Los ciudadanos ya pueden exigir responsabilidades a la Administraci¨®n cuando funcione mal

Los tres meses que se ha tomado la Adminisraci¨®n para entrenarse en una nueva cultura obre su relaci¨®n con el p¨²blico, se ponen a prueba ma?ana, lunes. La ley del R¨¦gimen Jur¨ªdico de las Administraciones P¨²blicas. y el Procedimiento Administrativo Com¨²n ata de finales de noviembre de 1992, pero no entr¨® en vigor hasta el s¨¢bado pasado. A partir de ma?ana, los ciudadanos que acudan a cualquier organismo p¨²blico deber¨ªan comenzar a notar los efectos de esta nueva cultura. Por ejemplo, deber¨¢n saber, sin preguntarlo, el nombre y apellido del funcionario que les atienda, porque deben llevar una placa que les identifique. Y si una deficiente gesti¨®n les causa un perjuicio, tienen derecho a ser indemnizados en el plazo de un mes.

Juan Ignacio Molt¨®, subsecretario de Administraciones P¨²blicas, est¨¢ ronco. Tiene la voz cascada de tanto explicar la ley de R¨¦gimen Jur¨ªdico de las Administraciones P¨²blicas y del Procedimiento Administrativo Com¨²n. Su agenda est¨¢ cargada de viajes a provincias, universidades, seminarios, ayuntamientos, colectivos de funcionarios... a los que ha tratado de inculcar el cambio de cultura que supone la entrada en vigor de una ley que viene a reformar el trato de la administraci¨®n con los ciudadanos.La ley modifica otro texto legal, firmado por Laureano L¨®pez-Rod¨® en 1957, que conced¨ªa a la Administraci¨®n una serie de bulas en su trato con los ciudadanos. Uno de los episodios que ilustran ese trato es el de la batalla jur¨ªdica librada por el padre de un ni?o que qued¨® inv¨¢lido en 1979 al administrarle en un servicio -sanitario p¨²blico un medicamento contraindicado, tras Inyectarle la vacuna de la rabia. El Tribunal Supremo le di¨® la raz¨®n en 198 1, pero hasta 1992 segu¨ªa sin ver atendida su reclamaci¨®n porque, tanto el Ministerio de Sanidad y Consumo como el Insalud desplegaron todas las triqui?uelas legales para boicotearla.

Hechos como ¨¦se no deben volver a producirse, si la nueva ley que entr¨® en vigor el s¨¢bado pasado cumple las expectativas que muchos ciudadanos demandan en su relaci¨®n con las Administraciones P¨²blicas.

Cambio de concepto

La ley introduce un cambio de concepto sobre los administrados. "Ahora son los ciudadanos los sujetos de los derechos, no los funcionarios, como ocurr¨ªa durante el franquismo", afirma con entusiasmo Molt¨®, quien no considera que entre con mal pie una ley, cuya implantaci¨®n coincide con un a?o en el que los sueldos de los funcionarios se han congelado.

Del dec¨¢logo de derechos que se reconoce a los ciudadanos surgen muchas dudas. ?Cu¨¢l de ellos es el que m¨¢s le preocupa a la hora de su cumplimiento? Molt¨® se?ala dos: el uso de la lengua y el paso de los procedimientos presuntamente favorables a desfavorables.

"Lo importante no es que el silencio administrativo sea favorable" se?ala. "Lo importante es que hay que resolverlo en un plazo determinado. Para ello necesitamos un proceso de adecuaci¨®n que nos llevar¨¢ unos seis meses. En ese plazo pretendemos reducir los 1.853 procedimientos administrativos detectados en tan s¨®lo 20".

Uno que ya tienen resuelto es el procedimiento abreviado de reconocimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones P¨²blicas. Este tr¨¢mite concede al Estado un plazo de 30 d¨ªas para que indemnice al ciudadano en el supuesto de que se le haya causado un da?o inequ¨ªvoco. ?En qu¨¦ casos? Molt¨®, expone ¨¦ste: "Un ciudadano que: circula en su coche hasta las dependencias de un edificio administrativo del que se desprende: un trozo de cornisa. Los da?os causados por este suceso en su veh¨ªculo ser¨¢n inequ¨ªvocos. En casos as¨ª de claros, la Administraci¨®n tiene un mes para indemnizar al ciudadano de los perjuicios que se le han ocasionado".

El derecho m¨¢s dificil de atender ser¨¢ el uso de la lengua cooficial al castellano en algunas comunidades aut¨®nomas. "No va a ser lo mismo en Catalu?a, donde pr¨¢cticamente todo el mundo habla el catal¨¢n, que en Euskadi. Eso es lo que m¨¢s preocupa", reconoce Ignacio Molt¨®.

?Y cuando un ciudadano se niegue a presentar un documento que ya obre en poder de otro organismo de la Administraci¨®n, qu¨¦ pasar¨¢? "Le preguntar¨¢n que d¨®nde y cu¨¢ndo lo ha presentado, pero nada m¨¢s. Ya se encargar¨¢n los funcionarios de localizarlo. ?l no debe preocuparse; es una cuesti¨®n de funcionamiento interno".