El agua, ?qui¨¦n la pagar¨¢?

El articulista considera que la sequ¨ªa del a?o hidrol¨®gico 1991 / 92, cuya causa natural no est¨¢ sujeta a responsabilidad alguna, puso de manifiesto responsabilidades gubernamentales, que se patetizan en su ineficacia o, simplemente, en su ausencia durante el pasado m¨¢s pr¨®ximo.

Finalizado por tercera vez el plazo de alegaciones a los Planes Hidrol¨®gicos de Cuenca, despu¨¦s de tres ampliaciones, cuyo motivo suponemos que ser¨¢ el ser coincidente en sus an¨¢lisis con las lluvias y no discutir en el seco panorama hidr¨¢ulico actual, queremos hacer unas reflexiones desde la agricultura, en la que incide fuertemente esta planificaci¨®n.Espa?a siempre tuvo una adecuada regulaci¨®n econ¨®mica y social del agua; su clima seco junto con un uso agrario aprendido desde hace siglos hizo que la raz¨®n se impusiera aun cuando su escasez no ten¨ªa la radicalidad con que hoy se presenta.

La aplicaci¨®n del agua a la agricultura es actualmente del 80% del recurso disponible; no hay datos sobre este porcentaje hace 1.000 a?os, pero ya entonces exist¨ªa el Tribunal de las Aguas de Valencia que ordenaba los regad¨ªos de las comarcas hu¨¦rfanas.

Una Ley de Aguas de 1883, que cumpli¨® su centenario de existencia, sirvi¨® para regular el recurso hasta el 1985, a?o en el que es sustituida por una nueva ley que introduce conceptos m¨¢s acordes con nuestro tiempo, tales como aumentos de las necesidades de los habitantes ciudadanos, las reservas necesarias para el equilibrio ecol¨®gico o el desarrollo industrial y del ocio.

Como es sabido, esta vigente Ley de Aguas incluye para su desarrollo los planes Hidrol¨®gicos de Cuenca y el Nacional.

No existe a¨²n dictada la s¨ªntesis de propuestas del Plan Hidrol¨®gico Nacional, pero ya se oyen voces autorizadas sobre diversos aspectos fundamentales de ¨¦l. Una premisa extendida por los organismos administradores del agua, Confederaciones Hidrogr¨¢ficas y MOPT, es que en Espa?a el agua se despilfarra, y en mayor grado l¨®gicamente por sus mayores consumidores, los agricultores. Una propuesta que se nos har¨¢ en el Plan Hidrol¨®gico Nacional, para aumentar la eficacia del recurso, es fijar un precio al agua y as¨ª intervenir econ¨®micamente su mal uso.

La no existencia de tal precio fue hasta hoy una constante en todas las legislaciones citadas, como fiel interpretaci¨®n ordenadora de un bien sin propiedad privada en la mayor¨ªa de los casos en el pasado, aunque nuestra ¨²ltima ley hace desaparecer alguna privacidad existente en la ley centenaria.

Esta socializaci¨®n total del agua se realiz¨® mediante el BOE y sin indemnizaci¨®n, actuaci¨®n de un corte totalmente revolucionario y por ello la alabamos algunos, mientras disgust¨® a otros muchos.

Una vez que todo el recurso estuvo en manos estatales, el planificar su uso era inevitable, y as¨ª surgen los Planes Hidrol¨®gicos, y para calificarlos se estructuran ¨®rganos, bautizados como democr¨¢ticos, llamados los Consejos del Agua. Esta democracia -por ordenamiento administrativo- nace con un sesgo muy fuerte en contra de los usuarios y en favor del poder gubernamental que tiene la mayor¨ªa absoluta sin posibilidad de alteraci¨®n ninguna; y adem¨¢s, los Consejos de Cuencia o el Nacional son ¨®rganos meramente consultivos.

Estar¨ªamos en una situaci¨®n de precios impuestos por los ¨²nicos detentadores de la mercanc¨ªa, y aprobados por un ¨®rgano planificador con mixtificaci¨®n democr¨¢tica. Ser¨ªa una actuaci¨®n an¨¢loga a la seguida por el r¨¦gimen desaparecido en el Este, que, como es sabido, condujo a una burocratizaci¨®n en la gesti¨®n del recurso.

Otra posibilidad, en la mente de algunos, ser¨ªa el todopoderoso mercado libre asignador de recursos eficientemente; poner un recurso escaso en un mercado libre que debiera ser "tan claro como el agua", parece un dislate, incluso para los m¨¢ximes liberales econ¨®micos.

Queda solamente la posibilidad del precio impuesto por el ¨²nico vendedor y que debe ser aceptado por los usuarios; un ejemplo puro del monopolio estatal.

Responsabilidades

La sequ¨ªa del a?o hidrol¨®gico 91/92, causa natural que no est¨¢ sujeta a responsabilidad alguna, puso de manifiesto otras responsabilidades gubernamentales que se patetizan de forma alarmante por su ineficacia o simplemente por su ausencia durante el pasado m¨¢s pr¨®ximo. La pol¨ªtica inversora en obras hidr¨¢ulicas, calificada despreciativamente como franquista, fue abandonada en parte y ahora nos obliga a un presupuesto, seg¨²n el MOPT, de 4,8 billones de pesetas. Esta cifra no tiene al parecer contrapartida suficiente con el presupuesto del ministerio correspondiente, por lo que obliga a una nueva recaudaci¨®n espec¨ªfica a los directos usuarios.

La relaci¨®n del agua con la agricultura en la Espa?a seca, su mayor¨ªa, era favorable siempre a una pol¨ªtica de aumentos en la superficie regable. Cuando la producci¨®n agraria era escasa seg¨²n las necesidades de la poblaci¨®n, no hubo dudas, pero la nueva situaci¨®n de excedentes agrarios cambi¨® totalmente la econom¨ªa de la agricultura como medio regulador de los aumentos productivos. La PAC, organizadora de la agricultura de la Europa de Maastricht, tan deseada por el Gobierno, no estimular¨¢ m¨¢s regad¨ªos. El agua sola no se responsabiliza de la agricultura regada, es el resultado de su combinaci¨®n con la tierra y el clima; f¨¢cilmente comprendemos que las situaciones m¨¢s ¨®ptimas fueron agotadas en el principio de los regad¨ªos; ahora quedan situaciones donde la marginalidad productiva es casi lo general.

Pero la sociedad civil necesita m¨¢s agua, desarrollo industrial, urbano con mayor nivel de vida, ocio (jardines, parques, deportes), ecolog¨ªa, y este sector social es el gran demandante actual sin ser el mayor consumidor; de ah¨ª que no sea el mayor financiador de la gran inversi¨®n hidr¨¢ulica necesaria para cubrir sus m¨ªnimos actuales y futuros. ?Qui¨¦n pagar¨¢ el agua? ?Los que la demandan? ?Los mayores consumidores actuales?

Aqu¨ª la gran contradicci¨®n de d¨®nde recaudar el dinero que le falta a los mal organizados presupuestos estatales, mediante ese precio que el MOPT pondr¨¢ al agua. No lo busque, se?or Borrell, en un lugar donde ya no existe y donde seg¨²n la Europa de los Doce no va a producirse m¨¢s. Tendr¨¢ que abastecer su pol¨ªtica inversora en hidr¨¢ulica a partir de los futuros grandes usuarios, que ya participan con sus impuestos reglamentados, pues son la poblaci¨®n no agraria; no fracase tratando de obtener algo de lo que hace tiempo desapareci¨®, los beneficios de la agricultura.

El agua no estar¨¢ en el libre mercado, pero las producciones agrarias ya entraron y por eso van a devolver mucha agua a otras demandas, todo aquel agua que econ¨®micamente no sea posible usar. No nos hable de uso despilfarrador y por eso encarecedor, hablemos de la productividad econ¨®mica de un M3 y no de los M3 usados hoy en una hect¨¢rea, muchos de ellos sobre tierras muy marginales para una agricultura competitiva.

Favoreciendo esta futura actuaci¨®n est¨¢ el silencio agrario, la aceptaci¨®n ignorante e inducida por intereses de la mejor¨ªa de las rentas por la intensidad que supone el agua, muchas veces, adem¨¢s, defendida por el aumento del trabajo producido; esto en el terreno de lo privado. La misma falta de opini¨®n, m¨¢s irresponsable por supuesto, se da en la Administraci¨®n central (MAPA) o a nivel auton¨®mico. Las actuaciones conseguidas con el agua y la tierra no tienen porvenir, porque simplemente producir¨¢n algo dif¨ªcilmente solucionable, el d¨¦ficit econ¨®mico agrario.

No malgastemos el agua porque es la forma f¨¢cil de invertir en pantanos y recaudar su coste, con el enga?o de los que no ven otra soluci¨®n para su vida econ¨®mica, por el paro o su falta posible en nivel de rentas.

Solamente con una complementariedad puede usarse la agricultura como inversora en obras hidr¨¢ulicas. Por este car¨¢cter complementario no resiste su econom¨ªa el pago de esos precios que si a la sociedad civil le compensa con un mayor bienestar o mejora rentas industriales, en la agricultura s¨®lo produce una disminuci¨®n de sus ya escu¨¢lidas econom¨ªas.

No m¨¢s regad¨ªos para financiar el agua que es necesidad urgente para otros usuarios.

es representante de los usuarios del Guadalquivir en el Consejo Nacional del Agua.