Diputado busca tribunal que le juzgue

El diputado auton¨®mico valenciano Pedro Zamora, de Esquerra Unida (EU), no encuentra un tribunal que quiera juzgarle. El fiscal acusa a Zamora de inducir a un objetor valenciano, Francesc Rico, a la insumisi¨®n, pero jueces y magistrados se quitan de encima las diligencias ampar¨¢ndose en interpretaciones distintas de la legislaci¨®n. El asunto se halla pendiente desde hace cuatro a?os. En ese periodo, las diligencias han recorrido las dependencias judiciales de varias capitales y tres tribunales se han declarado incompetentes para proceder al enjuiciamiento.

Un juzgado de Zamora fue el primero en iniciar las diligencias que inculpan a Pedro:) Zamora. Francesc Rico deb¨ªa presentarse en 1989 en esa ciudad castellana para realizar la Prestaci¨®n Social Sustitutoriaen un hogar de la tercera edad, pero decidi¨® no presentarse y opt¨® por la insumisi¨®n. En diciembre de aquel a?o, el diputado de Esquerda Unida Pedro Zamora, el dirigente nacionalista valenciano Ernest Garc¨ªa, el sindicalista de CC OO Joan Sifre y el dirigente de Los Verdes Joan Beses firmaron un manifiesto en el que se autoinculpaban junto a Francesc Rico.Casi un a?o despu¨¦s, el juez zamorano pregunt¨® a los cuatro dirigentes pol¨ªticos y sindicales de la izquierda valenciana si manten¨ªan su autoinculpaci¨®n. Los cuatro se ratificaron ante el juez valenciano que les cit¨® por encargo del magistrado zamorano. El fiscal ampli¨® entonces su acusaci¨®n y les incluy¨® como inculpados en la causa.

De acuerdo con la ley, los diputados de Castilla y Le¨®n deben ser juzgados por el Tribunal Superior de esa comunidad aut¨®noma. El problema se produc¨ªa precisamente porque Pedro Zamora era diputado auton¨®mico, pero de la Cornunidad Valenciana. El juez se inhibi¨® del asunto y lo remiti¨® al Tribunal Supremo, a quien consider¨® competente.

Discrepancias en Valencia

El Supremo, por su parte, interpret¨® que el presunto delito de inducci¨®n a la insumisi¨®n se hab¨ªa cometido en Valencia, ciudad en la que se firm¨® el manifiesto, y no en Zamora, por lo que el ¨®rgano judicial competente era el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Este tribunal, en cambio, ve las cosas de forma muy diferente.En opini¨®n de los magistrados valencianos, la inducci¨®n no puede ser desligada de la propia comisi¨®n del delito, que se produjo en Zamora. As¨ª las cosas, al m¨¢ximo tribunal valenciano le "parece oportuno" que el Tribunal Supremo "exprese las razones que tiene para creer" que el caso debe juzgarse en Valencia. El fiscal de Valencia se limit¨® a calificar el asunto de "espinoso problema".

Al tambi¨¦n parlamentario Ricardo Peralta -¨¦ste diputado de Esquerda Unida. en el Congreso-, le "parece procedente" que sea el Supremo quien juzgue el asunto. Por ello, el alto tribunal decidir¨¢ ahora, definitivamente, qui¨¦n juzga al diputado. El caso puede indicar una cierta resistencia judicial a encarcelar a j¨®venes insumisos y, m¨¢s a¨²n, a diputados y personajes p¨²blicos que les apoyan.

Otros objetores valenc?anos han visto c¨®mo las diligencias penales que les inculpaban han quedado archivadas provisionalmente con la explicaci¨®n judicial de que el Supremo no ha resuelto a¨²n los recursos contencioso-administrativos que presentaron por considerarse discriminados por raz¨®n de sexo.

En otros casos, la disparidad de condenas dictadas, siempre a la baja respecto a lo reclamado por el fiscal, abunda en la tesis de la resistencia antes citada. Un tercio de los casos juzgados acaba con la exculpaci¨®n de los insumisos.

Inercia judicial

El diputado valenciano mantiene que el origen del problema est¨¢ en que el juez de Zamora malinterpret¨® una campa?a de solidaridad con los insumisos valencianos y ahora la maquinaria judicial se mueve por inercia, sin que nada la pueda parar.Pedro Zamora, mientras tanto, contin¨²a su trabajo parlamentario en las Cortes valencianas, aunque sobre ¨¦l pese todav¨ªa una acusaci¨®n de delito. M¨¢s suerte han tenido otros diputados auton¨®micos valencianos, como Albert Taberner, tambi¨¦n de Esquerra Unida, o Pere Mayor, quien fue parlamentario por Unitat del Poble Valenci¨¢. Ellos s¨®lo acudieron como testigos al juicio del insumiso Miguel Llorens, a pesar de haberse autoinculpado con ¨¦l en 1989. Taberner y Mayor no consiguieron evitar, en cambio, que Llorens fuera condenado a dos a?os, cuatro meses y un d¨ªa de prisi¨®n. El joven cumple actualmente esta condena en la c¨¢rcel de Picassent, a pocos kil¨®metros de la capital valenciana.

Pedro Zamora, un veterano pol¨ªtico que fue secretario general del Partido Comunista del Pa¨ªs Valenciano (PCPV), afirma que el Ejecutivo no acaba de "tomarse en serio" la objeci¨®n de conciencia y que ha contagiado, con su actitud, al poder judicial.