KIO y Pilatos
LA SUSPENSI?N de pagos del grupo Torras, brazo inversor de la sociedad estatal Kuwait Investment Office (KIO) en Espa?a, ser¨¢ la mayor registrada en nuestro pa¨ªs. La deuda supera los 250.000 millones de pesetas, con la singularidad de que el principal accionista, KIO, es a la vez el principal acreedor, con m¨¢s del 70% de esa cifra. El impacto industrial y laboral puede ser catastr¨®fico.La decisi¨®n ha estado precedida de arduas negociaciones entre los representantes del grupo kuwait¨ª, la Administraci¨®n espa?ola y los bancos acreedores. Se pidi¨® al Gobierno que apoyara al grupo, pero el Gobierno no ofrece ayudas concretas a empresas; se pidieron quitas y aplazamientos a los bancos, que han respondido con tibieza. Finalmente, algunos de los consejeros y asesores espa?oles de KIO propusieron una soluci¨®n con aportaciones de las tres partes (KIO, banca y Gobierno): fue rechazada por KIO, inclinada a abandonar sus inversiones en Torras e incluso en Espa?a.
La decisi¨®n de suspender pagos pone en cuesti¨®n a KIO, a sus gestores y al Gobierno. A los gestores espa?oles del grupo, encabezados por Javier de la Rosa hasta el pasado verano: este financiero cant¨® las alabanzas de los kuwait¨ªes en la ¨¦poca de la invasi¨®n del emirato. Para entonces, KIO hab¨ªa obtenido m¨¢s de, 100.000 millones de pesetas de beneficio en operaciones especulativas a trav¨¦s de Bolsa. Ahora, cuando los kuwait¨ªes anuncian acciones legales en su contra por considerar que desvi¨® beneficios hacia sus propios intereses, De la Rosa les culpa del desastre y asegura que no son de fiar. Adem¨¢s, afirma que sus antiguos patronos-socios pose¨ªan paquetes de sus filiales superiores a los porcentajes autorizados. ?Lo descubre ahora? ?Por qu¨¦ no lo denunci¨® antes a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores? No ha sido un mero administrador de KIO en Espa?a. Ha sido tambi¨¦n su socio, su hombre de confianza y su primer beneficiario. Si Torras est¨¢ t¨¦cnicamente en suspensi¨®n de pagos -?o en quiebra?-, como aducen sus actuales responsables, ¨¦sta no se ha podido generar en los escasos meses que median desde el abandono- del barco por el antiguo gestor de otros esc¨¢ndalos sonados, nunca aclarados del todo (Banca Garriga Nogu¨¦s). Tiene un responsable. Y ¨¦ste no es otro, en Espa?a, que Javier de la Rosa.
Al Gobierno y al Estado: es verdad que una empresa privada es soberana para adoptar las decisiones que considere oportunas. Pero este grupo ha recibido 80.000 millones de pesetas en ayudas p¨²blicas directas o indirectas. Sus decisiones afectan a cerca de 100.000 trabajadores y al tejido industrial espa?ol. Todos los esfuerzos son precisos tanto para evitar, o aminorar, los efectos de una decisi¨®n traum¨¢tica como para deslindar responsabilidades en lo que todav¨ªa no se puede certificar con certeza si es una aguda crisis industrial o una monumental estafa de m¨²ltiples ramificaciones. ?D¨®nde est¨¢ el fiscal general del Estado? Espa?a debe exigir responsabilidades a KIO y al Estado kuwait¨ª. El grupo inversor se comprometi¨® desde el inicio a realizar fuertes inversiones en Espa?a y a mantener el empleo. Asegur¨® que destinar¨ªa los beneficios sobre todo a nuevas inversiones y a reforzar el grupo. No ha sido as¨ª. Puede que a los kuwait¨ªes les hayan enga?ado sus socios espa?oles; pero al final han sido muy poco rigurosos con sus propias promesas al Gobierno espa?ol, que seguramente crey¨® ver detr¨¢s de KIO la garant¨ªa del Estado de Kuwait -cuyo cr¨¦dito internacional puede quedar mellado con esta aventura- y que tanto les ayud¨® durante la guerra frente a Irak.
Carlos Solchaga y Claudio Aranzadi ampararon las inversiones de KIO, respaldaron a De la Rosa -pese a sus poco tranquilizadores antecedentes- y han dejado que las empresas y sectores en los que estaba KIO -algunos ciertamente de dif¨ªcil soluci¨®n, como los fertilizantes- hayan quedado sin un patr¨®n y sin amparo para afrontar su futuro. El Gobierno debe explicar en el Parlamento sus gestiones para evitar este desenlace. Pero est¨¢ obligado, sobre todo, a amarrar el compromiso expresado por Al Nouri seg¨²n el cual la salida de Torras no implica el abandono de las inversiones kuwait¨ªes en otros sectores y empresas: el aviso que ayer dio Felipe Gonz¨¢lez, aunque tard¨ªo, est¨¢ en el buen camino. No debe quedarse ah¨ª.
Pero adem¨¢s, dada la situaci¨®n actual de la econom¨ªa espa?ola, la capacidad para retener o atraer inversiones extranjeras no depende ahora tanto de decisiones monetarias o macroecon¨®micas como de la seriedad y coherencia de la pol¨ªtica industrial. Cuando KIO se meti¨® en British Petroleum, el Gobierno brit¨¢nico exigi¨® que diese marcha atr¨¢s para evitar una indeseada posici¨®n de control. Aqu¨ª no se ha controlado pr¨¢cticamente nada. Al contrario, se han otorgado ayudas a algunas empresas del grupo por pertenecer a un sector en reconversi¨®n. Y se ha permitido vaciar los activos de algunas sociedades para especular sin piedad con ellos, como ocurri¨® en Ercros y Prima, y obtener unos formidables ingresos que no se sabe d¨®nde han ido a parar. No, en principio, a KIO, a juzgar por las cifras manejadas en los informes de profesionales independientes. ?A qui¨¦n?
Al final, quien puede perder es la industria y los trabajadores, aunque, en principio, la suspensi¨®n afectar¨¢ ¨²nicamente a la matriz y no a las empresas industriales. Pero el peligro de un derrumbamiento en cadena subsiste si no aparecen otros inversores dispuestos a quedarse con esas sociedades. ?Pueden sus recientes gestores y los responsables pol¨ªticos que les dieron luz verde ponerse la m¨¢scara de Pilatos?
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