La justicia del 'sheriff'

Hablo de memoria, pero creo que el recuerdo me es fiel, aunque han pasado algunos a?os. Hab¨ªa tenido lugar un juicio a funcionarios de la Administraci¨®n militar, acusados de un delito grave. Los personajes de un conocido humorista paseaban sus preocupaciones por la piel de toro; y a la pregunta de uno de ellos por el posible sentido del fallo que se esperaba, respond¨ªa el otro, en plena vena esc¨¦ptica: "A m¨ª, ?con que no me los condecoren!".El esc¨¦ptico de entonces ser¨ªa cronista de ahora, a juzgar por las noticias difundidas hace unos d¨ªas sobre las vicisitudes de una sentencia judicial por torturas contra guardias civiles, pura y simplemente incumplida.

En materia de relaciones ejecutivo-judicial hay un lugar com¨²n, que creo cuenta con apoyo emp¨ªrico m¨¢s que sobrado, consistente en la evidencia de que el primero es, quiz¨¢, el peor de los justiciables. El m¨¢s resistente frente a las resoluciones de los jueces. Predispuestos, adem¨¢s, con t¨¦cnica de calamar, a cubrir sus incumplimientos mediante el generoso vertido de sospechas de ilegitimidad sobre lo actuado por la jurisdicci¨®n.

En apoyo de esa actitud se invocan, la mayor¨ªa de las veces, imperativos de necesidad pol¨ªtica. Por fortuna, ¨¦sta transmite en una clave que no suele ser IntelIgible para quienes se mueven en el espacio un tanto abstracto que es el principio de legalidad.

Resulta as¨ª que los valores representados por una instancia -la judicial- cuya relevancia en el dise?o ideal del Estado de derecho nadie discutir¨ªa, y nadie discute, al menos desde la oposici¨®n, se convierten enseguida en obst¨¢culo para quienes llevan el peso de las tareas de gobierno. Aqu¨ª, todo lo que no es d¨®cilmente funcional a la gesti¨®n actual de la coyuntura m¨¢s inmediata se traduce en insoportable factor de ingobernabilidad. En este terreno ocupan un lugar de primer orden las garant¨ªas y el respeto a algunos principios y derechos fundamentales.

Aqu¨¦llas y ¨¦stos, defendidos con tenacidad frente al poder antidemocr¨¢tico, proclamados con fervor en el momento constituyente, invocados con generosidad cuando gobernaban otros, pasaron sin soluci¨®n de continuidad a ser la dimensi¨®n inc¨®moda, perturbadora incluso de la democracia. Precisamente cuando la democracia, se dec¨ªa, habr¨ªa alcanzado sus cotas m¨¢s altas de realizaci¨®n.

El fen¨®meno torn¨® cuerpo en una falacia ampliamente difundida en estos a?os: la exigencia garantista deja de tener o pierde parte de su sentido frente al Gobierno leg¨ªtimo, y m¨¢s si ungido por un super¨¢vit de legitimaci¨®n por el respaldo de una abrumadora mayor¨ªa.

Cuando ese poder es la polic¨ªa, lo que se pide para ella es tolerancia con una pol¨ªtica de manos libres. M¨¢s libres cuanto mayor sea la entidad de los problemas a los que ha de hacer frente. Ayer el terrorismo, hoy la droga.

Cualquier perplejidad manifestada sobre la bondad de la propuesta encontrar¨¢ una respuesta ad hominem, codificada: el problema est¨¢ en el que duda, que, seguramente, no ha depurado su subconsciente de reminiscencias policial-franquistas.

Desde ese presupuesto, se calific¨® de "terrorismo psicol¨®gico" el simple ejercicio de la jurisdicci¨®n en un caso de tortura por un tribunal del Pa¨ªs Vasco; se practic¨® el linchamiento pol¨ªtico e incluso ?jur¨ªdico! con una magistrada bien conocida, que cumpl¨ªa con su deber constitucional; se han demonizado las dudas de inconstitucionalidad sobre una ley lamentable...

Desde ese presupuesto, el tormento, sobre el que Marcos Guti¨¦rrez, un insigne procesalista de principios del XIX espa?ol, prefiere guardar silencio para no manchar las p¨¢ginas de su obra, encuentra hoy una comprensi¨®n y una tolerancia intranquilizadoras en las del Bolet¨ªn Oficial del Estado, de un Estado de derecho de la Europa de finales del siglo XX.

Es dif¨ªcil entenderlo; como no debe ser f¨¢cil explicarlo. As¨ª, no parece que el acuerdo del Consejo de Ministros cuente con una fundamentaci¨®n convincente; que tampoco luci¨® en las palabras embarazadas del responsable del Interior ante el ¨®rgano de expresi¨®n de la soberan¨ªa popular.

Con ello resulta que un acto de puro decisionismo inmotivado deja sin efecto una sentencia firme, se coloca por encima de la ley, y llega a la opini¨®n, como hecho consumado, s¨®lo porque, afortunadamente, hay periodistas que, inasequibles al aburrimiento, bucean con celo encomiable en la letra menuda de la Gaceta.

Resulta tambi¨¦n que razones de gobierno, inescrutables por su opacidad, limitan de facto la operatividad de valores constitucionales de incondicionada vigencia. Y siembran el desconcierto mediante un ejercicio dif¨ªcilmente comprensible del indulto, que, sin embargo, no beneficia a un sinn¨²mero de delincuentes por delitos menores, que no pusieron en riesgo ning¨²n derecho fundamental, ni actuaron defraudando la confianza de las instituciones. Se sugiere as¨ª un parad¨®jico sentido de la jerarqu¨ªa de bienes jur¨ªdicos dignos de tutela.

La lecci¨®n puede ser terrible, por decepcionante: algunos principios son s¨®lo un recurso est¨¦tico. Sirven, ocasionalmente, para ganar elecciones o hacer oposici¨®n, pero no tanto como instrumento de gobierno. Hay, o parece haber, una preocupante continuidad de las t¨¦cnicas de gesti¨®n del orden p¨²blico que hace que las posibles discontinuidades en otros ¨¢mbitos sean en ¨¦ste un simple juego de vasos comunicantes, por v¨ªa de desag¨¹es.

Pero, tranquilos, ?aqu¨ª no pasa nada! Y los esc¨¦pticos en materia de vigencia de algunas garant¨ªas ya saben: ahora los argumentos son de peso. Se cuentan por kilos de sustancia aprehendida (no importa el c¨®mo ni la que siga afluyendo al mercado, que soporta tan bien esos embites); se miden por miles de personas detenidas a ojo. A despecho de lo que ocurra despu¨¦s en los tribunales, que incluso no interesa. Porque en tiempos de alta velocidad la justicia ha anticipado sus momentos de intervenci¨®n; ha agilizado hasta el l¨ªmite los procedimientos. Ha descubierto la figura del sheriff. Y si al final a ¨¦ste, no obstante ser tan r¨¢pido, llegara a escap¨¢rsele algo, siempre puede ponerse despu¨¦s remedio a la situaci¨®n. Como ahora. Con un poco de gracia. Yo no hablar¨ªa de derecho de gracia.