La condena

CUANDO APENAS acababan de se?alar que no ten¨ªan ning¨²n condenado por los tribunales por hechos relacionados con la corrupci¨®n pol¨ªtica, mientras tres alcaldes del PP sufren condena por prevaricaci¨®n, los socialistas ya cuentan con uno: Juan Guerra, el hermano y asistente del anterior vicepresidente del Gobierno. La sentencia, publicada sobre la marcha tras la sustracci¨®n de una copia en el propio despacho del juez, es la primera en la saga de los siete procesos judiciales en que ha sido despiezado el caso Juan Guerra. Un despiece basado en estrictas razones de procedimiento, pero que no anula, el com¨²n denominador pol¨ªtico que les une a todos ellos: la descarada utilizaci¨®n por su protagonista de su condici¨®n de hermano de un poderoso gobernante para enriquecerse personalmente y montar sus negocios particulares desde el despacho oficial de este ¨²ltimo.Nada hay que oponer a los razonamientos que han llevado al juez a imponer un pena de un a?o de prisi¨®n a Juan Guerra, y a uno de sus socios, por la defraudaci¨®n a Hacienda de 13 millones de pesetas por parte de la sociedad Fracosur, punto de confluencia, al parecer, de sus m¨²ltiples actividades econ¨®micas. La condena, que incluye una multa de 15 millones de pesetas, podr¨¢ parecer benigna, pero se atiene a las pautas establecidas por la escasa jurisprudencia de los tribunales sobre el delito fiscal. Que se haya producido es en s¨ª mismo relevante, y m¨¢s lo ser¨ªa si sirviera de precedente para acabar con la impunidad del fraude fiscal en la actividad econ¨®mica.

Una condena m¨¢s dura, adem¨¢s de chocar con la jurisprudencia de casos similares, hubiera respondido m¨¢s bien a motivaciones extraprocesales que la justicia no puede tener en cuenta. De ah¨ª la ins¨®lita pero obligada confesi¨®n del juez, dada la singularidad del caso,, de que en la condena no ha influido lo m¨¢s m¨ªnimo ninguna circunstancia exterior al proceso: ni la filiaci¨®n pol¨ªtica del acusado, ni la ocupaci¨®n o car¨¢cter de los familiares, ni su popularidad o impopularidad, ni la posibilidad de ser condenado en las causas pendientes. Entremezclar estas circunstancias en el proceso hubiera significado proyectar el juicio pol¨ªtico que merece el caso Juan Guerra sobre el penal y embarullar situaciones acreedoras de tratamientos distintos. En el ¨¢mbito penal, lo importante era que la justicia llegara a pronunciarse, y lo ha hecho en contra de quienes alegremente aventuraron que no lo har¨ªa. Su veredicto, ajustado a la entidad del delito y a la cuant¨ªa defraudada, muestra que el poder judicial ha salido airoso del trance de un proceso sometido a los m¨¢s diversos vaivenes y presiones exteriores.

Pero mientras el juicio penal, con las dificultades inherentes al caso, ha sido pronunciado, el pol¨ªtico sigue pendiente o, lo que es m¨¢s grave, ha quedado frustrado. El no haber asumido a su debido tiempo el coste pol¨ªtico del caso m¨¢s emblem¨¢tico de tr¨¢fico de influencias de los ¨²ltimos a?os con la disculpa de que la corrupci¨®n no existe mientras no se pronuncien los tribunales se ha revelado como el origen de la p¨¦rdida de credibilidad de las instituciones a las que acaba de referirse el presidente del Gobierno, adem¨¢s de como un enorme error estrat¨¦gico del PSOE.

Aquellos polvos est¨¢n trayendo estos Iodos, y lo m¨¢s preocupante es que la falta de nervio para resolver un caso que s¨®lo afectaba a unos pocos, por relevante que fuera la posici¨®n de alguno de ellos, haya podido generar una situaci¨®n que ha terminado por afectar a todos. Y que se manifiesta en el deterioro institucional y en la crispaci¨®n anormal de la vida pol¨ªtica, tambi¨¦n en una cierta par¨¢lisis e incapacidad y de los gobernantes para afrontar con las mejores armas la soluci¨®n de los grav¨ªsimos problemas que aquejan actualmente al pa¨ªs. El presidente del Gobierno ha reconocido finalmente cu¨¢l es la situaci¨®n. Podr¨ªa ser el principio de su enderezamiento.