Estado limpio
El autor postula , desd3e una ¨®ptica social dem¨®crata , un modelo de estado limpio, eficiente , barato para lo que tenga quehacer , y federal o confederado.El Estado que a su juicio le conviene a la sociedad espa?ola en el horizonte del a?o 2000
Andamos revueltos de ideas. Manoseamos el papel del Estado -del sector p¨²blico- en la pol¨ªtica econ¨®mica y social con abundantes y difusas etiquetas: se habla, por un lado, de Estado m¨ªnimo, donde pueden encontrarse las variadas "acracias de derechas" (Buchanan) conservadoras y ciertas utop¨ªas izquierdosas. Tambi¨¦n hay ep¨ªtetos de Estado benefactor o providencia (?el Estado pap¨¢ o mam¨¢?). O el Estado fuerte. Los fallos de Leviathan ocupan asimismo, afortunadamente, mucha literatura doctrinal. Uno quiere poner aqu¨ª el referente del Estado limpio, aun a contracorriente (lo pongo en may¨²scula, ya que con la dada vez m¨¢s usual min¨²scula es sin¨®nimo de situaci¨®n). Que el papel del Estado, como agente econ¨®mico, est¨¢ en crisis y revisi¨®n me parece obvio: ineficiencias, disparates y crisis-rebeld¨ªa fiscal andan por la base del fen¨®meno. Respetables tendencias exc¨¦ntricas tambi¨¦n. Quiero postular aqu¨ª, desde una ¨®ptica socialdem¨®crata, el modelo de Estado limpio, eficiente, barato para lo que tenga que hacer y, desde luego, federal o confederado, el que pienso le conviene a la sociedad espa?ola -de centro izquierda, como sol¨ªa predicar el presidente Su¨¢rez- en el horizonte del 2000. Y desde luego, lo que hagan con el tema los pa¨ªses de la CE y de la OCDE ser¨¢ relevante para nosotros.Nuestro tama?o global de sector p¨²blico en relaci¨®n a nuestro producto debiera tender a disminuir a cotas del 40%-42%; es decir, que su tasa de crecimiento monetario tendr¨ªa que ser inferior a la del producto monetario para 1994-1999. Es sobre su estructura y funcionamiento donde debiera actuarse: el peso de la inversi¨®n p¨²blica, a potenciar. El coste de administraci¨®n, a contener dr¨¢sticamente. Una evaluaci¨®n presupuestaria bastante m¨¢s radical, m¨¢s de ra¨ªz desde m¨¢s proyectos0. La continuidad en la descentralizaci¨®n hacia autonom¨ªas y, en especial, entidades locales, con el consiguiente descargo neto de la Administraci¨®n central.
Hay que podar
Para la vitalidad del ¨¢rbol hay que podar. Es el tiempo. A¨²n arrastramos las malas secuelas de los actos presupuestarios de 1991-1992.
En cuanto al gasto corriente, convendr¨ªa ir m¨¢s all¨¢ de las econom¨ªas introducidas a finales de 1992. Los costes de administraci¨®n, as¨ª como los de gesti¨®n de la Seguridad Social, debieran controlarse m¨¢s. El argumento de su rigidez a la baja es insatisfactorio para la opini¨®n p¨²blica. Plataformas, organismos y departamentos han de acreditarse en su necesidad. Desde luego, es moneda com¨²n -por ejemplo, de ¨®rganos empresariales- que la descentralizaci¨®n no siempre ha conllevado la poda de burocracias. centrales. Madrid se defiende.
En este terreno chocamos con el gr¨¢vido d¨¦ficit de reforma administrativa, que ha da?ado los resultados de la d¨¦cada en la que se optaba por contar con el sector p¨²blico. En cierto sentido, cabe afirmar, dentro de una cierta complejidad, que el aumento del peso del empleo p¨²blico ha frenado las ganancias de productividad, insatisfactorias sobre todo en los servicios con su heterogeneidad: incentivos a fondo, consideraci¨®n de los costes sombra de las plantillas p¨²blicas, esquemas dr¨¢sticos de jubilaciones anticipadas, diluci¨®n corporativista, aplicaci¨®n sistem¨¢tica de las sanciones previstas, formaci¨®n condicionante de la promoci¨®n y formaci¨®n continuada, pol¨ªtica de selecci¨®n y flexibilidad en la contrataci¨®n especial, evaluaci¨®n y control de la calidad de los servicios... He aqu¨ª algunas piezas clave para racionalizar la Administraci¨®n, seguramente partiendo de un buen Libro Blanco externo, realizado por expertos extranjeros y espa?oles (iah!, Alejandro Nieto, Ram¨®n Mart¨ªn Mateo, Baena, Alc¨¢zar, Joan Prats, Garrido Falla, Ferret ... ). Junto a una eficaz pol¨ªtica de vivienda -quiz¨¢s sometida a la restricci¨®n sobre los recursos-, ¨¦sta me parece una de las carencias m¨¢s gr¨¢vidas de la singladura del PSOE (afecta a la Administraci¨®n central, pero "deje usted correr" a la autonom¨ªa catalana).
En el campo de la inversi¨®n p¨²blica de infraestructuras y de centros de servicios -considero clave el est¨¢ndar m¨ªnimo del 5% del PIB- han mediado tambi¨¦n intensas potencialidades de racionalizaci¨®n: la coordinaci¨®n de planes regionales, el retraso en toda la comisa cant¨¢brica, la anticipaci¨®n en el actual cambio de criterios de Renfe, la mejora en la evaluaci¨®n de proyectos y presupuestaria, mayor decisi¨®n en la aplicaci¨®n de tasas de uso y en las privatizaciones convenientes, una mejor pol¨ªtica de financiaci¨®n que evitara los incrementos acordados impl¨ªcitamente en las licitaciones, la celeridad de ejecuci¨®n... y el control de pr¨¢cticas corruptas desviadoras al son de l¨®gicas contra el inter¨¦s general (creo que el esfuerzo estatal para los Juegos Ol¨ªmpicos, unos 350.000 millones en cuatro a?os, se le deb¨ªa a Catalu?a en relaci¨®n a su d¨¦ficit fiscal excesivo con el Estado espa?ol y piensa que el AVE se acreditar¨¢ a largo plazo en t¨¦rminos de din¨¢mica andaluza).
El 'gasto social'
Vale la pena detenerse algo en el gasto social, que no se acaba de explicar bien ni por tirios ni por troyanos: en 1981 -despu¨¦s de un empuje en 1971-1973 y otro bajo Su¨¢rez- estaba alrededor del 20% del PIB. En 1991 estaba en el 26%, conten¨ªa el 58% de todo el gasto de las Administraciones p¨²blicas y supon¨ªa un 36% de la renta familiar disponible previa a su disfrute (Bandr¨¦s. Igualdad. Argentaria, marzo de 1993. Resumen de una investigaci¨®n). ?sta es propiamente la aportaci¨®n socialdem¨®crata del periodo, quiz¨¢s m¨¢s importante que el avance en el binomio salario real-empleo.
Este gasto social comprende, de un lado, la din¨¢mica de las aportaciones p¨²blicas, en especial a los sistemas de ense?anza y sanidad. El estudio de referencia considera este ¨²ltimo -de pr¨¢ctica universalizaci¨®n gratuita desde los ¨²ltimos a?os del ministro Lluch- como de virtualidad claramente redistributiva; creo, empero, que habr¨ªa que avanzar en la separaci¨®n entre financiaci¨®n del sistema y producci¨®n de los servicios sanitarios -modelo catal¨¢n- y, dada una cierta mejora distributiva, en la aplicaci¨®n de tasas moderadoras en la l¨ªnea de las listas de medicamentos (desconfie usted, lector, del economista que deja de creer en el efecto-precio). En t¨¦rminos generales, cabr¨ªa ya ser m¨¢s osado en la pol¨ªtica tarifaria de los servicios p¨²blicos, mejorados con la consiguiente reducci¨®n de su incidencia tributaria.
En ense?anza se considera tambi¨¦n que los niveles b¨¢sicos y medios son claramente redistributivos. Se cuestiona, en cambio, la pol¨ªtica de tasas universitarias al 18% de coste, pero no la din¨¢mica positiva de dotaci¨®n de becas en el sentido de una cierta segmentaci¨®n en su disfrute, mientras que el reparto de su correspondiente fiscal presenta l¨ªmites en cuanto a progresividad. La aportaci¨®n p¨²blica a esquemas de vivienda, en t¨¦rminos reales, no ha avanzado hasta 1992.
A esto ¨²ltimo se agarra, parad¨®jicamente, aquel grupo radical de economistas liberales, que lindan con la p¨¦rdida del sentido com¨²n, su afirmaci¨®n de que "el Estado no redistribuye"; recomiendo que no se les lleve la contraria porque al final se lo demostrar¨¢n... Este apasionado diagn¨®stico, cuyo tono, creo advertir, aumenta con los periodos recaudatorios, lo ampl¨ªan tambi¨¦n a las tranferencias sociales. Y en 1981-1982 ¨¦stas han m¨¢s que doblado, en pesetas de valor constante, al comp¨¢s del empuje inicial y, asimismo, del 14D de 1988: principalmente pensiones, ya 5,5 billones; subsidio de paro, que ya alcanza a cubrir un 77% de las situaciones y pensiones no contributivas, cuya n¨®mina ya alcanza casi el bill¨®n anual. En este terreno de las transferencias urge introducir econom¨ªas del coste de gesti¨®n y control del fraude. S¨ª, ya hay una poda a hacer en este campo, no de r¨¦gimen, sino de aplicaci¨®n.
No habr¨¢ resultado f¨¢cil: estamos ya en el 26%, pues, de gastos sociales en relaci¨®n al PIB. Conservarlo ya es una empresa. El referente medio europeo se puede situar en el 30%-3 1 %. Pero tenemos que administrarlo m¨¢s rigurosa y eficientemente, ya que es un peso en costes productivos y competitividad. Y tenemos la asignatura pendiente de ajustar las cuotas empresariales de Seguridad Social -?funciona ¨¦sta bien?- a la media europea. Y, subsidio de paro aparte, habr¨¢ que esperar a la reactivaci¨®n para seguir, no antes.
Las estimaciones de que se dispone de cambios en la distribuci¨®n de la renta con la democracia abonan la tesis de mejora en la cohesi¨®n social, que tambi¨¦n puede ser una condici¨®n de estabilidad socioecon¨®mica: el 20% m¨¢s rico ha cedido terreno relativo, el 30% inferior ha avanzado, en t¨¦rminos de renta despu¨¦s de impuestos y hechas las transferencias y los usos de los servicios. Ya deb¨ªa tratarse de esto. La meritocracia (Lasu¨¦n, 1975) ha de seguir teniendo un espacio bien amplio; las igualdades de oportunidades ante la salud y la formaci¨®n son centrales. Las transferencias dentro de los mismos estratos sociales tendr¨¢n que ser miradas con lupa.
Por lo dem¨¢s, con esta envolvente correctora y gradual, hay que asumir con todas sus consecuencias que "el mercado ha ganado" (Emilio Fontela. Sesi¨®n del Plan Estrat¨¦gico de Barcelona. ?rea Metropolitana). De Estado regulador de la actividad privada, lo menos posible. De Estado productor, tan s¨®lo lo inerte imprescindible. De subvenciones a empresas incentivadoras (las subvenciones de tipos de inter¨¦s pueden jugar un papel acorde al mercado de conductas positivas condicionadas), nada. De empe?os p¨²blicos de tipo cultural alejadas de toda l¨®gica de demanda, pocos. Y el impacto fiscal en esfuerzo y ahorro habr¨¢ de ser tomado progresivamente en consideraci¨®n.
Y reducci¨®n de lo superfluo, del lujo p¨²blico. Hacer lo que haya que hacer, pero barato. Avance en la racionalizaci¨®n de la contrataci¨®n p¨²blica, lo que pasa por la correcci¨®n de toda desviaci¨®n corrupta. Tambi¨¦n se habr¨¢ de afrontar con naturalidad la privatizaci¨®n. Y un Estado limpio en Espa?a implica consolidaci¨®n del peso auton¨®mico y nuevo espacio de los entes locales, con retroceso relativo de la Administraci¨®n central. Lo dicho, reestructuraci¨®n p¨²blica -la reconversi¨®n le ha de llegar al sector p¨²blico- bajo la restricci¨®n de un tope global del 41%-42% de peso global sobre el PIB. M¨¢s, senda gradual de reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico en relaci¨®n a la renta nacional y a la oferta de ahorro por su efecto en los tipos de inter¨¦s. Estado limpio, bastante m¨¢s limpio: he aqu¨ª una empresa para el ideario socialdem¨®crata, que ha estado en la base de la construcci¨®n de Europa 19501990, aplicado a nuestro pa¨ªs.
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