Proyectos en la cuneta

CON ADELANTO o no de las elecciones, cada final de legislatura deja tras de s¨ª un n¨²mero indeterminado de: proyectos de ley en tramitaci¨®n parlamentaria. Es dif¨ªcil que pueda ser de otro modo, pues no es posible acompasar al mil¨ªmetro las exigencias del debate par lamentario con las m¨¢s perentorias que, en un momento determinado, aconsejan la disoluci¨®n de las c¨¢maras y la consiguiente convocatoria de elecciones. Insistir, pues, en este hecho como algo institucionalmente an¨®malo son ganas de buscar tres pies al gato y de desconocer que, en todo caso, los objetivos de gobernabilidad en general priman sobre los estrictamente legislativos.En esta ocasi¨®n, sin embargo, aparte del ingente n¨²mero de proyectos de ley que han quedado aplaza dos al t¨¦rmino de la legislatura (se contabilizan hasta 30 normas pendientes de aprobaci¨®n), llama la aten ci¨®n la importancia social, econ¨®mica e incluso pol¨ªtica de algunos de ellos. Lo cual demuestra, de un lado, el significativo esfuerzo legislativo realizado en los ¨²ltimos meses por la actual mayor¨ªa parlamentaria; de otro, que el momento m¨¢s adecuado de presentarlos no es precisamente el de los postreros meses de la le gislatura. Esto es cierto sobre todo respecto de aquellos m¨¢s necesitados de debate y de consenso a causa de la complejidad o del car¨¢cter controvertido de su contenido. No hacerlo as¨ª implica un riesgo: su m¨¢s que probable postergaci¨®n. Es lo que ha sucedido en la legislatura reci¨¦n concluida con proyectos de ley de especial relevancia y cuya tramitaci¨®n se juzgaba, un¨¢nimemente, de urgencia. Cabe citar, entre otros, el del nuevo C¨®digo Penal y los proyectos de ley de huelga y de arrendamientos urbanos principalmente. Es l¨®gico que a los sindicatos no les haya gustado un pelo que la ley de huelga haya quedado en nada cuando estaba a punto de salir triunfante del Parlamento. Pero es dif¨ªcil creer, como afirman, que el adelanto de las elecciones se deba en alguna medida al deseo de Felipe Gonz¨¢lez de "echar por tierra el acuerdo logrado por el Grupo Parlamentario Socialista y los sindicatos". En todo caso, se ver¨¢ si tienen o no raz¨®n cuando los socialistas den a conocer el programa electoral con el que piensan concurrir a las elecciones.

En el caso del proyecto de nuevo C¨®digo Penal, seguramente el m¨¢s importante de todos, es la segunda vez que se produce su postergaci¨®n parlamentaria. El proyecto de UCI), cuidadosamente elaborado durante el periodo en que el antiguo partido centrista estuvo en el poder, qued¨® arrinconado tras la convocatoria de las elecciones de octubre de 1982. El de los socialistas se ha quedado en la cuneta por sus titubeos para sacarlo adelante. Su promesa de hace 11 a?os -figuraba en el programa electoral de 1982- s¨®lo comenz¨® a cumplirse en las postrimer¨ªas de su tercera legislatura en el poder.

Es lo mejor que ha podido sucederle a un proyecto de nuevo C¨®digo Penal elaborado finalmente con apresuramiento y sin el consenso exigible a una iniciativa legislativa de esa envergadura. Es l¨®gico presumir que, cualquiera que sea la nueva correlaci¨®n de fuerzas surgida de las pr¨®ximas elecciones, el texto del futuro C¨®digo Penal refleje lo m¨¢s fielmente posible los valores mayoritariamente vigentes en la sociedad y que se debata con calma y con el tiempo necesario. Si ello es as¨ª, no es dudoso que propuestas doctrinalmente tan controvertidas, y pol¨ªticamente tan equivocadas, como la inclusi¨®n -directa o disfrazada- en el c¨®digo del delito de difamaci¨®n queden definitivamente olvidadas. Ser¨¢, en todo caso, una decisi¨®n de la nueva mayor¨ªa que surja de las urnas.