibido.

La propuesta al fiscal general del Estado describe que la segunda fase de irregularidades se produce al vencimiento de los avales, cuando el deudor no devuelve el dinero y la Generalitat afronta la deuda. El informe se?ala: "La Generalitat pudo y debi¨®, frente al requerimiento de pago de los pr¨¦stamos avalados, con sus intereses y costas, oponer la nulidad del car¨¢cter solidario de su responsabilidad y de su renuncia a la excusi¨®n. Y debi¨® exigir, antes de pagar, la total excusi¨®n de los bienes de los deudores y coavalistas".

150 folios

La investigaci¨®n sostiene que la Generalitat no intent¨® recuperar las cantidades perdidas reclam¨¢ndolas a los titulares de las empresas. "S¨®lo se demand¨® a algunos coavalistas, s¨®lo mediante procedimientos declarativos de reclamaci¨®n de cantidad. Y siempre muchos a?os despu¨¦s de los pagos. Ninguna de estas reclamaciones, hasta la fecha, ha conseguido la restituci¨®n de cantidad alguna al Tesoro de la Generalitat", subraya. Fuentes de la fiscal¨ªa precisaron a este diario que algunos de los avales fallidos y pagados por los fondos p¨²blicos s¨ª han sido reembolsados en los ¨²ltimos a?os.

El informe remitido al fiscal general hace un mes consta de 150 folios y va acompa?ado de siete tomos de documentaci¨®n Las personas objeto de investigaci¨®n y de propuesta de acci¨®n judicial no son s¨®lo los consejeros y ex consejeros, sino tambi¨¦n algunos de los titulares de las empresas que se vieron beneficiadas por avales no devueltos. Asimismo, el informe hace referencia a que algunos de los supuestos autores pudieron cometer otros delitos, ya prescritos, como prevaricaci¨®n y falsedad en documento.