Claves: qu¨¦ cambia con la reforma de la ley de dependencia

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha presentado este martes al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley con el que se pretende reformar la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad para adaptarlas, en primer lugar, a la reforma del art¨ªculo 49 de la Constituci¨®n (que elimin¨® el t¨¦rmino disminuido en enero del a?o pasado) y, en segundo, a la convenci¨®n de personas con discapacidad, que Espa?a ratific¨® en 2007 y entr¨® en vigor en 2008. La reforma ¡ªa la que le espera la tramitaci¨®n en el Congreso, donde hay una compleja aritm¨¦tica parlamentaria¡ª eliminar¨¢ la incompatibilidad de prestaciones y refuerza la atenci¨®n en los hogares. Desde la asociaci¨®n estatal de directores y gerentes en servicios sociales critican que la falta de financiaci¨®n limita su cumplimiento. Asimismo, recuerdan que hay 270.325 personas en lista de espera de una ley ¡°que se sigue incumpliendo desde hace 18 a?os¡±, que cada 15 minutos fallece una de estas personas que est¨¢n en lista de espera (34.252 solo en 2024) y que el tiempo de espera para la concesi¨®n de las prestaciones es de 334 d¨ªas (en algunas comunidades incluso m¨¢s de dos a?os). El gasto p¨²blico en dependencia, 0,89% del PIB, se encuentra muy por debajo del promedio de la OCDE (1,55%). En change.org se han recogido ya 37.500 firmas para que el PIB dedicado a cuidados se incremente al 1,5%. Estas son algunas claves de la reforma que ha aprobado el Consejo de Ministros:

La financiaci¨®n

Seg¨²n denuncian desde la asociaci¨®n estatal de directores y gerentes en servicios sociales, si las normas no llevan aparejadas una memoria presupuestaria y los consiguientes compromisos de financiaci¨®n, son ¡°papel mojado¡±. Este peri¨®dico pregunt¨® la semana pasada al ministerio de Bustinduy por el coste de la reforma y la respuesta fue que la ley y los reglamentos que de ella se derivan establecen un m¨ªnimo de calidad, intensidad o ratios para las prestaciones y servicios que garantiza una igualdad de derechos a nivel estatal, pero que son las comunidades aut¨®nomas las que concretan si incrementan o no las cuant¨ªas y calidades. Seg¨²n este departamento, ¡°sabemos a qu¨¦ horizonte queremos llegar en t¨¦rminos de financiaci¨®n general del sistema: equipararnos a la inversi¨®n PIB de otros pa¨ªses similares al nuestro¡±. Eso s¨ª, asegura que el Gobierno realiza una aportaci¨®n al sistema de dependencia de 3.411 millones de euros, que es, seg¨²n en el propio ministerio, tres veces superior a la que realizaba el Gobierno del PP en 2014 (1.130 millones de euros).

Eliminaci¨®n de incompatibilidades

La reforma de la ley suprimir¨¢ el r¨¦gimen de incompatibilidades en las prestaciones del Sistema para la Autonom¨ªa y Atenci¨®n a la Dependencia que aprob¨® Rajoy en diciembre de 2013. Ahora mismo, la ley establece que son incompatibles determinados servicios con otros: por ejemplo, asistir a un centro de d¨ªa con recibir ayuda a domicilio. Hay comunidades aut¨®nomas que ya lo han regulado para hacerlo compatible, al considerar que una medida sola es poco, pero la reforma pretende hacerlo a nivel nacional. El anteproyecto tambi¨¦n elimina el periodo de carencia m¨¢ximo de dos a?os de las prestaciones econ¨®micas para cuidados en el entorno familiar introducido por el Gobierno de Rajoy en 2012. Ahora mismo, seg¨²n datos del Observatorio de Dependencia, el tiempo de tramitaci¨®n de un expediente de dependencia es de casi un a?o (334 d¨ªas), seg¨²n la ley actual, las comunidades aut¨®nomas no est¨¢n obligadas a conceder esa prestaci¨®n con car¨¢cter retroactivo porque hay dos a?os de periodo de carencia. Es un recorte que se impuso, precisamente, por ahorrar dinero debido a los tiempos de espera y a las listas de esperas. La Ley original, en realidad, ya dice que el plazo en el que deber¨ªa atenderse una solicitud de dependencia es de 180 d¨ªas. Pero no se est¨¢ cumpliendo.

El servicio de teleasistencia como derecho subjetivo

La reforma recoge que todas las personas en situaci¨®n de dependencia tendr¨¢n derecho a recibir teleasistencia con independencia del resto de prestaciones o servicios. En realidad, el Plan de Choque aprobado en 2021 ya consideraba la teleasistencia como un derecho subjetivo y el objetivo era cumplirlo a finales de 2022. Sin embargo, cuatro a?os despu¨¦s, seg¨²n datos del Observatorio de Dependencia, solo el 42% de las personas atendidas en sus domicilios cuentan con este servicio.

Cat¨¢logo de servicios

La asistencia personal, los cuidados y apoyos en viviendas y la provisi¨®n de productos de apoyo para la autonom¨ªa personal se regulan con la reforma de la ley como un servicio del cat¨¢logo, lo que permite su provisi¨®n tanto a trav¨¦s de una prestaci¨®n econ¨®mica como mediante medios p¨²blicos directos o privados, concertados y acreditados.

Reforzar la ayuda a domicilio

La reforma tambi¨¦n prev¨¦ la expansi¨®n de la ayuda a domicilio hacia el entorno comunitario (para ir a la compra, al m¨¦dico, al centro de d¨ªa, por ejemplo) e incorporar apoyos en la vivienda cuya finalidad es que las personas en situaci¨®n de dependencia puedan desarrollar su proyecto de vida en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades y preferencias personales. De este modo, no se ver¨¢n limitadas a elegir entre vivir en su propia casa o en una residencia convencional, sino que podr¨¢n optar por diferentes modalidades de vivienda con cuidados y apoyos. Esta ampliaci¨®n de recursos residenciales ya est¨¢ siendo desarrollada en algunas comunidades aut¨®nomas y est¨¢ consolidada en otros pa¨ªses con sistemas de cuidados m¨¢s avanzados. La asociaci¨®n estatal de directores y gerentes en servicios sociales considera que, pese a que el decreto de julio de 2023 modific¨® las intensidades del servicio de ayuda a domicilio, no es suficiente. ¡°Seguimos teniendo una intensidad media de una hora diaria para atender a una persona en situaci¨®n de dependencia (34 horas mensuales); y apenas dos horas (62 horas mensuales) para las personas con mayor grado de dependencia. ?De qu¨¦ manera va a reforzar la atenci¨®n en los domicilios una ley que apuesta por ellos, pero que no contempla un incremento de financiaci¨®n para estos servicios domiciliarios o para aumentar la cuant¨ªa de las prestaciones econ¨®micas por cuidados familiares o no profesionales?¡±, se pregunta Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, presidente de la asociaci¨®n. ¡°Es f¨¢cil suponer que dos horas diarias de media de ayuda a domicilio en el hogar de una persona que necesita cuidados continuados y permanentes (24 horas al d¨ªa 365 d¨ªas al a?o) para todas las actividades b¨¢sicas de su vida diaria (levantarse y acostarse, cambiar de posici¨®n, desplazarse, asearse, comer¡­) no permiten a sus familiares conciliar con una actividad laboral o personal, ni tan siquiera un cierto descanso, no ser que tenga recursos suficientes para contratar servicios de cuidado a su cargo. En esta situaci¨®n es m¨¢s f¨¢cil a¨²n suponer sobre qui¨¦n van a recaer estos cuidados, en su inmensa mayor¨ªa: las mujeres (tres de cada cuatro cuidadoras son mujeres¡å.

Accesibilidad de la vivienda

La reforma asegura el derecho de las personas con discapacidad a una vivienda accesible, evitando barreras arquitect¨®nicas que dificulten su autonom¨ªa. Se busca evitar situaciones de aislamiento o institucionalizaci¨®n forzosa. Las obras encaminadas a asegurar la accesibilidad se consideran, por lo tanto, obligatorias. Se habilita a los vecinos que solicitan la intervenci¨®n para asegurar la accesibilidad a acudir a la justicia para obligar a la realizaci¨®n de las obras y actuaciones en las condiciones previstas por la ley. Seg¨²n datos del CERMI, se estima que 100.000 personas est¨¢n encerradas en sus casas porque sus bloques y/o viviendas tienen problemas de accesibilidad.

Derechos de las personas cuidadoras no profesionales

La reforma de la ley incluye un apartado (art¨ªculo 4 bis) espec¨ªfico en el que se enumeran una serie de derechos que hay que garantizar a los cuidadores no profesionales: recibir apoyo y formaci¨®n para su bienestar emocional y f¨ªsico, informaci¨®n sobre las prestaciones disponibles y sobre la calidad del servicio que prestan los diferentes centros y servicios y, finalmente, la adopci¨®n de medidas necesarias para facilitar la conciliaci¨®n de la vida personal, familiar y laboral.

Protecci¨®n espec¨ªfica para mujeres y ni?as

El anteproyecto de ley introduce un art¨ªculo nuevo de promoci¨®n y protecci¨®n reforzadas de los derechos de las mujeres y de las ni?as y ni?os con discapacidad. La legislaci¨®n, por lo tanto, se desplegar¨¢ con el enfoque doble de inclusi¨®n y g¨¦nero. Tambi¨¦n se modifica el t¨ªtulo del cap¨ªtulo III, ¡°Autonom¨ªa de las personas con discapacidad¡±, que pasa a denominarse ¡°Derecho a la Autonom¨ªa Personal, Vida Independiente e Inclusi¨®n en la Comunidad¡±. Eso implica que los poderes p¨²blicos ¡°generar¨¢n las condiciones y promover¨¢n las oportunidades para que las personas con discapacidad puedan elegir su lugar de residencia, y d¨®nde y con qui¨¦n vivir sin verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida espec¨ªfico¡±. Para ello, se tendr¨¢n en cuenta sus necesidades, incluida la accesibilidad a la vivienda. Tambi¨¦n se modifica el t¨ªtulo del cap¨ªtulo V (Derecho a la vida independiente) que pasa a llamarse Derecho a la Accesibilidad Universal. Eso es, un derecho que asegura la inclusi¨®n y participaci¨®n social plena de las personas con discapacidad. Se crear¨¢, para ello, un Fondo Estatal de Promoci¨®n de la Accesibilidad Universal. Tambi¨¦n se prev¨¦ la creaci¨®n del Registro estatal de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad.