La Seguridad Social, diez a?os despu¨¦s

En los ¨²ltimos 10 a?os, se?ala el autor, la Seguridad Social en Espa?a ha estructurado sobre bases s¨®lidas una nueva red de prestaciones eficaz para la cobertura de las necesidades sociales. Ahora es necesario perfeccionarla y, sobre todo, mantenerla, protegerla y reforzarla de cara al futuro, como expresi¨®n m¨¢xima que es del principio de solidaridad que debe presidir la relaci¨®n entre los hombres.

Sin duda, 1993, en el panorama espa?ol, es un a?o de reflexi¨®n. El pasado a?o 1992 supuso la finalizaci¨®n de un ciclo econ¨®mico caracterizado por un notable crecimiento para entrar en otro sobre el que a¨²n persisten inc¨®gnitas, aunque muy recientemente comiencen a aparecer signos esperanzadores. Y, desde el punto de vista pol¨ªtico, el fin de la legislatura y la convocatoria de elecciones suponen tambi¨¦n un punto de inflexi¨®n.As¨ª, pues, 1993 es un momento adecuado para volver la vista atr¨¢s y hacer balance del camino recorrido para, desde esa perspectiva, plantearse el futuro inmediato. Y esta reflexi¨®n, que puede ser v¨¢lida en cualquier campo, lo es especialmente en el de la seguridad social, n¨²cleo esencial de las pol¨ªticas de protecci¨®n social que, a su vez, constituye uno de los fundamentos b¨¢sicos de los modernos Estados europeos. Y que, en Espa?a en concreto, ha experimentado importantes transformaciones en este ¨²ltimo decenio en paralelo, por una parte, con la evoluci¨®n que otros sistemas tambi¨¦n han setguido hacia una imbricaci¨®n de las anta?o antag¨®nicas concepciones bismarkianas (basadas en la laboralizaci¨®n del aprotecci¨®n) y las derivadas de las teor¨ªas de Beveridge (basadas en la universalizaci¨®n), pero tambi¨¦n convergente hacia los niveles de protecci¨®n m¨¢s elevados que otros pa¨ªses europeos hab¨ªan alcanzado ya con anterioridad a nosotros.

Insuficiencias

A finales de los a?os setenta y principios de los ochenta, el sistema de seguridad social espa?ol presentaba graves insuficiencias, que se traduc¨ªan en un vac¨ªo protector que alcanzaba a importantes capas de la sociedad. La existencia de una ¨²nica modalidad de protecci¨®n, de car¨¢cter contributivo y ligada indisolublemente al ejercicio de una actividad laboral o profesional, supon¨ªa la pr¨¢ctica desprotecci¨®n de las personas de edad o incapacitadas que vio hab¨ªan logrado completar los per¨ªodos de cotizaci¨®n que les dieran acceso a aqu¨¦lla. Los parados de larga duraci¨®n que perd¨ªan su puesto de trabajo a una edad avanzada eran expulsados del sistema una vez agotadas las muy limitadas prestaciones de desempleo, con el riesgo a?adido de poner en peligro incluso su derecho a la jubilaci¨®n, al exigirse para, acceder a ¨¦sta el requisito de estar en alta. Y el derecho a la asistencia sanitaria, ligado tambi¨¦n al trabajo, desaparec¨ªa para los hijos de las personas ocupadas al cumplir los 21 a?os.

E incluso dentro del ¨¢mbito de la protecci¨®n contributiva vigente en aquellas fechas se produc¨ªan insuficiencias protectoras como consecuencia del distanciamiento de las bases de cotizaci¨®n de los salarios reales, ya que al cotizar las empresas por cuant¨ªas alejadas de los mismos esos ingresos quedaban excluidos del c¨¢lculo de las prestaciones y de una err¨¢tica pol¨ªtica de revalorizaci¨®n de pensiones. Con el resultado de que en 1982 la pensi¨®n media de jubilaci¨®n del r¨¦gimen general (la m¨¢s representativa del sistema) era de 28.817 pesetas, pr¨¢cticamente igual que el salario m¨ªnimo interprofesional, y las pensiones m¨ªnimas estaban muy distantes de aquella magnitud, a la vez que muchos pensionistas de reg¨ªmenes especiales ¨²nicamente cobraban 12 pagas anuales en lugar de 14, como los del r¨¦gimen general.

Era, pues, absolutamente preciso -y as¨ª lo exig¨ªa tambi¨¦n el texto constitucional vigente desde 1978- configurar un nuevo y amplio entramado de derechos que cubriera esos vac¨ªos existentes y diera respuesta a las necesidades de los ciudadanos, situando a nuestro sistema protector en un nivel equiparable al que ya disfrutaban la mayor¨ªa de los pa¨ªses de nuestro entorno socioecon¨®mico. Y a ello se han dedicado arduos esfuerzos e importantes recursos en este ¨²ltimo decenio, abord¨¢ndose toda una serie de reformas en los distintos aspectos que configuran el sistema de seguridad social para modificar el panorama que imperaba al inicio de dicho periodo.

Nueva situaci¨®n

El resultado, hoy, es una situaci¨®n muy distinta, que se ha conseguido con el esfuerzo de toda la sociedad, y del que toda la sociedad debe sentirse part¨ªcipe. Nuestro sistema de protecci¨®n social cubre ahora aquellos vac¨ªos y proporciona una protecci¨®n efectiva y ajustada a las posibilidades y capacidades reales de nuestro pa¨ªs, una protecci¨®n que, desde luego, siempre es perfectible, porque la propia din¨¢mica social genera continuamente nuevas formas de marginaci¨®n de car¨¢cter espec¨ªfico (pi¨¦nsese hoy en el sida, la drogodependencia, etc¨¦tera) a las que hay que seguir atendiendo, pero que, en t¨¦rminos generales, ofrece ' a los ciudadanos una seguridad en su peripecia vital de la que antes carec¨ªan.

Hoy, todos los espa?oles en situaci¨®n de necesidad por su edad o incapacidad tienen derecho a una pensi¨®n de la Seguridad Social, aun cuando no hayan estado previamente incluidos y cotizando en el sistema. Las pensiones no contributivas de la Seguridad Social, puestas en marcha desde 1991, cubren este necesario espacio protector, proporcionando a estas personas una renta b¨¢sica de sustituci¨®n que permite al menos la cobertura de sus necesidades vitales. Y esta universalizaci¨®n de la acci¨®n protectora no se limita a las pensiones, sino que abarca tambi¨¦n a la asistencia sanitaria, los servicios sociales y las prestaciones de protecci¨®n familiar.

La asistencia sanitaria se extiende ahora a la pr¨¢ctica totalidad de la poblaci¨®n. No se produce ya, en ning¨²n caso, el efecto de expulsi¨®n de los hijos de los afiliados a la Seguridad Social, que conservan el derecho sea cual sea su edad hasta que ellos mismos pasan a tener tal condici¨®n. Y el acceso a la protecci¨®n no est¨¢ ya absolutamente condicionado por la actividad profesional, sino que se produce tambi¨¦n al ser beneficiario de pensiones no contributivas o por la simple carencia de recursos econ¨®micos suficientes.

Los desempleados de mayor edad no quedan ya desprotegidos, sino que la existencia de un subsidio espec¨ªfico desde los 52 a?os de edad les permite enlazar con la jubilaci¨®n, manteniendo la cotizaci¨®n que hace posible no s¨®lo conservar el derecho, sino tambi¨¦n incrementar el porcentaje para la determinaci¨®n de su cuant¨ªa. De este modo, y,compaginando las distintas f¨®rmulas de protecci¨®n por esta contingencia, se puede decir que en la mayor¨ªa de los casos de p¨¦rdida de empleo existe protecci¨®n desde los 49 a?os hasta la jubilaci¨®n.

Por ¨²ltimo, en el ¨¢mbito de la protecci¨®n contributiva, y sin olvidar otras medidas puntuales, como la aproximaci¨®n de los reg¨ªmenes especiales al r¨¦gimen general o la ampliaci¨®n de los periodos de descanso por maternidad a 16 semanas (18 en caso de parto m¨²ltiple), la pol¨ªtica de pensiones aplicada ha conseguido avances significativos. La pensi¨®n media de jubilaci¨®n del r¨¦gimen general que, como antes apuntaba, era en 1982 de 28.817 pesetas, es hoy de 80.478 pesetas, superior al salario m¨ªnimo. La pensi¨®n m¨ªnima familiar est¨¢ equiparada al salario m¨ªnimo interprofesional neto y asciende a 55.725 pesetas, que, por 14 pagas que hoy perciben los pensionistas de todos los reg¨ªmenes, suponen 780.150 pesetas anuales. Las pensiones m¨ªnimas de viudedad se han equiparado a sus equivalentes de jubilaci¨®n a igualdad de edad de los beneficiarios. Y todas las pensiones conservan su poder adquisitivo a trav¨¦s de su revalorizaci¨®n anual conforme al incremento experimentado por el IPC en el a?o anterior.

Todo ello ha supuesto un importante esfuerzo de ampliaci¨®n y mejora de la protecci¨®n, que ha llevado a que los recursos destinados a la Seguridad Social hayan pasado de 2,4 billones de pesetas en 1982 a 9,1 billones en 1993, casi cuatro veces m¨¢s en t¨¦rminos nominales, que en pesetas constantes significan que pr¨¢cticamente se han duplicado en.10 a?os tales recursos; con lo que Espa?a se ha aproximado a la media europea de gasto en protecci¨®n social que se dedica del producto interior bruto, de manera que en 1991 (¨²ltimo a?o para el que existen datos a nivel europeo) ese diferencial, que en 1982 era de casi siete, puntos, se situaba ya en tomo a 4,5 puntos porcentuales.

La Seguridad Social, por tanto, en los ¨²ltimos 10 a?os ha estructurado sobre bases s¨®lidas una nueva red de prestaciones eficaz para la cobertura de las necesidades sociales, que ahora es necesario perfeccionar y, sobre todo, mantener, proteger y. reforzar de cara al futuro como expresi¨®n m¨¢xima que es del principio de solidaridad que debe presidir la relaci¨®n entre los hombres.

No podemos olvidar que la aparici¨®n de nuevas formas de marginaci¨®n, los cambios en las estructuras familiares y sociolaborales o los problemas demogr¨¢ficos constituyen o constituir¨¢n en el futuro inmediato nuevos retos a los que la protecci¨®n social, y en concreto los sistemas de seguridad social, deber¨¢n enfrentarse y resolver, dando respuestas a las necesidades creadas. Pero, con todo, el principal dilema que deber¨¢n encarar es el mantenimiento del principio de solidaridad que constituye, a su vez, la clave para el sostenimiento y desarrollo de la protecci¨®n social.

Dualizaci¨®n

Hay que tener en cuenta que la libertad de mercado, consustancial al sistema democr¨¢tico, puede tender, llevada a sus ¨²ltimas consecuencias, a la creaci¨®n de una sociedad profundamente insolidaria e injusta en la que se d¨¦ una clara dualizaci¨®n entre quienes, plenamente incorporados a la vida activa, disfrutan de todas las ventajas de esa sociedad, y quienes, imposibilitados de integrarse en ella o expulsados de la misma por su edad o caracter¨ªsticas personales, pueden quedar abocados a situaciones graves de marginaci¨®n a las que s¨®lo la solidaridad manifestada a trav¨¦s de la protecci¨®n social puede dar respuesta adecuada.

En esta circunstancia, adem¨¢s, no faltan voces que, desde posiciones de individualismo a ultranza, y con la disculpa de la libertad de elecci¨®n, plantean la ruptura del esquema b¨¢sico en que se fundamentan los sistemas de seguridad social, la solidaridad entre generaciones, que ser¨ªa as¨ª reemplazada por esa capacidad de elecci¨®n de los m¨¢s fuertes por encima de los d¨¦biles, con el pretexto de que cabe plantearse la duda de si las generaciones futuras seguir¨¢n manteniendo este principio y, por tanto, dando cobertura a las necesidades de quienes hoy contribuimos a cubrir las de las generaciones precedentes. En mi opini¨®n, no debemos caer en esa trampa de ego¨ªsmo, puesto que la solidaridad es y debe seguir siendo el principal motor y la primera garant¨ªa del sistema protector.

Por eso, de cara al futuro, la estabilidad del sistema de seguridad social estar¨¢ asegurada si se mantiene ese esp¨ªritu solidario en nuestra sociedad y siempre y cuando este principio sea impulsado decididamente por la acci¨®n de gobierno (no hay que olvidar que en alg¨²n caso ha habido intentos de desmontar el sistema p¨²blico de protecci¨®n aun en contra del criterio social), su desarrollo guarde el debido equilibrio con la situaci¨®n econ¨®mica que debe sustentarlo, huyendo de promesas imposibles de cumplir, y se lleve a cabo una adecuada gesti¨®n.

Si se dan estas premisas, y creo firmemente que en nuestro pa¨ªs se van a seguir dando en los pr¨®ximos a?os, el futuro del sistema de seguridad social est¨¢ asegurado, y con ello nos estaremos asegurando tambi¨¦n una sociedad cada vez m¨¢s justa.

es economista, miembro del Instituto Europeo de Seguridad Social.