Los promotores de la reforma de la Administraci¨®n atribuyen su fracaso a Guerra y Solchaga
Ha sido el punto m¨¢s negro del balance de los diez a?os de Gobierno socialista. El propio Felipe Gonz¨¢lez, lo ha dicho: "Mi mayor frustaci¨®n es contemplar la falta de capacidad de respuesta de la Administraci¨®n a problemas que podr¨ªan ser resueltos si no hubiese esas r¨¦moras en el funcionamiento del aparato administrativo". El ex secretario de Estado de la Administraci¨®n, Te¨®filo Serrano, y el ex director general de la Inspecci¨®n, Javier Valero, apuntan doble responsabilidad, pol¨ªtica y administrativa, en el fracaso, y destacan la inhibici¨®n del ex vicepresidente Alfonso Guerra y del ministro de Econom¨ªa, Carlos Solchaga. Valero es rotundo al afirmar: "El principal problema de la Administraci¨®n son sus directivos.
Tanto Varela como Serrano apuntan al Ministerio de Hacienda y a la Ia tradici¨®n juridicista y reglamentista de los directivos de la. Administraci¨®n" como causas principales del fracaso, aunque Serrano a?ade otro nombre, el del responsable de la comisi¨®n de subsecretarios hasta enero de 1991: Alfonso Guerra.Los dos interpretan que la denuncia de Felipe Gonz¨¢lez se refiere a cosas muy concretas: el deficiente funcionamiento de, los servicios de Correos y Telef¨®nica, las listas de espera de la Sanidad y la lentitud de la Justicia. "Eran y siguen siendo los puntos negros de la Administraci¨®n", dice Valero. Gonz¨¢lez es especialmente sensible al mal funcionamiento de los servicios y, por si fuera poco, los propios corresponsales extranjeros le recuerdan frecuentemente el mal funcionamiento de las comunicaciones en Espa?a.
Sin embargo, la reforma de la Administraci¨®n no es imposible, se?ala Te¨®filo Serrano, que recuerda c¨®mo, en la segunda mitad de los ochenta, se consigui¨® reducir sensiblemente el tiempo de cobro de las pensiones de la Seguridad Social. Para ese momento, el Gobierno ya hab¨ªa aprendido que es imposible hacer una reforma global de la Administraci¨®n por decreto", se?ala Serrano. La Ley de la Funci¨®n P¨²blica, aprobada en 1984, siendo Javier Moscoso ministro de la Presidencia, lo puso de relieve.
Javier Valero destaca que esa ley sirvi¨® "para finalizar con los compartimentos estancos de la Administraci¨®n y racionalizar la oferta de empleo p¨²blico", pero ''su puesta en pr¨¢ctica fue un cors¨¦ a las necesidades de reconocimiento de la singularidad de cada organizaci¨®n de la Administraci¨®n". El aluvi¨®n de cr¨ªticas que tuvo la ley y la constataci¨®n de que la reforma de la Administraci¨®n era muy compleja repleg¨® a Felipe Gonz¨¢lez, a?ade Valero.
En ese momento entra Joaqu¨ªn Almunia, al que Gonz¨¢lez concede un ministerio espec¨ªfico, de las Administraciones P¨²blicas, y ya no se plantea una reforma global de la Administraci¨®n sino de sus organizaciones, de manera gradual, y el t¨¦rmino "reforma" es sustituido por uno m¨¢s modesto, la "modernizaci¨®n". "La reforma de la Administraci¨®n es permanente y no tiene un final", dice Serrano, como conclusi¨®n de la experiencia anterior. La Administraci¨®n crea sus propias auditor¨ªas, m¨¢s de 50, y los impulsores de la reforma pretenden "m¨¢s autonom¨ªa y menos control" en las organizaciones de la Administraci¨®n.
Serrano, Valero y otros directores generales, con el respaldo de Almunia, ponen en marcha unas experiencias-piloto de reforma en algunas de las organizaciones de la Administraci¨®n: en la Secretar¨ªa General de Turismo, en el Consejo Superior de Deportes, en el Instituto Nacional de Metereolog¨ªa y en el Instituto Geogr¨¢fico Nacional, en la tramitaci¨®n del carn¨¦ de conducir. Pero s¨®lo funciona en el Consejo Superior de Deportes y en Tr¨¢fico, gracias al entusiasmo de sus titulares, Javier G¨®mez Navarro y Miguel Mu?oz, seg¨²n recuerdan Serrano y Valero, y se consiguen algunos ¨¦xitos parciales en otras organizaciones, como la agilizaci¨®n en el cobro de las pensiones.
Pero la reforma vuelve a tropezar. Serrano y Valero recuerdan que el ministro Almunia no consigue su objetivo de tener la llave del dinero para llevar adelante la reforma. El ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Carlos Solchaga, y su secretario de Estado, Jos¨¦ Borrell, se oponen.
Tropiezo definitivo
Solchaga pide a Almunia que presente planes concretos a los que el Ministerio de Hacienda responder¨¢, pero esos planes parciales son, a su vez, recortados. "Borrell, como controlador del gasto no quiso ceder un ¨¢pice de poder y, finalmente, sus directivos no se implicaron en la reforma", dice Valero. Tampoco hay una cobertura pol¨ªtica en la comisi¨®n de subsecretarios que preside Alfonso Guerra hasta dimitir en enero de 1991, recuerda Serrano.
Valero sit¨²a en la actitud de los directivos la clave ¨²ltima del fracaso: "El principal problema de la Administraci¨®n son sus directivos. Hay una tradici¨®n juridicista y reglamentista en la que el cumplimiento de la norma es la ¨²nica Finalidad cuando deb¨ªa ser un instrumento para conseguir unos servicios accesibles a los ciudadanos. Hab¨ªa que cambiar esta cultura y ha faltado liderazgo pol¨ªtico para ello. El problema es que ahora no tiene credibilidad la reforma porque quienes han hecho los proyectos saben que tienen escasas competencias para llevarlos a cabo".
Nueva tentativa al final del decenio
Pese a su fracaso en el empe?o de reformar la Administraci¨®n, el Gobierno del PSOE inici¨® una nueva tentativa al final del decenio, tras el ¨²ltimo reajuste del Ejecutivo en marzo de 1991. La nueva fase que protagoniza el ministro para las Administraciones P¨²blicas, Juan Manuel Eguiagaray, empez¨® con buen pie, a juicio del ex director general de la Inspecci¨®n, Javier Valero. "Cont¨® con la cobertura pol¨ªtica que le dio un acuerdo de Consejo de Ministros y consigui¨®, en noviembre de 1991, un pacto con los sindicatos, pero ha vuelto a tropezar con el Ministerio de Hacienda que, adem¨¢s, en un momento de recesi¨®n econ¨®mica no est¨¢ dispuesto a grandes desembolsos", se?alan altos cargos de la Administraci¨®n actual.En estos momentos, el Ministerio para las Administraciones P¨²blicas -descartada una reforma global de la Administraci¨®n- est¨¢ empe?ado en llevar adelante un Plan para la Modernizaci¨®n, consistente en 203 medidas concretas, repartidas por ministerios, y destinadas a la mejora de servicios, as¨ª como una Ley de Organizaci¨®n de la Administraci¨®n, que se prev¨¦ vea la luz para la primavera.
El Plan de Modernizaci¨®n, que est¨¢ previsto que culmine en la primavera de 1995, arroja hasta el momento resultados desiguales. Pese a la recesi¨®n econ¨®mica, el grueso del plan contin¨²a, seg¨²n anunci¨® el ministro para las Administraciones P¨²blicas poco antes de la Navidad.
Sin embargo, desde la Administraci¨®n se concede mayor importancia a la Ley de Organizaci¨®n. Javier Valero cree que esta ley es "la pieza m¨¢s importante" porque "con ella se instrumentan las competencias y mecanismos para llevar adelante la direcci¨®n por objetivos e ir rompiendo con la cultura juridicista de la Administraci¨®n". El proceso se ha ralentizado tras el par¨®n de la Ley del Gobierno el pasado mes de junio en la Comisi¨®n de Subsecretarios.
Esta ley, cuya pretensi¨®n era separar las responsabilidades del Gobierno de las de la Administraci¨®n, y presentada por el Ministerio para las Administraciones P¨²blicas en mayo naufrag¨®, una vez m¨¢s, por la oposici¨®n del Ministerio de Hacienda. "La p¨¦rdida de poder de Hacienda y el aumento del papel de la Vicepresidencia que conllevaba la ley, est¨¢n en la base de esa oposici¨®n", se?alan fuentes de la actual Administraci¨®n.
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