Recuerdo de Zalamea

La autora parte del hecho de que la Ley de R¨¦gimen Local y del Suelo consagra la autonom¨ªa municipal que ya preve¨ªa la Constituci¨®n, y considera que ese derecho ha sido vulnerado en Soto del Real. Recuerda tambi¨¦n que su alcalde, Eladio Navarro, del CDS, es un alcalde constitucional.

Soto es un pueblo peque?o, pero embarcado, desde hace dos anos, en una lucha singular. Porque Soto se encuentra en un parque natural, en zona ecol¨®gicamente notable, que ha llamado incluso la atenci¨®n de los catalogadores de rincones semejantes de la CE.Todo su entorno, abarcando otros municipios, ha mantenido durante siglos, incluso durante el franquismo, una buena parte de sus caracter¨ªsticas zonas verdes. Por estas caracter¨ªsticas, las normas de urbanismo han vetado siempre a estos municipios los pol¨ªgonos industriales y otras formas, agresivas para el entorno, de promoci¨®n econ¨®mica local.

Con estos precedentes, Justicia decidi¨® ubicar una de sus grandes c¨¢rceles (de ¨¦sas que se han hecho necesarias por la extensi¨®n masiva de la delincuencia durante la d¨¦cada socialista) en esa plena zona verde. Un mastodonte de hormig¨®n, de estructuras l¨®gicamente cerradas, que ocupar¨ªa cientos de miles de metros cuadrados, con sus vallas electrificadas, sus garitas de vigilancia y dos enormes torres, hoy modificadas desde el proyecto original.

La zona elegida, en el t¨¦rmino del mismo Soto del Real, tiene, por supuesto, la calificaci¨®n de suelo r¨²stico. Las leyes exigen un cambio de la califaci¨®n del suelo para construir la c¨¢rcel, cambio que debe promover y aprobar el Ayuntamiento. Naturalmente, Soto del Real, en uso de su autonom¨ªa; no estuvo ni est¨¢ dispuesto a conceder ni el cambio de uso ni la licencia de obra. En un sistema presidido por las leyes y en un Gobierno respetuoso del ordenamiento por ¨¦l mismo aprobado, no era esperable lo que ha ocurrido. En vez de dirigirse a los tribunales para ganar la batalla con argumentos, estudios de impacto y documentos, opt¨® Justicia, con el auxilio de las fuerzas de seguridad, por el asalto, literal e ilegal, de las tierras.

Un obediente delegado del Gobierno puso sus fuerzas a disposici¨®n de un acto plenamente al margen de la ley, para arremeter contra los cargos electos, la polic¨ªa municipal y los vecinos. Lejos de los tribunales, lejos del imperio de la ley, lejos de la democracia, en suma, se hicieron cargas, hubo forcejeos y detenidos.

?C¨®mo no evocar al valiente Pedro Crespo, al alcalde de Zalamea, resistiendo con sus labradores? ?C¨®mo no a las huestes de don Lope de Figueroa, al auxilio de un don ?Ivaro culpable? Calder¨®n quiso reflejar, con toda nitidez, la supremac¨ªa del poder civil sobre el militar, de la raz¨®n sobre la fuerza. En el Ministerio de Justicia, terco y pose¨ªdo de la pasi¨®n de mandar, veo la soberbia y el desprecio por el inferior, defectos con los que Calder¨®n de la Barca afe¨® al capit¨¢n don ?lvaro de Ataide.

Lo ocurrido en Soto es algo m¨¢s que un acto soberbio y poco meditado, que descalifica al ministro, al delegado e, incluso, a las fuerzas que les acompa?aron. Es mucho m¨¢s.

Mientras llegue el momento en que le averg¨¹ence p¨²blicamente el propio Parlamento europeo, llamado a arbitrar en este asunto, hay que decirle a este Gobierno que no puede quebrar las leyes el m¨¢s obligado a cumplirlas. Que debe someterse y respetar la autonom¨ªa municipal y la supremac¨ªa popular, sobre todo cuando ¨¦sta es m¨¢s que razonable. Y, sobre todo, que no se acostumbre a defenderse del pueblo soberano usando a la Guardia Civil.

En el museo in existente de nuestra joven, inexperta y poco respetada democracia deber¨ªa ocupar un lugar de honor este bast¨®n roto de alcalde...