El ciudadano Garz¨®n

EL GOLPE de mano de Felipe Gonz¨¢lez al incluir como segundo de su candidatura al juez Garz¨®n ha sido espectacular. Que se trata de una decisi¨®n interesada,, destinada a dar credibilidad al prop¨®sito de la enmienda socialista, es una evidencia. Pero esa es una de las caracter¨ªsticas del sistema democr¨¢tico: que por su propio inter¨¦s los partidos deben ser sensibles a las demandas del electorado; en este caso, a la demanda de apertura a la sociedad de un partido que tras 10 a?os en el poder hab¨ªa dado abundantes muestras de anquilosamiento y alejamiento de los ciudadanos.La iniciativa coloca en situaci¨®n inc¨®moda a quienes, guiados por un antigubernamentalismo a machamartillo, halagaron a Garz¨®n hasta el rid¨ªculo, erigi¨¦ndole en s¨ªmbolo de la resistencia antisocialista. Pero ridiculiza tambi¨¦n a quienes, desde el otro campo, intentaron descalificar al juez que detuvo y proces¨® al comisario Amedo, atribuyendo a enfermiza animadversi¨®n contra el Gobierno esa y otras decisiones, y a su af¨¢n de notoriedad pronunciamientos como los del ciudadano Garz¨®n contra la ley Corcuera. Esa inequ¨ªvoca significaci¨®n p¨²blica -que tambi¨¦n ha suscitado las reticencias de sectores muy influyentes de la derecha con motivo del procesamiento de guardias civiles acusados de pagar con droga a confidentes- diferencia su incorporaci¨®n a las candidaturas de otras incorporaciones imaginables, en las que la etiqueta de independiente ser¨ªa s¨®lo el camuflaje de un incondicional: un independiente no es exactamente lo mismo que un compa?ero de viaje, figura caracter¨ªstica, en una ¨¦poca, de la estrategia electoral de los partidos de la III Internacional.

La iniciativa es estimable por lo que tiene de autocr¨ªtica pr¨¢ctica. Los socialistas han desplegado una pol¨ªtica judicial s¨®lo comparable, por lo desatinada, a la seguida con los medios de comunicaci¨®n. Al acoger a Garz¨®n, y en un puesto de gran relieve, el PSOE reconoce impl¨ªcitamente su sectarismo anterior y adquiere un cierto compromiso de rectificaci¨®n. El PSOE ofrece medidas destinadas a evitar ciertos abusos -en relaci¨®n a la financiaci¨®n de los partidos, por ejemplo-, pero tiene dificultades para responder a esta pregunta: ?qu¨¦ les impidi¨® haber realizado desde su mayor¨ªa parlamentaria eso que ahora proponen? Es el hecho de que no se trate de un incondicional, sino de alguien conocido justamente por actitudes ingratas al poder, y a quien no podr¨¢ exigir disciplina ciega, lo que otorga a la iniciativa el valor de aval de esa voluntad de enmienda.

Si una parte del electorado socialista duda de la conveniencia de repetir su voto, pese a su escaso entusiasmo por Aznar, es porque considera dificil que desde la continuidad en el poder sea posible abordar ciertas rectificaciones: en relaci¨®n a la televisi¨®n p¨²blica, a la pol¨ªtica de nombramientos en instituciones como la Fiscal¨ªa General o el Tribunal de Cuentas, a la utilizaci¨®n de la mayor¨ªa en el Parlamento, etc¨¦tera. Ese sector del electorado necesita alguna prueba de la sinceridad del compromiso socialista de acabar con esos abusos, y con su corolario: la inercia de instalados que ha impedido a los dirigentes del PSOE reaccionar con reflejos ante el esc¨¢ndalo de Juan Guerra o el caso Filesa.

La de Garz¨®n es la m¨¢s simb¨®lica de una m¨¢s amplia incorporaci¨®n de independientes -como la del tambi¨¦n juez Ventura P¨¦rez Mari?o o la de la catedr¨¢tica de ?tica Victoria Camps- de significaci¨®n parecida: el alcance de esta prueba de renovaci¨®n depender¨¢ no s¨®lo del talante de los nuevos candidatos, sino tambi¨¦n de su n¨²mero, y del nivel de resistencia o anuencia que al respecto ofrezca el aparato del partido socialista.

Esa valoraci¨®n pol¨ªtica de la iniciativa no es contradictoria, sin embargo, con la pol¨¦mica que suscita la participaci¨®n de los miembros de la carrera judicial en la vida pol¨ªtica, o mejor, con su retorno posterior a la carrera judicial. Es una duda gen¨¦rica, no resuelta, que ya se plante¨®, por ejemplo, con motivo del salto a la pol¨ªtica intentado en 1986 por el hasta poco antes presidente del Consejo General del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles.. La prohibici¨®n constitucional de afiliaci¨®n pol¨ªtica de los jueces se fundamenta en la exigencia de neutralidad de una instancia a la que la sociedad atribuye el poder de aplicar una represalia ¨²nica e inapelable contra quienes violan sus normas. Esa exigencia deber¨ªa implicar seguramente, m¨¢s alla de la prohibici¨®n de simultanear ambas ocupaciones, el compromiso de renunciar voluntariamente -durante un plazo suficiente posterior a la aventura pol¨ªtica- a las tareas judiciales, distintas por esencia de las ocupaciones legislativas.