"El decreto contra el Alfil es correcto"

Jos¨¦ Mario Corella, madrile?o, de 61 a?os, lleg¨® al Ayuntamiento de Madrid tras pasar por los de Cabeza de Buey (Badajoz), Osuna (Sevilla) y Aranda de Duero (Burgos). La diferencia era tan abismal que hasta le cambi¨® el nombre. En los pueblos era don Jos¨¦, y en Madrid, don Mario.

Pregunta. ?C¨®mo est¨¢ la salud legal del Ayuntamiento?

Respuesta. La misma de siempre. Es decir, que no siempre hacemos las cosas bien. Donde hay 20.000 funcionarios, unos trabajan mejor y otros peor. El problema de la legalidad recae m¨¢s en la actuaci¨®n de los funcionarios que en la de los pol¨ªticos. Muchas veces, los funcionarios hacemos meter la pata a los pol¨ªticos.

P. Pero quiz¨¢ porque los pol¨ªticos se precipitan.

R. Ocurre por apresuramiento, por falta de medios o por ganas de satisfacer al pol¨ªtico. Lo que hay que hacer es orientarle bien. Muchas veces se puede conseguir lo que quiere el pol¨ªtico, pero por otros caminos que comportan un poco m¨¢s de tiempo, pero est¨¢n dentro de la legalidad.

P. El gobierno municipal est¨¢ recurriendo bastante a usted.

R. Estoy siendo, quiz¨¢, demasiado apagafuegos. Vienen a consultarme cuando han provocado el incendio en vez de hacerlo antes de que el incendio se declare. L¨®gicamente, lo que deber¨ªan hacer es preguntar: "Oye, quiero hacer esto, vamos a ver c¨®mo lo hago", en vez de: "Hago esto, y ahora justif¨ªcamelo t¨² jur¨ªdicamente".

P. El caso del teatro Alfil. ?El decreto de cierre de ?ngel Matanzo era correcto?

R. El decreto de suspensi¨®n de la actividad era jur¨ªdicamente correcto. El teatro Alfil ten¨ªa una licencia de actividad para teatro y despu¨¦s hace unas obras para convertirlo en caf¨¦teatro y atraer al p¨²blico con un aliciente complementario. Hace las obras, solicita la licencia de actividad sin cumplir los requisitos y sin aportar la documentaci¨®n exigida, inicia la actividad. Entonces, se dicta el decreto de suspensi¨®n -bien dictado- y se advierte que si no se paraliza la actividad [la de madrugada], se puede precintar.

P. Pero el alcalde lo anula.

R. Lo que ha hecho el alcalde es suspender la ejecutividad del decreto hasta tanto se aporte toda la documentaci¨®n. S¨ª no se aporta la documentaci¨®n, recobra su fuerza el decreto.

P. ?No hay demasiados -tr¨¢mites para abrir un local?

R. Seguramente, pero tampoco es tan dif¨ªcil. Tenernos una ordenanza de tramitaci¨®n de licencias, en la que se modificaron los plazos en favor del administrado, que fija todos los requisitos que se deben cumplir, los m¨ªnimos para que no ocurra lo de Alcal¨¢ 20 [m¨¢s de 80 muertos en el incendio de la discoteca, en 1983], que es uno de los problemas que subyacen en cualquier decisi¨®n. Si esa documentaci¨®n se presenta, no hay problema. Lo que ocurre es que los servicios municipales est¨¢n separados unos de otros y, adem¨¢s, 21 juntas de distrito acuden simult¨¢neamente a Protecci¨®n Civil para que realice la inspecci¨®n correspondiente, y no tienen capacidad suficiente. Por eso los tr¨¢mites se van retrasando, y el administrado que ha invertido se pone nervioso y decide abrir antes de lo debido. Entonces, cuando se comprueba que no es legalizable porque est¨¢ mal hecho, viene el precinto.

P. Una concejal del PP ejecut¨® un precinto con una chapa en la puerta. ?Se puede precintar tapiando con ladrillos?

R. Pues seguramente s¨ª, siempre que se manifieste porque esta puerta ha sido tapiada. Aunque habr¨ªa que analizarlo despacio porque todos estamos sometidos a la interpretaci¨®n de los juzgados y alg¨²n juez pudiera pensar que esa forma de precintar comporta coacci¨®n.

P. No acaba si el silencio administrativo es positivo o negativo.

R. La teor¨ªa es larga y compleja. La doctrina del silencio administrativo positivo nace para actos de constataci¨®n de circunstancias de hecho, como las licencias, donde la Administraci¨®n tiene la facultad de comprobar si aquello est¨¢ correctamente hecho. Pero la doctrina del Supremo es que nunca por silencio administrativo puede obtenerse algo que no hubiera podido obtenerse expresamente [por ser ilegal, por ejemplo]. Esto comporta permanentes pleitos porque el administrado siempre entender¨¢ que tiene la licencia por silencio, y la Administraci¨®n intentar¨¢ demostrar lo contrario; porque aquello no lo pudo conceder expresamente.

P. Cit¨® Alcal¨¢ 20, como un fantasma que flota en el Ayuntamiento, pero el juez no conden¨® a ning¨²n concejal.

R. Todav¨ªa est¨¢ sin juzgar el hecho. Hay una no inculpaci¨®n por parte del ministerio fiscal, pero, como existen otros acusadores, hasta que la juez no dicte sentencia, no sabremos nada.

P. Tambi¨¦n tuvo que intervenir en el proceso de privatizaci¨®n de la funeraria, que el Partido Socialista tiene intenci¨®n de llevar a los tribunales.

R. Yo siempre he partido de la base de que no estoy en posesi¨®n de la verdad, que he asesorado a todos los gobiernos en la medida de mi leal saber y entender y que si el tribunal dice que he metido la pata, la he metido.

P. ?Qui¨¦n puede impedir una alcaldada, el secretario o la oposici¨®n?

R. La oposici¨®n, sin duda. El secretario, la mitad de las veces, se entera tarde.