La gran mascarada

YA EST? bien de comedia. Las empresas del grupo KIO en Espa?a han originado la mayor suspensi¨®n de pagos de la historia de este pa¨ªs, la querella por motivos econ¨®micos m¨¢s espectacular jam¨¢s presentada en los juzgados y la crisis industrial y laboral m¨¢s preocupante de los ¨²ltimos a?os. Y, sin embargo, nadie es responsable de ella. ?Nadie? S¨ª: el Gobierno, los kuwait¨ªes, la crisis econ¨®mica, la guerra del Golfo y un largo etc¨¦tera hasta llegar casi al Papa de Roma. Esto es, todo el mundo en primera instancia, y s¨®lo en ¨²ltimo lugar y de pasada el equipo que gestion¨® el grupo empresarial en el ¨²ltimo lustro, encabezado por Javier de la Rosa.Al menos as¨ª parece desprenderse de la lectura de lo declarado en los ¨²ltimos d¨ªas por diversos dirigentes del Partido Popular, el presidente de la patronal, la prensa sensacionalista y -lo que resulta m¨¢s l¨®gico y coherente- el propio De la Rosa, en un fuego dial¨¦ctico cruzado que converge en una clara maniobra de dispersi¨®n de la responsabilidad principal hacia agentes econ¨®micos, entidades o administraciones cuyos errores, incumplimientos o falta de vigilancia, sin ser leves, constituyen en todo caso una responsabilidad derivada.

El Partido Popular ha amenazado con una querella criminal por prevaricaci¨®n contra el presidente del Gobierno, salvo que el Grupo Socialista se avenga a crear una comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n. Fatal medio para perseguir un fin conveniente. Los 81.000 millones de ayudas p¨²blicas directas o indirectas concedidos a las empresas de KIO y el cumplimiento o no de la legislaci¨®n vigente merecen una explicaci¨®n y, en su caso, una investigaci¨®n parlamentaria. Pero para conseguirlo resulta procedimentalmente at¨ªpico e institucionalmente disolvente enarbolar, a modo de chantaje, la amenaza de una querella. Si el PP tiene datos sobre una presunta actuaci¨®n delictiva del Gobierno, debe llevarlos al juzgado, independientemente de que reclame las. responsabilidades pol¨ªticas pertinentes en el ¨¢mbito parlamentario. En caso contrario, est¨¢ obstruyendo la actuaci¨®n de la justicia o incurriendo en acusaciones calumniosas.

El presidente de la patronal, Jos¨¦ Mar¨ªa Cuevas, ha salido en apoyo de estas posiciones arguyendo que el Gobierno no debe despachar las amenazas de querella con comentarios chuscos o amenazadores, porque el Ejecutivo ha sido poco riguroso con las inversiones de KIO. Cuevas pretende as¨ª erigirse en juez, quiz¨¢ creyendo que todo el mundo ha olvidado su condici¨®n de parte en el litigio: el dirigente patronal ostenta la condici¨®n de consejero de la compa?¨ªa Sarri¨®, y lo fue durante un tiempo de Torraspapel, antigua cabecera industrial del grupo Torras, portaestandarte de las inversiones de KIO en Espa?a.

Los hechos econ¨®micos del asunto se concretan en una volatilizaci¨®n de inversiones por una cuant¨ªa cercana al medio bill¨®n de pesetas, una suspensi¨®n de pagos de 250.000 millones (entre otras), unas crisis industriales en cadena y un grave peligro para 35.000 empleos directos y el doble de indirectos. Por m¨¢s que la espantada de KIO de su actividad inversora haya contribuido a agravar estos problemas, y por m¨¢s que su evidente torpeza en el replanteamiento de su actividad en Espa?a los haya multiplicado, los problemas, surgieron con anterioridad, por el vaciado de activos de las empresas y la fren¨¦tica actividad especulativa en Bolsa. Los incumplimientos de los actuales directivos kuwait¨ªes, el defecto de celo en la vigilancia del Gobierno espa?ol y en algunas de sus instituciones son problemas a?adidos a dilucidar. Hay que poner a los responsables de estos organismos frente a sus responsabilidades. Pero ¨¦stas vienen despu¨¦s o se producen a causa de una gesti¨®n at¨ªpica.

Despu¨¦s est¨¢ la cuesti¨®n judicial. En su querella, KIO imputa a Javier de la Rosa y sus colaboradores haberse beneficiado en m¨¢s de 50.000 millones de pesetas mediante los presuntos delitos de estafa, falsedad y maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas -entre otros-, y denuncia la pura y simple evaporaci¨®n de otros 70.000 millones. El financiero responde que todas sus actuaciones fueron legales y aprobadas por los pertinentes consejos de administraci¨®n. Corresponde al juez admitir o no a tr¨¢mite la querella. Adem¨¢s, deben aclararse, si existen, los blindajes practicados: si los antiguos gestores kuwait¨ªes eximen a los espa?oles y viceversa. Es decir, la verdad profunda de lo ocurrido con las inversiones de KIO en Espa?a.

Pero en caso de haberse producido algunas -o todas- de esas irregularidades, sus primeros responsables no son otros que los gestores y, en su caso, algunos consejeros del equipo anterior. Lo que es ins¨®lito es poner la carreta antes que los bueyes y representar una mascarada.