Estado responsable

LOS PRECEDENTES de la colza y de la presa de Tous, entre otros, han puesto en evidencia la vetustez y la falta de agilidad del actual sistema de responsabilidad civil subsidiaria del Estado para resarcir a su debido tiempo los da?os causados por los delitos de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos. Los miles de perjudicados de estas cat¨¢strofes masivas, en las que son presumibles conductas negligentes o delictivas de funcionarios p¨²blicos, se unen a los que, v¨ªctimas de otras actuaciones de menor alcance, esperan con el temor de que la reparaci¨®n econ¨®mica que se les debe llegue demasiado tarde.La elaboraci¨®n del nuevo C¨®digo Penal ofrece la ocasi¨®n de actualizar dicho sistema haci¨¦ndolo m¨¢s eficaz y operativo con vistas a satisfacer los leg¨ªtimos intereses de sus hipot¨¦ticos beneficiarios. Te¨®ricamente, los nuevos mecanismos de resarcimiento de da?os por el Estado introducidos por el Gobierno en el proyecto de C¨®digo Penal responden a ese objetivo. Pero en la pr¨¢ctica puede suceder todo lo contrario. De ah¨ª que el Grupo Socialista se haya quedado solo en la defensa de la soluci¨®n gubernamental en la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso que dictamina el nuevo C¨®digo, en tanto que los dem¨¢s grupos entienden que el nuevo texto enmascara un privilegio para la Administraci¨®n y supone una agresi¨®n para los derechos de los ciudadanos.

Efectivamente, hasta ahora, la responsabilidad civil subsidiaria del Estado por los delitos que cometan los funcionarios en el ejercicio de su actividad es establecida por los tribunales en el curso del proceso penal. Y es l¨®gico que ello sea as¨ª, pues la responsabilidad civil es consustancial a la penal si de ¨¦sta se han derivado da?os o perjuicios. Corresponde, pues, al juez valorar los da?os causados y fijar los t¨¦rminos en que deben ser reparados, en tanto que la responsabilidad civil integra el conjunto de la reacci¨®n penal frente al delito cometido. Pues bien, en el proyecto de nuevo C¨®digo Penal, la responsabilidad civil del Estado queda desvinculada del proceso penal, de modo que el ciudadano afectado habr¨¢ de exigirla directamente de la Administraci¨®n y, en ¨²ltima instancia, de la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa. A primera vista, el m¨¦todo se simplifica, pero en realidad se complica para el ciudadano: el resarcimiento de los da?os queda enteramente en manos del ¨®rgano administrativo responsable, que de este modo se convierte en juez y parte. De ah¨ª a dejar pr¨¢cticamente indefensas a las v¨ªctimas del delito va un paso.

Adem¨¢s de constituir una pieza incoherente con el sistema penal -no existe precedente alguno en el der echo comparado-, este nuevo mecanismo para medir la responsabilidad civil del Estado colocar¨ªa al perjudicado en una clara situaci¨®n de desigualdad. ?Qu¨¦ puede hacer el David-ciudadano frente al Goliat-Administraci¨®n en una negociaci¨®n de igual a igual en la que el reconocimiento del da?o y su resarcimiento dependen de la parte m¨¢s fuerte y objetivamente interesada en su inexistencia o minusvaloraci¨®n? En todo caso, los grupos parlamentarios contrarios a la f¨®rmula del Gobierno y del PSOE deber¨ªan hacer algo m¨¢s que oponerse y aportar ideas propias sobre la cuesti¨®n. De aqu¨ª a que el proyecto de nuevo C¨®digo Penal se debata en el Pleno del Congreso hay tiempo para ver la forma de resolver esa especie de cuadratura del c¨ªrculo que es mantener, como corresponde, la responsabilidad civil subsidiaria del Estado en el marco del proceso penal y, a la vez, no supeditar a su propio desarrollo el momento de reparar el da?o causado por el delito.

La responsabilidad patrimonial que subsidiariamente corresponda al Estado por las conductas delictivas de sus funcionarios s¨®lo puede ser fijada imparcial y proporcionalmente al da?o causado por los jueces penales del caso. Ello no impide, sin embargo, que la Administraci¨®n arbitre f¨®rmulas para anticipar, en casos excepcionales, el cobro de la indemnizaci¨®n a cuenta o en sustituci¨®n de la que en su momento establezcan los tribunales. Es lo que acaba de hacer el Gobierno con la aprobaci¨®n de un cr¨¦dito de 19.000 millones de pesetas destinado a los afectados por la rotura de la presa de Tous. Y ¨¦se es el objetivo que deber¨ªa perseguir, ante todo, la reforma del actual sistema de responsabilidad civil del Estado, en lugar de enfrentar al ciudadano en una directa y desigual batalla con la Administraci¨®n.