Un tribunal de San Sebasti¨¢n ordenar¨¢ el ingreso en prisi¨®n de cinco guardias que fueron indultados

Los guardias civiles Jos¨¦ P¨¦rez Navarrete, Jos¨¦ Antonio Hern¨¢ndez del Barco, Emilio Parra Moreno, Julio Saavedra Mari?o y Alejandro Iglesias Blanco, condenados por torturar en 1982 a Juana Goicoechea, deber¨¢n ingresar en prisi¨®n para cumplir la pena de cuatro meses de arresto impuesta por la Audiencia Provincial de San Sebasti¨¢n. El Gobierno indult¨® a los cinco agentes hace un mes de la condena de inhabilitaci¨®n profesional durante cuatro a?os.

La Audiencia emitir¨¢ una resoluci¨®n ordenando el encarcelamiento de los cinco agentes, pese a que el Consejo de Ministros les indult¨® el pasado 12 de febrero de los cuatro a?os de inhabilitaci¨®n, aunque esta medida de gracia no era extensible' a la condena privativa de libertad. Seg¨²n fuentes judiciales, nadie ha podido precisar si el Gobierno "se olvid¨®" de indultarles de la pena de reclusi¨®n o si esto fue consecuencia de una determinaci¨®n deliberadamente asumida por el Ejecutivo.La decisi¨®n del tribunal de San Sebasti¨¢n ha sorprendido a las distintas partes implicadas en el suceso. "Una vez que se les concede el indulto, lo extra?o es que tan s¨®lo haya sido a una parte de la condena y no la que se refiere a la privaci¨®n de libertad", indicaron.

Los cinco guardias -entre los que hay dos capitanes- fueron, indultados de la condena de cuatro a?os de suspensi¨®n de funciones como miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. La Audiencia de San Sebasti¨¢n emitir¨¢ en breve una resoluci¨®n en la que notificar¨¢ a los guardias civiles la condena que deben cumplir y la prisi¨®n en la que deber¨¢n hacerlo. El cumpliento de la pena hab¨ªa quedado en suspenso en tanto el Gobierno resolv¨ªa la petici¨®n del indulto.

El ministro del Interior, Jos¨¦ Luis Corcuera, no ha aclarado el destino que actualmente ocupan los agentes, pese a que la oposici¨®n le ha demandado reiteradamente este dato en el Congreso de los Diputados. La Audiencia donostiarra ha acordado "solicitar informaci¨®n sobre el destino de los guardias civiles, con objeto de comunicarles la concesi¨®n del indulto por el Gobierno y que deben cumplir la pena de reclusi¨®n que tienen pendiente", seg¨²n. fuentes judiciales. Estos tr¨¢mites supondr¨¢n que el ingreso en prisi¨®n no se producir¨¢ de forma inminente.

Libertad provisional

La Sala Primera de la Audiencia Provincial de San Sebasti¨¢n se neg¨® el pasado a?o a conceder a los cinco guardias civiles la remisi¨®n condicional de la pena. En la decisi¨®n se ten¨ªa en cuenta "la naturaleza y gravedad de los hechos, la repercusi¨®n social de los mismos y la concurrencia de un plus de antijuricidad". Y pese a que los magistrados reconoc¨ªan que los agentes reun¨ªan los requisitos b¨¢sicos para la concesi¨®n de la libertad condicional, se negaban a otorgar la remisi¨®n condicional de la pena.

El art¨ªculo 93 del C¨®digo Penal establece que "los tribunales podr¨¢n aplicar o no la condena condicional, seg¨²n lo estimen procedente, atendiendo (...) para ello a la naturaleza jur¨ªdica del hecho punible y circunstancias de toda clase que concurrieren en su ejecuci¨®n".

Juana Goicoechea fue detenida en 1982 y torturada por los capitanes Jos¨¦ P¨¦rez Navarrete y Jos¨¦ Antonio Hern¨¢ndez del Barco, adem¨¢s de los cabos Emilio Parra Moreno, Julio Saavedra Mari?o y Alejandro Iglesias. Como consecuencia de "los golpes y patadas" que recibi¨® padece "un proceso siconeur¨®tico con ansiedad, nerviosismo, cefaleas y mareos de curaci¨®n imprevisible".

La noticia del indulto fue recibida con indignaci¨®n por Juana Goicoechea, quien declar¨® que con la decisi¨®n gubernamental "se ha redimido" a sus "verdugos". Ninguno de los agentes fue inhabilitado de sus funciones despu¨¦s de haber sido condenados en firme e incluso ocupan puestos en el departamento de Interior de mayor responsabilidad del que ten¨ªan asignado cuando estaban destinados en el cuartel de Intxaurrondo de San Sebasti¨¢n.

El anterior indulto que concedi¨® el Consejo de Ministros para tres agentes de la Guardia Civil condenados por torturas a los hermanos Olarra se refiri¨® a toda la pena impuesta por el tribunal que les juzg¨®.