La competitividad industrial, los sindicatos y el Gobierno

La industria espa?ola atraviesa por una mala etapa. Su producci¨®n y sus inversiones se encuentran pr¨¢cticamente paralizadas desde hace tres a?os. Conviene, por ello, analizar en qu¨¦ medida esta situaci¨®n es un reflejo de sus debilidades competitivas y en qu¨¦ grado ha podido contribuir a acentuarlas, precisamente cuando ha de afrontar con m¨¢s intensidad el reto que suponen el Mercado ¨²nico Europeo y la Uni¨®n Europea. Conviene, asimismo, reflexionar acerca de la incidencia que sobre su estado actual han tenido la pol¨ªtica econ¨®mica seguida en los cuatro ¨²ltimos a?os y los comportamientos del Gobierno, los empresarios y los sindicatos.Medida por su cuota de participaci¨®n en la oferta mundial de productos, la competitividad de las manufacturas espa?olas ha experimentado un considerable incremento en los 26 a?os comprendidos entre 1966 y 1992. En efecto, la participaci¨®n en las exportaciones de los pa¨ªses desarrollados representados en la OCDE se ha multiplicado por 2,87. desde 1966, alcanzando en 1992 un porcentaje de 2,3, que probablemente es muy similar al que representa su producci¨®n respecto al mismo conjunto de pa¨ªses. En el mismo periodo, el valor a?adido respecto a las manufacturas de la CE ha pasado de un 4,6% a un 7,5%, lo que supone un considerable aumento.

Esta evoluci¨®n ha sido posible por una convergencia en los niveles de productividad del trabajo con los pa¨ªses m¨¢s desarrollados, y, en concreto, con los comunitarios. En 1966, la productividad obtenida en las manufacturas espa?olas era un 57,3% de la media comunitaria, mientras que en 1992 era ya de un 91,1%. Este acercamiento ha permitido compatibilizar aumentos en los salarios espa?oles, medidos en moneda com¨²n, con un mantenimiento de inferiores costes laborales por unidad de producto.

Esto no quiere decir que no existan problemas de competitividad. Se manifiestan en su inferior productividad respecto a la media comunitaria, principalmente atribuible a las ramas m¨¢s tradicionales, m¨¢s controladas por el capital aut¨®ctono y m¨¢s pobladas por peque?as empresas. Y, sobre todo, en la reducida tasa de cobertura del comercio exterior, en gran medida imputable al comportamiento de las ramas m¨¢s intensivas en tecnolog¨ªa y m¨¢s controladas por el capital extranjero.

En el acercamiento a la media comunitaria de los niveles de productividad del trabajo obtenidos en nuestras manufacturas ha sido clave el periodo 1985-1988, de considerable expansi¨®n de la demanda y la producci¨®n en Espa?a. En cambio, en los a?os transcurridos desde el final de esta etapa se ha mermado su posici¨®n comparativa en cuanto a productividad.

Evoluci¨®n coyuntural

Pero, en mi opini¨®n, resulta claro el car¨¢cter fundamentalmente coyuntural de esta evoluci¨®n: el acercamiento a la media comunitaria en los niveles de productividad del trabajo obtenidos en nuestras manufacturas -como el aumento en la cuota de la producci¨®n a que ha dado lugar- ha seguido una pauta temporal proc¨ªclica: ha sido muy intenso en las fases expansivas y, con frecuencia, se ha transformado en retroceso en las fases recesivas. Ello ha sido la expresi¨®n de un crecimiento de la demanda sujeto a oscilaciones c¨ªclicas m¨¢s acentuadas, consecuencia de nuestro menor nivel de renta per c¨¢pita y de nuestra mayor tendencia a los desequilibrios de comercio exterior y precios. En cambio, las fases recesivas han impulsado las exportaciones, haci¨¦ndoles ganar peso en las de la OCDE, como ha ocurrido en los tres ¨²ltimos a?os.La disminuci¨®n relativa de la productividad de la industria espa?ola que ha tenido lugar de 1988 a 1992 ha tendido a encarecer sus costes relativos y, por consiguiente, a reducir su competitividad. Para mantenerla, habr¨ªa sido necesario contrarrestar esta tendencia a la baja de la productividad, con un menor crecimiento relativo de los salarios.

Sin embargo, los salarios respecto a la CE aumentaron de un 67% a un 73,6% de 1988 a 1992. Por consiguiente, los productos espa?oles tendieron a encarecerse, como, por otra parte, indican tanto la evoluci¨®n de los costes laborales nominales unitarios, medidos en moneda com¨²n, como la de los precios, tambi¨¦n medidos en moneda com¨²n.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que los precios son s¨®lo uno de los diversos factores de competitividad. La calidad y otros aspectos de diferenciaci¨®n del producto son tambi¨¦n importantes. De otra forma, no se explicar¨ªa que la industria espa?ola pudiera tener problemas de competitividad con unos costes laborales por unidad de producto un 16,6% inferiores a la media de la CE. S¨®lo admitiendo que una menor productividad del capital diera lugar a un mayor coste unitario de ¨¦ste, cabr¨ªa seguir pensando en los costes como el factor principal de competitividad. Adem¨¢s, algunos estudios realizados muestran una escasa sensibilidad de las exportaciones espa?olas a los precios relativos en productos donde las posibilidades de diferenciaci¨®n son elevadas. Por ¨²ltimo, en coyunturas de infrautilizaci¨®n de las instalaciones productivas, como la actual, los costes medios son un mal indicador de la capacidad de competir en precios, porque los costes marginales son sensiblemente inferiores a ellos.

Por otra parte, el incremento relativo de los salarios se?alado anteriormente se debi¨® en un 50% a la evoluci¨®n de los tipos de cambio. En efecto, cuando expresamos los salarios relativos en moneda com¨²n, el crecimiento puede deberse al alza de salarios espa?oles o a la apreciaci¨®n de la peseta, que hace valer m¨¢s el salario espa?ol. Pues bien, en el caso de Espa?a ambas cosas han influido por igual. No obstante, las dos devaluaciones realizadas recientemente han tendido a corregir la incidencia de la segunda de ellas, sin que su efecto se deje ver a¨²n con claridad en los datos medios correspondientes al a?o 1992.

Ahora bien, ?significa lo que acabamos de decir que no ha habido alza salarial al margen de la derivada de la apreciaci¨®n de la peseta, o que ¨¦sta ha sido reducida? En absoluto. Los costes laborales reales unitarios han ascendido de 1988 a 1992 10 cent¨¦simas, pr¨¢cticamente como lo hicieron de 1970 a 1975. Esto quiere decir que el productor ha debido dar 10 c¨¦ntimos m¨¢s a los asalariados por cada peseta ingresada, en s¨®lo cuatro a?os. La raz¨®n de ello reside en que las fuertes subidas de los salarios en la industria no han podido ser seguidas ni por la productividad, que aumentaba a un ritmo mucho menor, ni por los precios de los productos, sometidos a la disciplina impuesta por la competencia exterior, y ya bastante afectados por la apreciaci¨®n de la peseta.

Dos periodos

Lo que diferencia sustancialmente el periodo transcurrido de 1988 a 1992 del comprendido entre 1970 y 1975 es que, en este ¨²ltimo, los salarios y los precios espa?oles crecieron mucho m¨¢s que los del resto de los pa¨ªses comunitarios, mientras que de 1988 a 1992 la desviaci¨®n ha sido muy inferior.Pero la consecuencia obvia del alza de costes laborales para el empresario es que su excedente bruto de explotaci¨®n se ha reducido dr¨¢sticamente, y con ¨¦l su ahorro y sus inversiones. De nuevo, la diferencia con el periodo 1970-1975 es que esto no s¨®lo ha ocurrido en Espa?a, sino tambi¨¦n en el resto de los pa¨ªses comunitarios, aunque en alguna medida, y sin que ello pueda servir de consuelo.

As¨ª, pues, en los ¨²ltimos a?os, m¨¢s que la posici¨®n competitiva de las empresas manufactureras espa?olas, se ha visto da?ada su capacidad para fortalecerla a corto y medio plazo, debido a la reducci¨®n de los excedentes empresariales que las alzas salariales han provocado, que han limitado la inversi¨®n industrial, y con ella, las posibilidades de aumento de la productividad. El incremento de los costes financieros de las empresas ha contribuido al mismo hecho, al mermar la rentabilidad de los recursos propios.

Ahora bien, ?las elevaciones salariales son un simple reflejo de la irresponsabilidad de los sindicatos, como a menudo parece creer y dar a entender el Gobierno? En mi opini¨®n, encuentran una justificaci¨®n no despreciable en el importante alza del precio de los servicios, principal causante de los incrementos del IPC con los que se indician los salarios industriales. Adem¨¢s, el aumento en el precio de los servicios grava directamente los costes de las empresas industriales que los consumen, y reduce su valor a?adido por unidad de producci¨®n en pesetas corrientes.

Este encarecimiento de los servicios deriva, de una parte, de una elevada presi¨®n de la demanda sobre la oferta disponible; de otra, de excesivas regulaciones sobre sus mercados, que favorecen el que tales presiones se traduzcan en aumento de los excedentes empresariales, y, finalmente, del estancamiento de los niveles de productividad del trabajo que obtienen.

La din¨¢mica del sector servicios aporta, pues, abundantes rigideces al conjunto de la econom¨ªa, y obliga a prolongar y aumentar las medidas restrictivas para corregir los desequilibrios, dando lugar a una excesiva desaceleraci¨®n de la demanda. Al limitar los avances de la productividad industrial, esta desaceleraci¨®n perjudica, tanto o m¨¢s que las elevaciones salariales, la capacidad competitiva de las empresas.

Responsabilidades

Resulta clara, por lo dem¨¢s, la responsabilidad de las autoridades econ¨®micas en la evoluci¨®n que ha caracterizado al sector servicios. Son limitados, sus resultados en el control de la demanda, en gran parte por su poca capacidad de control del gasto p¨²blico y la ausencia de una pol¨ªtica decidida contra el fraude fiscal. Y a ello se une la inexistencia de una pol¨ªtica decidida de desregulaci¨®n de los mercados de servicios, as¨ª como un mal funcionamiento de las empresas y administraciones p¨²blicas, oferentes de una parte relevante de ellos.Por otra parte, tanto al Gobierno como a sindicatos y empresarios cabe responsabilizar de la ausencia de una pol¨ªtica industrial activa. Dirigi¨¦ndola, sobre todo, a favorecer la informaci¨®n (orientaci¨®n) y modernizaci¨®n de las peque?as y medianas empresas, habr¨ªa favorecido un aumento de la productividad de la industria, que en alguna medida habr¨ªa compensado las subidas salariales y habr¨ªa ofrecido una v¨ªa de justificaci¨®n para las peticiones de moderaci¨®n salarial.

Y es que junto a la moderaci¨®n salarial, que constituye la ¨²nica receta que recomienda el Gobierno, es necesario situar la productividad. Nada asegura la relaci¨®n mec¨¢nica, sobre todo en el ¨¢mbito de las peque?as y medianas empresas, entre mayores excedentes empresariales -derivados de controles salariales- e incrementos de productividad.

Por cierto, que el Gobierno ni siquiera apuesta seriamente, en la pr¨¢ctica, por la moderaci¨®n salarial, s¨®lo conseguible con una mejor relaci¨®n con los sindicatos. Su despreocupaci¨®n es, desde luego, similar a la que posee por el aumento de la productividad, s¨®lo alcanzable con una mayor preocupaci¨®n por los empresarios, y una mejor relaci¨®n con ellos.

Una pol¨ªtica industrial decidida a modernizar el tejido industrial de un pa¨ªs que en pocos a?os ha acometido un proceso de apertura al exterior de enorme envergadura no s¨®lo habr¨ªa favorecido el aumento en la productividad, sino que habr¨ªa contenido en cifras m¨¢s moderadas el d¨¦ficit del comercio exterior. A¨²n es tiempo.