El PSOE y Filesa

EL 'CASO Filesa' se ha convertido en paradigm¨¢tico de hasta d¨®nde llegar¨¢n los jueces en la investigaci¨®n de la presunta financiaci¨®n irregular de los partidos pol¨ªticos, en particular, y de la corrupci¨®n pol¨ªtica, en general. Pero el caso Filesa, a la vista de c¨®mo se est¨¢ desarrollando, marcar¨¢ tambi¨¦n una l¨ªnea en las relaciones entre el poder judicial y los otros dos poderes esenciales de la democracia: el ejecutivo y el legislativo.Las recientes declaraciones del fiscal general del Estado y del ministro de Justicia sobre la actuaci¨®n del juez instructor del caso, y la frontal oposici¨®n del PSOE, con su escrito al Congreso y al Senado, al procedimiento utilizado para que la justicia conozca de su actividad en relaci¨®n con los posibles delitos que se investigan en el caso Filesa, constituyen indicios de que alguien podr¨ªa pretender crear una zona de impunidad a la actividad econ¨®mico-financiera de los partidos.

Los autores de las declaraciones referentes a la actuaci¨®n del juez instructor, el magistrado del Tribunal Supremo Marino Barbero, han rechazado el que hayan supuesto injerencia alguna en el proceso. El juez instructor ha informado al pleno de la Sala Segunda, de la que forma parte, que se sinti¨® perturbado por tales declaraciones, que "en nada favorecen el sosiego y la tranquilidad de que debe gozar todo juez en el ejercicio de su funci¨®n". Pero al menos hasta ahora no ha apelado, que se sepa, al Consejo del Poder Judicial, que es el ¨®rgano encargado de entender en este tipo de casos.

No es f¨¢cil discernir si una declaraci¨®n supone, objetivamente o no, una injerencia capaz de condicionar la independencia del juez. Lo que importa es saber si el juez se siente afectado y condicionado en su funci¨®n. Pero, adem¨¢s, el sentimiento del instructor del caso Filesa se asienta sobre la base de que los autores de dichas declaraciones son los m¨¢ximos responsables de instituciones con competencias de diversa ¨ªndole en el ¨¢mbito de la justicia. Si desde determinadas instancias pol¨ªticas se airean cuestiones internas de un proceso que afecta al partido del Gobierno, no es aventurado deducir que, con ello, se busca crear un estado. de opini¨®n capaz de influir en su desarrollo.

El rotundo rechazo del PSOE a que el juez instructor investigue algunos aspectos de su actividad econ¨®mico-financiera presumiblemente relacionados con los flecos delictivos del caso Filesa refuerza tal presunci¨®n. El juez ha requerido al PSOE para que certifique sobre los cargos desempe?ados en el partido por los diputados Carlos Navarro y Jose Mar¨ªa Sala y para que aporte una serie de datos contables relativos a los ingresos y pagos correspondientes a los ejercicios de los a?os 1988 a 1991. La negativa del PSOE a cumplimentar el requerimiento judicial es inquietante, y no porque no puedan ser cuestionados ante la propia justicia algunos de los aspectos del requerimiento, sino por los argumentos de que echa mano para eludirlo y por mezclar al Parlamento en un asunto judicial que ata?e al PSOE. No se puede olvidar que los querellados son destacados militantes socialistas presuntamente relacionados con actividades de las se habr¨ªa beneficiado dicho partido.

La certificaci¨®n solicitada por el juez instructor no se refiere a la condici¨®n de parlamentarios de Carlos Navarro y Josep Maria Sala, sino a la de sus funciones org¨¢nicas en el partido. Al Parlamento le corresponder¨ªa, ciertamente, certificar la primera, pero al partido la segunda, salvo que se pretenda confundir ambas para obstaculizar la investigaci¨®n judicial. De la misma manera, el requerimiento del juez no ata?e a la financiaci¨®n del PSOE ni a su actividad econ¨®mico-financiera como tal, sino a determinados documentos que podr¨ªan estar relacionados con los delitos que se investigan (falsedad en documento mercantil y p¨²blico, delito fiscal y contra la Hacienda P¨²blica y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, entre otros). Contraponer y sobreponer, como hace el PSOE, la funci¨®n fiscalizadora que corresponde al Tribunal de Cuentas a la funci¨®n jurisdiccional de los tribunales de justicia es tanto como revindicar para los partidos pol¨ªticos un espacio de actuaci¨®n inmune al C¨®digo Penal. Es correcto alegar lo que proceda en derecho contra el requerimiento judicial del instructor del caso Filesa. No lo es cuestionar la legitimidad del poder judicial para investigar presuntas actividades delictivas de los partidos pol¨ªticos con el pretexto de que ¨¦stos gozar¨ªan de un r¨¦gimen jur¨ªdico especial que les protege de dicho control.

Un partido pol¨ªtico cuyos dirigentes han echado con frecuencia sobre los tribunales de justicia la responsabilidad de decir la ¨²ltima palabra en los casos de corrupci¨®n no duda en neg¨¢rsela cuando tratan de pronunciarse en un caso que le afecta. Por este camino el deterioro institucional est¨¢ servido. Es posible que el Estado democr¨¢tico pueda sobrevivir con la corrupci¨®n pol¨ªtica a cuestas, pero es improbable que pueda hacerlo si se boicotean los resortes que tiene a mano para hacerle frente e impedir que los corruptos campen por sus respetos.