El jefe del Estado italiano se niega a firmar la 'ley del perd¨®n' aprobada por el Gobierno

El presidente de la Rep¨²bica de Italia, Oscar Luigi Scalfaro, se neg¨® a firmar anoche el decreto de despenalizaci¨®n de la financiaci¨®n ilegal de los partidos pol¨ªticos aproba do el pasado viernes por el Gobierno. Scalfaro pidi¨® al primer ministro, Giuliano Amato, que reconsidere la medida, al t¨¦rmino de una tensa jornada en la que los magistrados italianos hab¨ªan protestado por una norma -denominada del perd¨®n-, que, seg¨²n dijeron, paraliza sus investigaciones, y en la que el ministro del Ambiente, Carlo Ripa di Meana, dimiti¨® para destacar su desacuerdo con el Gabinete en este asunto.

La dimisi¨®n de Ripa de Meana, que la semana pasada abandon¨® el Partido Socialista Italiano (PSI) y que es el cuarto ministro que en menos de un mes se va del Gobierno, vino a culminar por la tarde las presiones que el jefe del Estado hab¨ªa recibido durante la jornada.En ese clima tenso, Scalfaro se limit¨® a firmar ayer el decreto que obliga a la continuaci¨®n de las obras p¨²blicas interrumpidas por diligencias penales sobre la adjudicaci¨®n del contrato, una medida de emergencia justificada por los da?o

econ¨®micos que est¨¢ causando en Italia la paralizaci¨®n del sector p¨²blico.

El presidente de la Rep¨²blica hab¨ªa dedicado parte del d¨ªa a discutir el problema de la ley del perd¨®n con el primer ministro, Amato, y con los presidentes de la C¨¢mara, Giorgio Napolit¨¢no, y del Senado, Giovanni Spadolini.

Pidi¨® expl¨ªcitamente a Scalfaro que no firmara los decretos el l¨ªder del movimiento La Rete, Leoluca Orlando. A esta oposici¨®n ya conocida, como la del radical Marco Panella, que ha hablado de "golpe restaurador", de los neofascistas, de los Verdes, de los comunistas y del Partido Democr¨¢tico de la Izquierda (PDS), as¨ª como a las dudas sobre la constitucionalidad de las medidas expresadas el s¨¢bado por el propio l¨ªder democristiano, Mino Martinazzoli, se sumaron ayer otros cr¨ªticos de prestigio.

Voto en contra

Giorgio La Malfa, el l¨ªder republicano que dimiti¨® la semana pasada tras hab¨¦rsele abierto un sumario precisamente por infracci¨®n de la ley de financiaci¨®n de los partidos, anunci¨® que votar¨¢ en contra de la despenalizaci¨®n y que los decretos de Amato s¨®lo le perjudicar¨¢n, pues le impedir¨¢n demostrar que es inocente.Incluso el ala disidente del Partido Socialista Italiano (PSI), a trav¨¦s de su candidato derrotado a la secretaria, Valdo Spini, formul¨® serios reparos a la decisi¨®n de que los pol¨ªticos investigados no paguen sus culpas con el rigor previsto por las leyes. Por su parte, Mario Segni, el l¨ªder de los renovadores democristianos, declar¨® que la ley del perd¨®n de Amato es "inaceptable".

As¨ª lo estima tambi¨¦n la Asociaci¨®n Nacional de Magistrados (ANM) Italianos, que teme que la aplicaci¨®n de tales medidas implicar¨¢ que se archiven, no s¨®lo los casos de simple financiaci¨®n irregular, sino tambi¨¦n los m¨¢s graves de corrupci¨®n y prevaricaci¨®n.

Los magistrados aseguran que, dada la mec¨¢nica de estas investigaciones, en el futuro ni siquiera se podr¨¢n ocupar de estas conductas que han contaminado la realidad pol¨ªtica italiana hasta extremos ?le esc¨¢ndalo. Todas las investigaciones sobre corrupci¨®n y prevaricaci¨®n-delitos que implican el uso de un poder econ¨®mico o pol¨ªtico para comprar voluntades pol¨ªticas o imponer a las empresas el pago de comisiones ilegales a un partido, respectivamente-, explican los magistrados, parten de una infracci¨®n financiera simple. En su investigaci¨®n intentan demostrar los otros delitos m¨¢s graves.

Pero la despenalizaci¨®n aprobada el pasado viernes coefectos retroactivos, impide que los magistrados sigan investigando las simples infracciones de la ley de financiaci¨®n de los partidos. Todas las actuaciones relacionadas con el tema deber¨¢n ser trasladadas a los pretores, especie de jueces municipales que dependen directamente del poder Ejecutivo y que ser¨¢n los que apliquen las sanciones administrativas previstas en el nuevo ordenamiento.

Esto supone el archivo de muchas actuaciones, la sustracci¨®n de hechos fundamentales para otras que seguir¨¢n adelante y la prohibici¨®n pr¨¢ctica de que los magistrados pueden acceder a las pruebas f¨¢cticas de los delitos de corrupci¨®n o prevaricaci¨®n que se cometan en el futuro.

Idea de Amato

El ministro de Justicia, Giovanni Conso, ha declarado que la idea de despenalizar por decreto y con efectos retroactivos no fue suya, sino de Amato. Pero ha a?adido que eso no quiere decir que ¨¦l se lave las manos sobre lo hecho. El Gobierno, siempre en situaci¨®n dif¨ªcil, se encuentra de nuevo con que su precario equilibrio se vuelve imposible.