Paz en la guerra (y viceversa)

EL PARTIDO del Gobierno y el primero de la oposici¨®n han establecido una tregua para recomponer el acuerdo sobre el proceso auton¨®mico, muy deteriora do con, posterioridad a la firma por ambas formaciones, hace un a?o, del pacto para la ampliaci¨®n de competencias de las autonom¨ªas llamadas de v¨ªa lenta. Lo que de tranquilizador tiene esa noticia,, en cuanto, indicadora de una actitud responsable por parte de los pol¨ªticos, se vio ayer oscurecido por la difusi¨®n de un discurso del l¨ªder del PNV, Xabier Arzalluz, que pone de relieve la actitud opuesta. El pacto auton¨®mico firmado en febrero de 1992 estableci¨® un mecanismo para, seg¨²n la previsi¨®n constitucional, acercar el nivel competencial de las comunidades de r¨¦gimen com¨²n al de las llamadas hist¨®ricas mediante la asunci¨®n de 32 competencias en principio reservadas al Estado. El acuerdo optaba por la v¨ªa de la delegaci¨®n contemplada en el art¨ªculo 150 -y defendida por los socialistas-, pero admitiendo -como ped¨ªan los populares- que, una vez delegadas, esas competencias quedaran recogidas en los estatutos respectivos mediante la correspondiente reforma. Se buscaba as¨ª, de un lado, evitar un proceso desordenado de reformas unilaterales de cada estatuto, y los correspondientes riesgos de una carrera de emulaci¨®n. Pero tambi¨¦n, de otro, garantizar la ampliaci¨®n competencial mediante su plasmaci¨®n en la norma b¨¢sica de cada comunidad.Apenas firmado, sectores del PP adoptaron posiciones pol¨ªticas que supon¨ªan cuestionar frontalmente el acuerdo. De una parte, dirigentes de ese partido en Arag¨®n se sumaron a iniciativas de los regionalistas del Par a favor de una reforma de su estatuto que incluyese, entre otras novedades, un sistema de financiaci¨®n similar al de los conciertos vascos. Por otra, Fraga consigui¨® comprometer a la direcci¨®n popular en la defensa de su propuesta de administraci¨®n ¨²nica, contradictoria con el criterio constitucional del equilibrio entre las tres administraciones. La ambig¨¹edad persisti¨® incluso despu¨¦s de la aprobaci¨®n, en diciembre pasado, de la ley org¨¢nica que recog¨ªa los acuerdos del pacto. Ahora, PSOE y PP han acordado fijar una fecha l¨ªmite para la reforma de los estatutos y renunciar a cualquier otra iniciativa de reforma.

Es para felicitarse que se haya impuesto el buen sentido porque ambos partidos constituyen los ejes de cualquier f¨®rmula de gobierno previsible en los pr¨®ximos a?os. De esta manera, la continuidad del proceso auton¨®mico, sin aventurerismos, pero tambi¨¦n sin marchas atr¨¢s, queda garantizada frente a eventuales cambios de mayor¨ªa. El sistema auton¨®mico se apoya en un equilibrio entre las diferentes administraciones tendente a evitar que cualquiera de ellas pueda imponerse unilateralmente a las dem¨¢s en perjuicio de los derechos individuales garantizados por la Constituci¨®n. El pacto es, as¨ª, una garant¨ªa contra abusos como el que se derivar¨ªa de la aplicaci¨®n de la doctrina expuesta por Arzalluz en Tolosa, en una de sus peores tardes. El propio orador debi¨® de sentir el v¨¦rtigo de sus palabras cuando advirti¨® que lo que propon¨ªa no era la "limpieza ¨¦tnica". Sin embargo, relacionar los "estudios de sangre realizados" con la existencia de una naci¨®n vasca, y todo ello con la aspiraci¨®n de formar un Estado independiente, se parece bastante a las lucubraciones que est¨¢n detr¨¢s del actual desastre yugoslavo. Su advertencia sobre los ciudadanos ¨¦tnicamente no vascos de Euskadi -acusados de querer "apropiarse del pa¨ªs con sus votos" constituye una amenaza incompatible con los principios democr¨¢ticos. Suele decirse que toda propuesta pol¨ªtica que se defienda por m¨¦todos pac¨ªficos es leg¨ªtima. La impl¨ªcita en el discurso d¨¦ Arzalluz no lo es.