Abyecta barbarie institucional

Igual que hace tres a?os un crimen perpetrado por militares profesionales, en este caso salvadore?os -el asesinato del padre Ignacio Ellacur¨ªa y sus compa?eros jesuitas-, repugn¨® crudamente a nuestra sensibilidad militar, una vez m¨¢s llega a nuestro conocimiento, aunque con retraso, otro episodio abominable protagonizado por militares, en este caso, guatemaltecos. Episodio que viene a sacudir nuestras conciencias, salpic¨¢ndolas de verg¨¹enza ajena, aunque tal verg¨¹enza no pueda resultarnos demasiado ajena para quienes somos colegas profesionales de ciertos criminales uniformados, y aunque, en casos como ¨¦stos, la palabra colegas se nos caiga de la boca, escupida por la repugnancia y la indignaci¨®n.Rigoberta Mench¨², la india quich¨¦ guatemalteca reciente premio Nobel de la Paz, en el libro You can't drown the fire: Latin American women writing in exile, publicado en Estados Unidos, da amargo testimonio de la represi¨®n sufrida por su pueblo, y m¨¢s concretamente por su propia familia. Dentro del apocal¨ªptico contexto de lo que ha sido la represi¨®n ejercida por militares y terratenientes en aquel peque?o y desgraciado pa¨ªs -el de mayor volumen proporcional de desaparecidos de toda Am¨¦rica en las ¨²ltimas cuatro d¨¦cadas-, esta destacada militante ind¨ªgena, hoy dirigente del Comit¨¦ para la Unidad Campesina desde su exilio en M¨¦xico, da testimonio en la citada publicaci¨®n de los atroces acontecimientos que culminaron tr¨¢gicamente en una negra jornada de 1979.

Nacida en una familia de campesinos muy pobres, durante

largos a?os vio c¨®mo su padre, catequista cat¨®lico, fue perseguido y encarcelado numerosas veces por su militancia desde que, "los terratenientes quisieron quitamos nuestro pedacito de tierra", dice Rigoberta. Dos de sus hermanos hab¨ªan fallecido en la propia plantaci¨®n en la que trabajaban en miserables condiciones. Un d¨ªa, un grupo de hombres armados y encapuchados secuestr¨® a otro de sus hermanos m¨¢s peque?os: 16 a?os. Todos los desesperados intentos familiares de averiguaci¨®n de su paradero resultaron infructuosos. Alg¨²n tiempo despu¨¦s, el Ej¨¦rcito hizo p¨²blico un comunicado informando que hab¨ªa capturado a cierto n¨²mero de guerrilleros, los cuales iban a ser p¨²blicamente castigados para escarmiento general.

He aqu¨ª el testimonio directo de Rigoberta sobre lo acontecido, ante centenares de testigos, en aquella siniestra ocasi¨®n.

"Estuvimos caminando durante todo un d¨ªa y casi una noche para llegar a la ciudad. Cientos de soldados hab¨ªan reunido a la gente para quesiera lo que iban a hacer (con los prisioneros). Poco despu¨¦s, lleg¨® un cami¨®n con 20 personas a las que hab¨ªan torturado de diferentes modos. Entre ellas, pudimos reconocer a mi hermano".

"Llor¨¢bamos, como casi toda la gente lloraba al ver a los torturados. Los militares hab¨ªan arrancado a mi hermano varias partes de su cuerpo: las u?as, las orejas, los labios. Estaba cubierto de heridas y todo hinchado. Entre los prisioneros hab¨ªa una mujer a la que hab¨ªan arrancado parte de los pechos y otras partes de su cuerpo. Un capit¨¢n del Ej¨¦rcito pronunci¨® un largo discurso, explicando que a nosotros nos har¨ªan, lo mismo si nos un¨ªamos a los comunistas".

"Luego explic¨® las distintas formas de tortura que hab¨ªan aplicado a los prisioneros. Al cabo de tres horas, aquel oficial orden¨® a los soldados que los desnudaran, y dijo: 'A¨²n queda una parte del castigo por cumplir'. Orden¨® que los ataran a unos postes. La gente no sab¨ªa qu¨¦ hacer, y mi madre no pod¨ªa dominar su desesperaci¨®n. Ninguno de nosotros sab¨ªa qu¨¦ decirle, como ayudarla a superar aquella situaci¨®n. El oficial orden¨® que rociaran de gasolina a los prisioneros y, uno por uno, les prendieron fuego".

Perd¨®nesenos la larga cita, pero la consideramos justificada, en esta ocasi¨®n, por su contundente valor testimonial sobre unos hechos desarrollados ante tantos testigos oculares, con masivo car¨¢cter p¨²blico por deliberada decisi¨®n de sus perpetradores, en busca de un m¨¢ximo efecto de ejemplaridad. Verdadero auto de fe contempor¨¢neo, con toda su carga multitudinaria y ceremonial, que nos hunde varios siglos en el abismo hist¨®rico de la m¨¢s abyecta barbarie institucional.

Una vez m¨¢s, hemos de subrayar el mismo factor que se?alamos hace ahora tres a?os, a ra¨ªz del asesinato de los jesuitas de la UCA por militares profesionales del Ej¨¦rcito salvadore?o: si los autores de este tipo de cr¨ªmenes fueran bandas de facinerosos civiles, miembros de alguna organizaci¨®n mafiosa o sicarios a sueldo de alg¨²n conocido cartel narcotraficante, nos hallar¨ªamos ante uno de tantos desalmados cr¨ªmenes cometidos por una de tantas organizaciones criminales de las muchas que act¨²an en tan diversos lugares del mundo, al margen de toda ley y toda moral. Pero al ser los autores militares profesionales, hombres de uniforme, jefes u oficiales al mando de tropa, con soldados actuando disciplinadamente bajo la autoridad de aqu¨¦llos y obedeciendo en el acto sus ¨®rdenes concretas -incluida la de torturar con s¨¢dico salvajismo, as¨ª como la de rociar con gasolina y prender fuego a las v¨ªctimas-, este decisivo factor de orden estamental implica por s¨ª mismo un espectacular salto cualitativo, que nos aleja del campo de la criminalidad com¨²n y nos inserta de lleno en el campo de la sociolog¨ªa militar. Y dentro de ¨¦l, en un ¨¢rea mucho m¨¢s acotada: la sociolog¨ªa de la barbarie militar. Es decir, de la criminalidad militar prevista en los c¨®digos penales castrenses de los ej¨¦rcitos civilizados, a cuyos miembros se exige -incluso dentro de la terrible crudeza de la guerra- un comportamiento que incluye unos conceptos del honor y de la disciplina militar incompatibles con la vileza de ciertos actos de naturaleza intr¨ªnsecamente criminal.

Somos conscientes de que logros tan valiosos y tan necesarios como la pacificaci¨®n y una s¨®lida democracia estable para pa¨ªses tan duramente castigados como Guatemala exigen, entre otros problem¨¢ticos requisitos, el alcanzar dif¨ªciles acuerdos entre fuerzas sociales y pol¨ªticas no s¨®lo opuestas, sino, durante muchos a?os, irreconciliables. La reiterada experiencia pr¨¢ctica nos dice que, dentro del conjunto de concesiones mutuas que requieren estos procesos de pacificaci¨®n, se incluye siempre la concesi¨®n -bien amarga, por cierto- de acabar admitiendo ciertos niveles de impunidad -y en no pocos casos la impunidad total- para los cr¨ªmenes represivos cometidos a?os atr¨¢s. Cr¨ªmenes cuyos autores, en su mayor parte, acaban escapando a las duras sanciones que por su conducta merec¨ªan recibir.

Pues bien: incluso admitiendo como inevitable -que ya es admitir- esta dura concesi¨®n, por considerarla incluida en el precio a pagar por el asentamiento de la democracia y la paz, aun as¨ª, incluso asumida ya esa penosa liquidaci¨®n de cuentas pasadas, de una cosa s¨ª estamos seguros: a la luz de la sociolog¨ªa militar m¨¢s elemental, y cara al futuro, la verdadera pacificaci¨®n de aquellos pa¨ªses y su consolidaci¨®n democr¨¢tica nunca ser¨¢ posible mientras sus Fuerzas Armadas no se desembaracen de dos terribles taras, que pesan como losas sobre su mentalidad profesional, precisamenie en dos puntos decisivos de la moral militar.

1. Un err¨®neo concepto del honor, cerradamente corporativista y agudamente desvinculado de los derechos humanos y del respeto debido a la poblaci¨®n civil. Extra?o y desviado concepto que permite a no pocos militares latinoamericanos torturar y asesinar a prisioneros desarmados -muchas veces en calidad de sospechosos de subversi¨®n- sin que su, "honor" se sienta lesionado en absoluto al cumplir este tipo de "misi¨®n" o de "operaci¨®n militar".

2. Un err¨®neo concepto de disciplina basado en la "obediencia debida", entendida ¨¦sta como un deber de obediencia ciega a todo tipo de ¨®rdenes, incluidas las de car¨¢cter criminal. Concepto rechazado expresamente por los c¨®digos militares de los m¨¢s significativos ej¨¦rcitos occidentales -ingl¨¦s, franc¨¦s, alem¨¢n, espa?ol, italiano, etc¨¦tera-, que establecen la desobediencia leg¨ªtima y obligada para aquellas ¨®rdenes cuya ejecuci¨®n implica actos de car¨¢cter delictivo, y que, como tales ¨®rdenes delictivas, no deben darse ni cumplirse jam¨¢s.

Mientras aquellos ej¨¦rcitos y fuerzas de seguridad no se liberen por v¨ªa formativa de estos dos conceptos, tan profundamente arraigados tras varias d¨¦cadas de estudio y aplicaci¨®n de la llamada doctrina de seguridad nacional -conceptos, ambos, propiciadores tanto de intervenciones militares antidemocr¨¢ticas como de todo tipo de quebrantamiento de los derechos humanos en condiciones de m¨¢xima impunidad-, la sociedad civil de aquellas rep¨²blicas seguir¨¢ sinti¨¦ndose amenazada por su respectivo estamento militar, y d¨ªcilmente se alcanzar¨¢n las condiciones de esa paz duradera y estable que todos deseamos para aquella entra?able y sufrida regi¨®n.

Prudencio Garcia es coronel del Ej¨¦rcito y soci¨®logo.