El amago judicial del 'Caso KIO'

LA ROTUNDA acusaci¨®n de prevaricaci¨®n del Gobierno en el caso KIO presentada por el Partido Popular el pasado lunes por boca de su secretario general, Francisco ?lvarez Cascos, no se hizo ante un juzgado de guardia, sino ante los medios de comunicaci¨®n. Es un dato que podr¨ªa resultar desconcertante. Si se a?ade que dicha presentaci¨®n se realiza en plena precampa?a electoral y que la acusaci¨®n es utilizada como munici¨®n de grueso calibre en el debate entre candidatos celebrado horas desp¨²es, el desconcierto se torna en sospecha de utilizaci¨®n electoralista del asunto, es decir, como parte de una t¨¢ctica de los conservadores, deseosos de ganar simpatizantes y votos con su denuncia. Un planteamiento discutible -como casi todo-, pero dentro de una cierta l¨®gica.El problema de comprensi¨®n surge cuando, inmediatamente despu¨¦s, quien present¨® la contundente acusaci¨®n -un informe de m¨¢s de 500 p¨¢ginas- matiza que la interposici¨®n de la querella se retrasar¨¢, "teniendo en cuenta que nos encontramos en proceso electoral y con el fin de evitar que el ejercicio de la acci¨®n penal pudiera considerarse con finalidad mera o exclusivamente electo ralista". El desconcierto irrumpe de nuevo. Si, como se afirma, hay pruebas suficientes de delito, no se entiende por qu¨¦ no se presenta la querella. Y si se alega que es un gesto caballeroso para no interferir penalmente en un proceso electoral, no tiene sentido anunciarla ante los medios de comunicaci¨®n. Sin embargo, la aparente contradicci¨®n puede tener una explicaci¨®n: todo lo que sirve para crear confusi¨®n sobre el rival favorece los intereses propios. De ah¨ª que se amague pero no se d¨¦. Que se dejen caer acusaciones m¨¢s o menos veladas sobre Filesa y KIO, que se entremezclen sugerencias de presuntos casos de financiaci¨®n irregular de los partidos con posibles errores de interpretaci¨®n jur¨ªdica que, en todo caso, parecen enmarcarse m¨¢s correctamente en la v¨ªa de lo contencioso-administrativo.

La novedad esencial del anuncio del Partido Popular sobre el caso KIO es la de tratar de demostrar que el Gobierno s¨ª conoc¨ªa el car¨¢cter estatal de dicha oficina de inversiones y' por lo tanto, la inevitabilidad de que sus operaciones en Espa?a tuvieran el visto bueno previo del Consejo de Ministros. Para ello se basan en un escrito del entonces director general de Transacciones Exteriores al jefe del gabinete del ministro Solchaga y al secretario de Estado de Comercio, Miguel ?ngel Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, que, en abril de 1987, recomendaba modificar la normativa vigente sobre las inversiones extranjeras o, en su defecto, convalidar a posterior? las inversiones ya realizadas por KIO. Si, como deducen los denunciantes potenciales, el ministro de Econom¨ªa conoc¨ªa el car¨¢cter estatal de KIO, quedar¨ªa en entredicho su intervenci¨®n parlamentaria en la que lo negaba.

Ciertamente, ya en el ¨¢mbito pol¨ªtico m¨¢s que judicial, el desembarco de KIO hay que enmarcarlo en una etapa en la que el Gobierno cifra buena parte de la expansi¨®n econ¨®mica en la entrada de capitales extranjeros sin preocuparse demasiado de su origen. Desde luego, cabe reprochar a los ministros de Econom¨ªa e Industria el escaso seguimiento realizado a una tan voluminosa inversi¨®n, que, cuando menos, tuvo andanzas bastante sospechosas en el mercado de valores. La aprobaci¨®n por parte del Consejo de Ministros del paquete KIO -al margen de que sea o no perseguible ante los tribunales- hubiera obligado a crear un comit¨¦ de seguimiento y, posiblemente, se hubiera podido evitar al menos en parte el desastre final.

Sorprendente es, tambi¨¦n, que el Partido Popular trate de volcar su artiller¨ªa pesada, no sobre las repercusiones econ¨®micas y sociales tan evidentes (cerca de 500.000 millones de inversi¨®n evaporados y un futuro sombr¨ªo para 100.000- trabajadores), sino sobre el cumplimiento, o no, de un tr¨¢mite administrativo. El propio Reglamento de Inversiones Extranjeras ha ido vaci¨¢ndose en su contenido por la modificaci¨®n evidente de las circunstancias econ¨®micas y pol¨ªticas internacionales. Acusar de falta de seguimiento de dichas inversiones y no coadyuvar a la clarificaci¨®n de las responsabilidades de sus gestores es, sin duda, confundir el r¨¢bano con las hojas.

La clave, a nuestro juicio, del asunto KIO es dilucidar qui¨¦nes, y c¨®mo, son responsables de la quiebra actual; por qu¨¦ se ha llegado a asumir la evaporaci¨®n de 500.000 millones de pesetas y por qu¨¦ las ¨²nicas investigaciones judiciales se llevan a cabo en el Reino Unido. Y en la rotunda denuncia de los conservadores no aparece ninguna de las cuestiones enunciadas ni, por supuesto, ning¨²n plan alternativo para mejorar las expectativas de derribo y cierre de las empresas del grupo KIO.