Males cr¨®nicos

LA PRESENTACI?N al Parlamento del informe anual del Defensor del Pueblo se ha convertido en uno de los ritos m¨¢s singulares de la vida p¨²blica espa?ola.La entrega del informe simboliza la rendici¨®n de cuentas de quien tiene el especial encargo de las Cortes Generales, como "alto comisionado" de las mismas, de velar por la defensa de los derechos fundamentales de la persona ante las administraciones p¨²blicas y sus agentes. De ah¨ª su proyecci¨®n social: el informe del Defensor del Pueblo es uno de los pocos diagn¨®sticos fiables sobre la forma de comportarse las administraciones p¨²blicas con los ciudadanos y las deficiencias que lastran su funcionamiento.

Pero a esto parece quedar reducido todo: entrega y recepci¨®n del informe y expectaci¨®n ante su contenido. Despu¨¦s, el silencio y la pasividad del Parlamento. Pocas son las iniciativas que a continuaci¨®n se ponen en marcha para subsanar las deficiencias legales o administrativas que hacen posibles las vulneraciones denunciadas por los ciudadanos. De ah¨ª el contenido reiterativo de los informes del Defensor del Pueblo a lo largo de los a?os: el mismo tipo de quejas, los mismos fallos se?alados, los mismos servicios p¨²blicos denunciados. Lo cual lleva a deducir que algunos comportamientos funcionariales y actuaciones administrativas han degenerado en males cr¨®nicos, ante los que el ciudadano no tiene otra salida que la resignaci¨®n. ?Se deber¨¢ a esta actitud estoica del ciudadano el ritmo decreciente de las quejas que se presentan desde hace dos a?os: de 29.396 en 1990 a 19.713 en 1992?

El problema de fondo es que, aunque se resuelva en muchos casos la queja particular, el mal funcionamiento del servicio y las pr¨¢cticas funcionariales viciadas no se corrigen, provocando a?o tras a?o los mismos reproches ciudadanos, e incluso la desesperaci¨®n del propio Defensor del Pueblo. Es el caso, entre otros, de las quejas por malos tratos formuladas contra agentes policiales, no s¨®lo estatales, sino auton¨®micos y municipales. Su n¨²mero ha descendido -38 en 1991 y'31 en 1992-, pero no se sabe si es porque estas pr¨¢cticas tienden a desaparecer o porque su investigaci¨®n resulta cada vez m¨¢s imposible. A?o tras a?o -¨¦ste tambi¨¦n-, el Defensor del Pueblo no se cansa de pintar el mismo cuadro: desinter¨¦s, obstruccionismo y falta de colaboraci¨®n de los responsables policiales en su esclarecimiento, no adopci¨®n de medidas de suspensi¨®n cautelar contra los agentes denunciados y maniobras paralizantes de los expedientes internos cuando existen procesos judiciales en curso. Y en el informe de este a?o, una pincelada nueva en dicho cuadro: la denuncia por primera vez de una de las pr¨¢cticas policiales al uso m¨¢s vejatorias y denigrantes: el desnudo total del detenido como paso previo a su cacheo en las comisar¨ªas.

Pero tal vez lo m¨¢s inquietante del informe correspondiente a 1992 sea el aumento de los brotes racistas o xen¨®fobos en la sociedad y en la Administraci¨®n, de lo que ser¨ªa muestra el gran n¨²mero de quejas de extranjeros, que ocupan 100 de sus 2.500 p¨¢ginas. Sin duda, la emigraci¨®n econ¨®mica es uno de los fen¨®menos m¨¢s preocupantes del momento, pero ello no justifica el trato displicente o inhumano de quienes huyen de sus pa¨ªses acuciados por el hambre. Es justo lo que el Defensor del Pueblo afirma que se hace en aeropuertos y puertos espa?oles con no pocos emigrantes magreb¨ªes e hispanoamericanos.