La impugnaci¨®n de las elecciones marc¨® la legislatura desde el inicio
La judicializaci¨®n de la vida pol¨ªtica espa?ola ha marcado la cuarta legislatura democr¨¢tica. Comenz¨® a manifestarse apenas contados los votos la noche del 29 de octubre: de 1989, cuando el Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU) iniciaron de inmediato un proceso de impugnaciones electorales que tuvo sus puntos m¨¢s conflictivos en Melilla, Pontevedra y Murcia. Las impugnaciones determinaron que la. legislatura arrancase con una clara sensaci¨®n de provisionalidad, y Felipe Gonz¨¢lez consigui¨® la investidura como presidente del Gobierno el 5 de diciembre, con un Congreso de s¨®lo 332 diputados, porque 18 esca?os estaban a¨²n sometidos a la decisi¨®n de los jueces.
Aquel arranque pol¨ªtico, pendiente del fallo de los tribunales, llev¨® a que el PSOE perdiera el esca?o de Melilla tras repetirse all¨ª las elecciones el 25 de marzo de 1990 -cinco meses despu¨¦s de los comicios impugnados-, con lo que qued¨® definitivamente situado en 175 esca?os, uno menos de la mayor¨ªa absoluta. Enfrente, un Partido Popular con 107 diputados acogi¨® la decisi¨®n judicial con un tono euf¨®rico similar al que ha mantenido a lo largo de estos cuatro a?os. Los conflictos de Pontevedra y Murcia se resolvieron sin consecuencias electorales, aunque la disputa exigi¨® que se pronunciase el Tribunal Constitucional.Para a?adir tensi¨®n al inicio de la andadura parlamentaria, la noche del 20 de noviembre, v¨ªspera de la sesi¨®n de investidura en el Congreso, pistoleros de extrema derecha asesinaron en Madrid al diputado de Herri Batasuna (HB) Josu Muguruza.
La sensaci¨®n de incertidumbre que provocaron aquellos meses determin¨® que Gonz¨¢lez optase por someterse a la cuesti¨®n de confianza el 5 de abril de 1990, pese a que en octubre hab¨ªa ganado las elecciones pr¨¢cticamente con mayor¨ªa absoluta. Gan¨® el envite parlamentario con los 175 votos de su grupo y el del canario Luis Mardones, y logr¨® que se abstuviesen el CDS y los nacionalistas del PNV y CiU.
Esta votaci¨®n marc¨® el inici¨® de lo que durante la legislatura se ha llamado bloque constitucional una denominaci¨®n rechazado por sus supuestos integrantes y utilizada como arma arrojadiza por el PP e IU contra el Gobierno y sus ocasionales socios.En definitiva, hubo casi medio a?o de provisionalidad e incertidumbre, lo que significa el 12,5% de los cuatro a?os posibles para cada legislatura.
Sensaci¨®n de par¨¢lisis
La sensaci¨®n de par¨¢lisis se prolong¨® muchos meses, al mantener Gonz¨¢lez su Gobierno hasta el 13 de, marzo de 1991, pese a que el 12 de enero Alfonso Guerra hab¨ªa anunciado su abandono de la vicepresidencia. S¨®lo Manuel Chaves hab¨ªa dejado el 27 de abril de 1990 su cartera de Trabajo para presentarse a las elecciones andaluzas, y fue sustituido por Luis Mart¨ªnez Noval.
Enrique M¨²gica, Javier S¨¢enz Cosculluela, Joaqu¨ªn Almunia, Jos¨¦ Barrionuevo, Jorge Sempr¨²n y Carlos Romero fueron sustituidos por Tom¨¢s de la Quadra, en Justicia; Jos¨¦ Borrell, en Obras P¨²blicas y Transportes; Juan Manuel Eguiagaray, en Administraciones P¨²blicas; Jordi Sol¨¦ Tura, en Cultura, y Pedro Solbes, en Agricultura. Adem¨¢s, Narc¨ªs Serra dej¨® la cartera de Defensa, que pas¨® a ocupar Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas, hasta entonces al frente de Sanidad, cartera para la que fue designado Juli¨¢n Garc¨ªa Valverde. Serra se aup¨® a la vicepresidencia, vacante desde enero, y se intent¨® transmitir la sensaci¨®n de normalizaci¨®n, que s¨®lo a r¨¢fagas se ha conseguido.
De nuevo los juzgados se mezclaron en la vida p¨²blica. El caso Renfe lleg¨® a los tribunales de la mano de IU, que ha acudido a los jueces en todos y cada uno de los esc¨¢ndalos que han condicionado la vida pol¨ªtica desde 1989, como los casos de Juan Guerra, Ollero, Filesa y Casagrande -en Murcia-. El Parlamento constituy¨® una conmi¨®n investigadora sobre el caso Renfe que exculp¨® de responsabilidades pol¨ªticas a los implicados, pero la presi¨®n acab¨® con la carrera de Garc¨ªa Valverde, quien dej¨® el Ministerio de Sanidad el 13 de enero de 1992 para ser sustituido por Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n.
Para entonces era un secreto a voces que la mala salud del ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, acabar¨ªa forzando un nuevo cambio. Su hiperactividad tuvo que detenerse, y el 22 de junio del a?o pasado Javier Solana dej¨® la cartera de Educaci¨®n y Ciencia para sustituirle en Exteriores. El secretario de Estado de Educaci¨®n, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, fue nombrado nuevo responsable. del departamento. Un mes y medio despu¨¦s, el 7 de agosto, falleci¨® Fern¨¢ndez Ord¨®?ez.
Incluso el trabajo legislativo ordinario se ha visto afectado por la sombra de las togas, como consecuencia de una pol¨ªtica sostenida por parte del PP y de IU. LaLey de Seguridad Ciudadana conocida como Ley Corcuera, y en vigor desde marzo de 1992, tiene sus art¨ªculos fundamentales pendientes de la sentencia del Constitucional cuando resuelva el recurso que present¨® el PP. Lo mismo ocurre con la Ley de Protecci¨®n de Datos Inform¨¢ticos.
La tensi¨®n pol¨ªtica ha sido creciente y ha determinado que durante meses estuviese paralizada la renovaci¨®n parcial del Constitucional o que no haya sido posible un acuerdo para renovar o sustituir a ?lvaro Gil-Robles como Defensor del Pueblo.
Las sesiones parlamentarias, sin alcanzar la agresividad de otros parlamentos europeos, se han te?ido en los ¨²ltimos dos meses de una aspereza inhabitual, que alcanz¨® su momento culminante con el abandono del pleno del Congreso, el pasado 24 de marzo, por parte de los diputados del PP. Una tensi¨®n que muchos diputados tem¨ªan que pudiera reproducirse el pr¨®ximo d¨ªa 20, en el debate del estado de la naci¨®n. La disoluci¨®n de las c¨¢maras ha disipado esos temores.
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