El Parlamento debate hoy un informe del Tribunal de Cuentas que eleva el d¨¦ficit de 1989 en 1,4 billones

El Parlamento estudia hoy un informe de] Tribunal de Cuentas que se?ala que la deuda de la Administraci¨®n General del Estado en 1989 fue superior en 1,39 billones de pesetas a la reconocida por el Gobierno. Asimismo, afirma que los organismos aut¨®nomos sufrieron durante ese mismo a?o un d¨¦ficit de 33.005 millones en vez M super¨¢vit de 145.074 millones expuesto por el Gobierno.El Tribunal de Cuentas "llama la atenci¨®n sobre la necesidad de reducir a sus justos l¨ªmites" la contrataci¨®n mediante adjudicaci¨®n directa, que limita la libre concurrencia que debe entenderse de inter¨¦s p¨²blico.

El pasado martes, ¨¦l ministro de Econom¨ªa, Carlos Solchaga, asegur¨® en el Senado en respuesta a una pregunta del senador del PP, Miguel P¨¦rez Villar, que "no existe ning¨²n d¨¦ficit oculto" en la contabilidad del Estado. El senador hab¨ªa solicitado al Gobierno su opini¨®n sobre el informe del Tribunal de Cuentas sobre 1989, en el que, seg¨²n dijo el senador, refleja un desequilibrio de unos 467.000 millones de pesetas por la forma en que se anotaban los intereses.

Solchaga ya contest¨® en febrero de 1990 a un informe similar del Tribunal de Cuentas que detectaba un desfase de 800.000 millones en el d¨¦ficit p¨²blico de 1985.

Durante el a?o 1989, el gasto p¨²blico super¨® a los ingresos en 774.300 millones de pesetas, con lo que el d¨¦ficit del Estado se situ¨® en el 1,7% del producto interior bruto (PIB) cuando un a?o antes era del 3% del PIB, seg¨²n los datos oficiales facilitados entonces. Durante 1989 los ingresos p¨²blicos fueron de 9,5 billones de pesetas y superaron un 11 % a los 8,7 billones presupuestados, como consecuencia, principalmente de una mayor recaudaci¨®n de impuestos directos.

El informe que se debate hoy llega en un momento en el las acusaciones de corrupci¨®n polarizan el debate pol¨ªtico. El Tribunal de Cuentas deja patente los m¨²ltiples riesgos de irregularidades que comportan en la pr¨¢ctica los contratos adjudicados directamente. Junto a la ventaja de rapidez que suponen, "encierran el grave inconveniente de limitar la concurrencia general, la cual debe considerarse de inter¨¦s p¨²blico", resalta el Tribunal.

El an¨¢lisis realizado por ¨¦ste de la Cuenta General del Estado de 1989 muestra una falta de documentaci¨®n que pruebe que la Administraci¨®n alent¨® la presentaci¨®n del mayor n¨²mero de ofertas empresariales ante cada adjudicaci¨®n. Tampoco existe por lo general, agrega el Tribunal, una documentaci¨®n que justifique por qu¨¦ la Administraci¨®n se dirigi¨® a unas empresas y no a otras, ni una explicaci¨®n de c¨®mo se asegur¨® el secreto e integridad de las ofertas presentadas.

El Tribunal pide al Parlamento que la Administraci¨®n evite recurrir a la adjudicaci¨®n directa por razones de urgencia, entre otros motivos, aduce, porque es muy escaso el tiempo ahorrado en relaci¨®n con las contrataciones que garantizan la publicidad y la concurrencia de ofertas.

La fiscalizaci¨®n de una muestra de las subvenciones concedidas a empresas privadas mostr¨® que los criterios por los que la Administraci¨®n aprueba o deniega una subvenci¨®n son, en muchos casos, "excesivamente ambiguos, gen¨¦ricos y carentes de precisi¨®n". En otros casos, la Administraci¨®n mostr¨® claras deficiencias para analizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el beneficiario de la subvenci¨®n y para intervenir tras la constataci¨®n del incumplimiento.

Compras militares

El informe sobre la Cuenta del Estado de 1989 -entregada por el Gobierno con seis meses de retraso respecto al plazo legal de que dispone, la mitad de demora que en 1988- ser¨¢ expuesto hoy por el presidente del Tribunal de Cuentas, Adolfo Carretero, a una comisi¨®n parlamentaria de diputados y senadores.

El Tribunal llama la atenci¨®n sobre las graves deficiencias de control sobre los fondos depositados fuera de Espa?a para la adquisici¨®n de material militar en el extranjero. Las cuentas de las agregadur¨ªas militares ascend¨ªan a 30.138 millones de pesetas, "sin que exista justificaci¨®n", resalta el Tribunal de Cuentas, "para mantener cuant¨ªas tan elevadas fuera del Banco de Espa?a, y en su mayor parte en la banca privada".

El informe del fiscal del Tribunal, Miguel Ib¨¢?ez y Garc¨ªa de Velasco, resalta, entre otras apreciaciones cr¨ªticas, que las cuentas de resultados de la Administraci¨®n "deber¨ªan modificarse en una cifra negativa no inferior a 1.392.110 millones de pesetas, que acrecer¨ªa el propio saldo deudor reconocido".

Para determinar esa cantidad, el Tribunal se?ala que exist¨ªa una sobrevaloraci¨®n acumulada 467.638 millones de pesetas en los resultados presupuestados en la Cuenta General del Estado .A ello suma los intereses impl¨ªcitos devengados y no vencidos de las letras y pagar¨¦s de Tesoro vivos al t¨¦rmino de 1989 que ascend¨ªan a 569 .858 millones de pesetas y los 335.000 millones de devoluciones del impuesto sobre la renta .

El an¨¢lisis de la ejecuci¨®n de los presupuestos generales de Estado del a?o 1989, por otra parte muestra una extrordinaria modificaci¨®n por el gobierno de sus propias previsiones .

El importe neto de las alteraciones presupuestarias del Estado y sus organismos aut¨®nomos ascendi¨® a 3.6 billones de pesetas , el 28 % den relaci¨®n con los cr¨¦ditos iniciales