La CE falla en contra de la cuota de pantalla para el cine espa?ol
El "objetivo cultural" alegado por el Gobierno es considerado "econ¨®mico"
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha declarado en una sentencia que la cuota de pantalla establecida en Espa?a, que condiciona la concesi¨®n de licencias de doblaje de pel¨ªculas de terceros pa¨ªses a la distribuci¨®n de pel¨ªculas nacionales, se opone las disposiciones del tratado de la Comunidad Europea sobre libre prestaci¨®n de servicios. La sentencia del Tribunal de Luxemburgo rechaza la alegaci¨®n del Gobierno espa?ol de que el real decreto que estableci¨® la cuota de pantalla persegu¨ªa el "objetivo cultural" de "proteger la producci¨®n cinematogr¨¢fica nacional".
La sentencia resuelve una cuesti¨®n prejudicial elevada por el Tribunal Supremo espa?ol en el marco de un recurso contencioso interpuesto por Fedicine (Federaci¨®n Espa?ola de Distribuidores Cinematogr¨¢ficos) contra el Real Decreto 1.257/ 1986 de 13 de junio que estableci¨® la actual cuota de pantalla.Dicho real decreto estableci¨® la libre distribuci¨®n de pel¨ªculas comunitarias y la obtenci¨®n de hasta cuatro licencias de doblaje de pel¨ªculas de terceros pa¨ªses a cualquier lengua oficial espa?ola "por cada pel¨ªcula espa?ola que acrediten tener contratada para su distribuci¨®n". Fedicine aleg¨® ante el Tribunal Supremo espa?ol que esta medida era "proteccionista, restrictiva, discriminatoria y contraria al Tratado de la CE" y a las directivas comunitarias sobre la materia.Estado diferente
Seg¨²n la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que publica la revista Actualidad Aranzadi, la libre prestaci¨®n de servicios implica, en primer lugar, "la eliminaci¨®n de cualquier discriminaci¨®n en perjuicio del prestador de servicios por raz¨®n de su nacionalidad o por el hecho de que est¨¦ establecido en un Estado miembro diferente de aquel en el que debe ejecutarse la prestaci¨®n".
Al vincular la concesi¨®n de licencias de doblaje de pel¨ªculas procedentes de terceros pa¨ªses al rodaje y la distribuci¨®n de pel¨ªculas espa?olas, el real decreto "favorece a los productores de estas ¨²ltimas respecto a los productores establecidos en otros Estados miembros que pretenden distribuir sus pel¨ªculas en Espa?a".
El tribunal deduce de los informes facilitados por la Comisi¨®n de la CE que las preferencias del p¨²blico espa?ol "se decantan en gran medida hacia las pel¨ªculas de terceros pa¨ªses, en particular las procedentes de los Estados Unidos de Am¨¦rica, dobladas a alguna lengua oficial de Espa?a".
Seg¨²n la sentencia, la cuota de pantalla pone a los productores de pel¨ªculas espa?olas en una situaci¨®n privilegiada respecto a los establecidos en otros Estados miembros de la CE, ya que a los primeros se les garantiza la distribuci¨®n de sus pel¨ªculas y la obtenci¨®n de las recaudaciones correspondientes, mientras que los segundos dependen solamente de la voluntad de los distribuidores espa?oles.
Esta obligaci¨®n produce "un efecto protector" en favor de las productoras de pel¨ªculas espa?olas, y en la misma medida perjudica a las productoras establecidas en otros Estados miembros, a los que se priva de la ventaja concedida a los espa?oles, "restricci¨®n que tiene car¨¢cter discriminatorio", a?ade la sentencia.
Seg¨²n el tribunal, la normativa espa?ola "persigue sin duda un objetivo de car¨¢cter puramente econ¨®mico", ya que al tratar de garantizar la distribuci¨®n de un gran n¨²mero de pel¨ªculas nacionales asegura a sus productores recaudaciones suficientes. La sentencia es vinculante para el Tribunal Supremo espa?ol, seg¨²n informaron fuentes de este ¨²ltimo, por lo que la sentencia que recaiga en el recurso contencioso deber¨¢ estimar el recurso de Fedicine.
[El director general en funciones del Instituto del Cine (ICAA) del Ministerio de Cultura, Juan Miguel Lamet, se neg¨® ayer a hablar del alcance de esta sentencia comunitaria].
La sentencia a?ade que los gastos efectuados por el Gobierno espa?ol y la comisi¨®n de la CE no pueden ser objeto de reembolso, y a?ade tambi¨¦n que corresponde al Tribunal Supremo espa?ol resolver sobre las costas.
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