El Congreso debatir¨¢ un proyecto para legalizar la actividad de los grupos de presi¨®n en Espa?a

Veinte mil lobbistas cercan a diario a los 434 congresistas (diputados) y 100 senadores de los Estados Unidos de Am¨¦rica; es un ej¨¦rcito de 38 tiburones por parlamentario dispuestos a presionar para conseguir decisiones en favor de grupos econ¨®micos, sociales y religiosos. Nada parecido existe en Espa?a, pero el viejo Palacio del Congreso, en la carrera de San Jer¨®nimo, como todos los parlamentos del mundo, soporta presiones constantes desde m¨²ltiples flancos. Ahora, el Congreso ten dr¨¢ que decidir si acepta regular en nuestro pa¨ªs, de manera transparente, este tipo de actividades, porque el CDS ha redactado una proposici¨®n no de ley para crear un registro p¨²blico de "grupos de inter¨¦s" que termine con el oscurantismo de estas actividades.

El pasado 27 de noviembre, un grupo de empresarios se reuni¨® con diputados de distintos partidos durante unas jornadas denominadas Programa Empresas Parlamentarios, promovidas por el C¨ªrculo de Empresarios y el Congreso. El diputado del CDS Rafael Mart¨ªnez Campillo abord¨® el problema de los lobbies, o grupos de presi¨®n, o de inter¨¦s, que son formas distintas de de nominar el mismo fen¨®meno: la actividad para tratar de conseguir decisiones en una determinada direcci¨®n."Les dije que el fen¨®meno est¨¢ ah¨ª", dice Mart¨ªnez Campillo. Les explic¨® que "los diputados necesitamos informaci¨®n porque la complejidad de la sociedad actual hace imposible que un parlamentario pueda conocer en serio todos los problemas sobre los que se legisla; necesitamos saber lo que piensa y lo que quiere, en un momento dado , cualquier grupo social, pero con publicidad y con transparencia; en definitiva, plante¨¦ que urgen normas deontol¨®gicas que regulen esta actividad porque si no, los grandes grupos o los grandes intereses har¨¢n todo lo que est¨¦ en su mano por tener sus propios representantes en los esca?os".

Registro y c¨®digo

Varios de los empresarios asistentes a las jornadas se mostraron de acuerdo con la propuesta y lo manifestaron expresamente. En los d¨ªas siguientes, el diputado centrista por Alicante ha redactado una proposici¨®n no de ley sobre la que el Congreso tendr¨¢ que pronunciarse en breve.

Una vez admitida a tr¨¢mite por la Mesa, ser¨¢ el Pleno de la C¨¢mara el que la debata y decida si la toma en consideraci¨®n. Cualquiera que sea la decisi¨®n final, que vendr¨¢ marcada por la mayor¨ªa parlamentaria socialista, los distintos grupos ofrecer¨¢n sus razones para aceptar, modificar o rechazar una propuesta de indudable trascendencia para la vida pol¨ªtica de nuestro pa¨ªs.

La proposici¨®n, adem¨¢s de una exposici¨®n de motivos en la que se explica la conveniencia de regular las relaciones entre Parlamento y grupos sociales, establece tres propuestas concretas:

1. "El Congreso de los Diputados establecer¨¢ un registro p¨²blico de grupos de inter¨¦s con el fin de identificar a todas aquellas personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas que puedan establecer relaciones con los miembros de la C¨¢mara para informar o ser informados acerca de las funciones constitucionales que les est¨¢n encomendadas".

2. "El Congreso de los Diputados establecer¨¢ las condiciones para acceder a este registro, de manera tal que permita la identificaci¨®n p¨²blica del operador, del grupo que representa y de los fines que persigue".

3. "El Congreso de los Diputados formular¨¢ un c¨®digo deontol¨®gico que enmarque el funcionamiento de estos grupos de inter¨¦s en su relaci¨®n con los miembros de las c¨¢maras".

La profundidad del problema no se calibra s¨®lo por la falta de tradici¨®n en Espa?a, sino que el clima social es de claro rechazo a cualquier pr¨¢ctica de presi¨®n, recelando de que la informaci¨®n y el convencimiento limpio transpasen la frontera del tr¨¢fico de influencias.

Tanto es as¨ª que el proyecto de nuevo C¨®digo Penal contiene un art¨ªculo 410 cuyo de texto, de prosperar, establece: "El particular que influyere en un funcionario p¨²blico o autoridad, prevali¨¦ndose de cualquier situaci¨®n derivada de su relaci¨®n personal con este o con otro funcionario p¨²blico o autoridad y consiguiere una resoluci¨®n, obteniendo por ello un beneficio econ¨®mico para s¨ª o para un tercero, ser¨¢ castigado con las penas de prisi¨®n de seis meses a un a?o, y multa de tanto al duplo del beneficio obtenido". No es exacta mente el trabajo de un lobbista lo que aqu¨ª parace tipificarse, pero un texto semejante sembrar¨ªa ser¨ªas inquietudes en los m¨¢s acre ditados despachos de abogados de Washington.