Sindicatos y empresarios pactar¨¢n normas estables para regular las huelgas en servicios esenciales

Las huelgas en los servicios esenciales para la actividad ciudadana -los relacionados con la salud, la vida, la seguridad y el transporte de los ciudadanos- se regir¨¢n por unos c¨®digos estables que negociar¨¢n los sindicatos y los empresarios de cada sector afectado una vez se apruebe la ley de huelga. La Administraci¨®n har¨ªa una labor de tutela. Esas normas de car¨¢cter estable y vigencia indefinida, cuyas l¨ªneas generales est¨¢n terminando de perfilar el grupo parlamentario socialista, UGT y Comisiones Obreras, aparecen tambi¨¦n recogidas en las enmiendas que va a presentar el Partido Popular a la nueva ley.

Una de las modificaciones de la ley de huelga que negocian el partido socialista y los sindicatos UGT, y CC OO permitir¨¢ que los servicios m¨ªnimos no se decidan en las v¨ªsperas de un paro y condicionados por el calor del propio conflicto. La nueva ley prev¨¦ la creaci¨®n de los c¨®digos estables, que posteriormente se deben desarrollar en cada sector de los considerados esenciales y que son los relacionados con la salud, la vida, la seguridad y el transporte de los ciudadanos.Una vez aprobada la ley, habr¨ªa un plazo de un a?o para negociar los c¨®digos estables. Los sindicatos est¨¢n dispuestos a que los dos primeros c¨®digos se elaboren en los sectores de la sanidad y el transporte; incluso a que se inicie la discusi¨®n con los empresarios p¨²blicos o privados afectados sin esperar a la conclusi¨®n del tr¨¢mite parlamentario sobre la ley de huelga. En esas normas quedar¨¢n perfectamente detallados los servicios m¨ªnimos que se aplicar¨¢n en caso de huelga, as¨ª como su intensidad.

El grupo parlamentario socialista, que encabeza Eduardo Mart¨ªn Toval, y los representantes de UGT y CC OO mantuvieron ayer una nueva reuni¨®n. En la prevista para ma?ana quieren terminar de concretar los art¨ªculos de la ley referidos a los c¨®digos estables, as¨ª como la composici¨®n de las mesas que los deben negociar en cada sector y el papel que en ellas van a tener los empresarios p¨²blicos y privados.

Tras el encuentro de ayer, el principal escollo se refiere a que los sindicatos no quieren que los empresarios participen de forma vinculante en la concreci¨®n de los servicios m¨ªnimos para las actividades esenciales. Con ello pretenden que, en caso de desacuerdo, sean ellos quienes establezcan exclusivamente con la Administraci¨®n de tutela las normas a aplicar mientras dure la huelga.

Para varias d¨¦cadas

Las enmiendas que va a presentar el Partido Popular defienden tambi¨¦n los acuerdos sectoriales sobre servicios m¨ªnimos. La diputada popular Celia Villalobos asegura que se trata de cambiar "la cultura del conflicto por la cultura de la cooperaci¨®n". El procedimiento que propone es lograr acuerdos estables, evitar que la autoridad gubernativa tenga que adoptar la ¨²ltima decisi¨®n y garantizar el cumplimiento de los servicios m¨ªnimos por sus propios protagonistas. El PP modifica as¨ª el anteproyecto elaborado por el Gobierno y sus enmiendas van en la misma direcci¨®n que las que discuten los sindicatos y el PSOE.Los acuerdos estables que el PP propone deben negociarse por los sindicatos m¨¢s representativos a nivel estatal y los que cuenten con un m¨ªnimo del 10% de representantes en el ¨¢mbito funcional a que se refiera el pacto -el 15% si se trata de una comunidad aut¨®noma-. Por parte de las empresas, la Administraci¨®n o la patronal que cuente con el 10% de empresarios y trabajadores afectados.

Las condiciones m¨ªnimas para esos acuerdos que propone el PP incluyen la exigencia de un preaviso de huelga con 15 d¨ªas de antelaci¨®n; los criterios conforme a los cuales se determinar¨¢ en cada situaci¨®n de huelga el nivel o intensidad de las prestaciones o servicios m¨ªnimos; los medios de publicidad necesarios para que la convocatoria y desistimiento de la huelga sean conocidos por los usuarios del servicio.

El primer partido de la oposici¨®n persigue que esa negociaci¨®n pueda ser promovida por cualquiera de las partes, que ¨¦stas "estar¨¢n obligadas a negociar de buena fe", que los acuerdos se alcancen con el voto favorable del 60% de los representantes sindicales y empresariales, como m¨ªnimo, y que los pactos sean elevados al Consejo de Ministros para que los dote del rango normativo adecuado.