Fiasco ecol¨®gico

EL JUICIO sobre la muerte de 20.000 aves en las zonas aleda?as al parque nacional de Do?ana durante el verano de 1986 ha derivado en un fiasco ecol¨®gico. No s¨®lo no ha podido determinarse si el desastre fue obra del hombre o mero producto del azar. Tampoco -y ello es, si cabe, m¨¢s grave- ha podido saberse la causa exacta que lo desencaden¨®. Que un atentado tan grave al equilibrio ecol¨®gico del parque de Do?ana haya quedado impune y que no se sepa ni siquiera c¨®mo pudo ocurrir es m¨¢s que frustrante. Tal desenlace pudiera subliminalmente inducir a que sucesos parecidos puedan repetirse en el futuro si finalmente su coste penal y pol¨ªtico queda reducido a nada.No se trata de poner en cuesti¨®n la actuaci¨®n judicial en el proceso. Ante la falta de pruebas no hab¨ªa otra salida que la absoluci¨®n de los acusados. Pero ni siquiera la ausencia de responsabilidad penal en lo sucedido es especialmente relevante. ?sta es una de las opciones de todo juicio desarrollado conforme a las reglas del derecho. S¨ª es, en cambio, relevante que la oscuridad siga envolviendo las causas de un suceso acaecido hace seis a?os y que la investigaci¨®n judicial apenas haya servido para aclarar nada. El diagn¨®stico sigue siendo el mismo que apunt¨® a ra¨ªz del desastre el entonces consejero de Agricultura de la Junta de Andaluc¨ªa: la masiva mortandad de aves se deber¨ªa a una "enfermedad desconocida". La diferencia es que lo que entonces pudo ser interpretado como una for ma de salir del paso ante una situaci¨®n comprometida hoy se torna en un verdadero chasco.

Quiz¨¢ el decepcionante resultado del que ha sido calificado como "el juicio por delito ecol¨®gico m¨¢s importante del pa¨ªs" deba imputarse al err¨®neo planteamiento del mismo por parte de las asociaciones ecologistas que lo promovieron. Es cierto que, gracias a su iniciativa, el desastre ecol¨®gico abatido sobre Do?ana en el verano de 1986 no qued¨® acallado y que se abri¨® la posibilidad de investigarlo y de establecer las responsabilidades pertinentes, lo cual no es poco. Pero el car¨¢cter unidimensional de la acci¨®n judicial emprendida, centrada exclusivamente en los arroceros de la zona y en la actuaci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa, se ha revelado, a la postre, inoperante: no s¨®lo no ha podido demostrarse su responsabilidad en lo sucedido, sino que se han cegado otras v¨ªas de posible culpabilidad que en el juicio se han revelado como m¨¢s veros¨ªmiles. El juicio ha servido para que la opini¨®n p¨²blica tome conciencia del deterioro ecol¨®gico que se cierne sobre Do?ana, pero los intereses que lo propician han salido indemnes.

Efectivamente, al tiempo que la justicia no considera "explicaci¨®n satisfactoria" del desastre el vertido clandestino de 752 kilos de pesticidas organof¨®sforados en una zona de 34.000 hect¨¢reas y distanciada de Do?ana hasta 70 kil¨®metros en algunos puntos, estima m¨¢s llamativo, sin embargo, el manejo negligente de las aguas en uno de los principales focos de mortandad de aves -el Lucio del Cangrejo Grande, propiedad de la asociaci¨®n privada conservacionista Fundaci¨®n Blanc-, que produjo "un alto riesgo de botulismo". No ha podido demostrarse judicialmente una relaci¨®n de causa a efecto entre esa actuaci¨®n y el desastre ecol¨®gico, pero el juez "cree" hallarse ante unos comportamientos oscuros y extra?os e "intuye" que son debidos al inter¨¦s de la Fundaci¨®n Blanc en obtener para uno de sus proyectos una determinada subvenci¨®n de la CE. Para ver si es posible aclararlos m¨¢s, el juez ha decidido remitir las actuaciones al ministerio fiscal.

En todo caso, la actuaci¨®n administrativa de los responsables de la Junta de Andaluc¨ªa no ha quedado bien parada a lo largo del proceso. El juez no ha podido por menos de llamar la atenci¨®n sobre los problemas de control que plantean la diversidad de organismos que tienen competencias sobre Do?ana. Pues si bien no se ha demostrado que los pesticidas prohibidos hayan sido la causa del desastre, es obvio que su uso fue irregular. Del mismo modo es inconcebible que "tampoco se actuara con rigor contra particulares que, en el ejercicio de actividades individuales no autorizadas, manejan a su antojo el sistema h¨ªdrico".