Competitividad y pol¨ªtica industrial
La pol¨ªtica industrial que el Gobierno ha venido desarrollando, se?ala el autor, incluye un conjunto de iniciativas que pueden agruparse en tres ep¨ªgrafes: actuaciones normativas tendentes a modificar el marco institucional, programas de promoci¨®n industrial de car¨¢cter horizontal, y pol¨ªticas sectoriales.
La definici¨®n del papel de la pol¨ªtica industrial dentro del conjunto de actuaciones que configuran la pol¨ªtica econ¨®mica ha sido una cuesti¨®n especialmente controvertida estos ¨²ltimos a?os, no s¨®lo en Espa?a, sino en la mayor parte de los pa¨ªses industrializados. Probablemente, una gran parte de la pol¨¦mica es s¨®lo una querella nominalista derivada de los diferentes significados que se puede dar a la expresi¨®n pol¨ªtica industrial. Esta ausencia de consenso sobre los l¨ªmites del campo de actuaciones propio de la pol¨ªtica industrial explica tambi¨¦n su frecuente invocaci¨®n en el debate pol¨ªtico como una especie de sortilegio, cuyos efectos est¨¢n m¨¢s ligados a su repetici¨®n reiterada que a la clarificaci¨®n de su contenido informativo.Es obvio que la pol¨ªtica industrial debe tener como objetivo la promoci¨®n de la competitividad de las empresas industriales. Hasta aqu¨ª, sin duda, todo el mundo est¨¢ de acuerdo. La confusi¨®n suele comenzar cuando hay que establecer, en primer lugar, qu¨¦ corresponde hacer a las empresas y qu¨¦ a las Administraciones p¨²blicas en el desarrollo de sus estrategias de mejora de su posici¨®n competitiva y, en segundo lugar, dentro del campo de actuaci¨®n propio del Estado para favorecer la competitividad industrial, que debe considerarse parte de la pol¨ªtica industrial y qu¨¦ un componente de otras pol¨ªticas.
Es claro que la pol¨ªtica macroecon¨®mica, la pol¨ªtica de rentas, la pol¨ªtica de infraestructuras, y la pol¨ªtica de formaci¨®n de recursos humanos tiene una influencia decisiva en la configuraci¨®n de un entorno competitivo para las empresas industriales, ya que inciden decisivamente en la calidad y el coste de los factores de producci¨®n, pero dif¨ªcilmente pueden considerarse estas pol¨ªticas como componentes de la pol¨ªtica industrial, a menos que se pretenda abarcar con el t¨¦rmino pol¨ªtica industrial todo el campo de actuaci¨®n de la pol¨ªtica econ¨®mica.
La pol¨ªtica industrial incluir¨ªa, por consiguiente, aquellas actuaciones de apoyo a la competitividad industrial que corresponde realizar al Estado y que no forman parte de las pol¨ªticas anteriormente mencionadas, con las que, en todo caso, como es l¨®gico, la pol¨ªtica industrial debe estar coordinada en el marco de actuaci¨®n general de la pol¨ªtica econ¨®mica.
Protagonismo empresarial
La estrategia de mejora de la posici¨®n competitiva de una empresa incluye una amplia gama de decisiones en el terreno log¨ªstico, productivo, comercial, -tecnol¨®gico, financiero, de gesti¨®n de recursos humanos, etc¨¦tera. El protagonismo y la responsabilidad, en la elaboraci¨®n y desarrollo de estas estrategias, debe corresponder, como es l¨®gico, en una econom¨ªa de mercado a las propias empresas. A la pol¨ªtica industrial le corresponder¨¢, dentro de su ¨¢mbito de actuaci¨®n, favorecer e incentivar estas estrategias empresariales de mejora de la posici¨®n competitiva, as¨ª como la configuraci¨®n, a trav¨¦s de la elaboraci¨®n normativa, del marco institucional m¨¢s adecuado para que los agentes econ¨®micos del sector industrial puedan desarrollar estas estrategias de la forma m¨¢s eficiente.
De acuerdo con esta orientaci¨®n, la pol¨ªtica industrial que el Gobierno ha venido desarrollando incluye un conjunto de iniciativas que pueden agruparse en tres ep¨ªgrafes: actuaciones normativas tendentes a modificar el marco institucional, programas de promoci¨®n industrial de car¨¢cter horizontal y pol¨ªticas sectoriales.
Dentro del primer grupo se incluyen las leyes de Industria y de Ordenaci¨®n del Sector Petrolero ya aprobadas por el Parlamento y el proyecto de ley de ordenaci¨®n del sistema el¨¦ctrico aprobado por el Gobierno. Todas ellas pretenden configurar un marco institucional m¨¢s flexible y competitivo, definiendo con criterios estrictos el papel que le corresponde al Estado en los diferentes ¨¢mbitos de la industria, tanto con car¨¢cter general en la ley de Industria, como en sectores espec¨ªficos, como es el caso del sector petrolero una vez decidida su desmonopolizaci¨®n en la ley citada, o del sector el¨¦ctrico donde la introducci¨®n de mecanismos de competencia en el proyecto de ley correspondiente tiene en cuenta los rasgos espec¨ªficos t¨¦cnico-econ¨®micos de la industria el¨¦ctrica, que implican la existencia de un marco regulador.
A estas iniciativas legales que configuran un nuevo marco institucional para la industria pueden a?adirse normas legales, como la Ley de C¨¢maras de Comercio, que define un nuevo cuadro normativo para unas instituciones que juegan un papel importante en la instrumentaci¨®nde la pol¨ªtica de internacionalizaci¨®n y de formaci¨®n, y el proyecto de ley de sociedades de garant¨ªa rec¨ªproca que regula un instrumento financiero b¨¢sico para las peque?as y medianas empresas.
Programas de promoci¨®n
El segundo grupo de actuaciones lo compone el conjunto de programas horizontales, de promoci¨®n industrial. Estos programas, que aparecen descritos con detalle en el volumen I de la documentaci¨®n presentada, deben constituir, junto con alguna de las pol¨ªticas sectoriales, el esqueleto de la pol¨ªtica industrial. La pol¨ªtica tecnol¨®gica, la pol¨ªtica de internacionalizaci¨®n, la pol¨ªtica de calidad y seguridad industrial, la pol¨ªtica de dise?o industrial, la pol¨ªtica industrial medioambiental, las pol¨ªticas complementarias a las anteriores dirigidas a las PYMES, etc¨¦tera, componen un marco de est¨ªmulos e incentivos para que las empresas industriales, independientemente de su pertenencia sectorial, act¨²en de forma m¨¢s intensa sobre los factores que condicionan su competitividad.
Lo que caracteriza a estos programas horizontales es su no discriminaci¨®n entre sectores industriales aunque, como es l¨®gico, la asignaci¨®n de incentivos no sea estrictamente homog¨¦nea desde el punto de vista sectorial. Es obvio, por ejemplo, que sectores como el electr¨®nico o aeron¨¢utico con una inversi¨®n relativa en I+D mayor que otros sectores consuma igualmente un porcentaje m¨¢s alto de recursos p¨²blicos dirigidos a incentivar la inversi¨®n tecnol¨®gica. Por otro lado, programas de car¨¢cter sectorial, como el de apoyo al sector textil, o los que est¨¢n en preparaci¨®n para el sector aeron¨¢utico, o de componentes de automoci¨®n, suponen la integraci¨®n de un conjunto de iniciativas pertenecientes a diferentes planes horizontales y, por tanto, una asignaci¨®n sectorial espec¨ªfica de incentivos, pertenecientes a dichos planes.
El tercer conjunto de actuaciones de la pol¨ªtica industrial incluye las pol¨ªticas sectoriales. Se ha otorgado en este ¨¢mbito la prioridad en los sectores con mayor capacidad de difusi¨®n en el conjunto del tejido industrial de las mejoras que el propio sector registra en su competitividad, y aquellos en que la existencia de fallos de mercado u otros factores requieran un marco regulador. Por esta raz¨®n, sin duda, el paradigma de las pol¨ªticas sectoriales es la pol¨ªtica energ¨¦tica, enmarcada en el Plan Energ¨¦tico Nacional (PEN), en la medida en que el sector energ¨¦tico se ajusta a ambos criterios. A pesar de no tratarse de un sector industrial, se ha incorporado al texto sobre las pol¨ªticas industriales, el programa de mejora de la competitividad del sector tur¨ªstico, no s¨®lo por la importancia que el sector tiene para la econom¨ªa espa?ola, sino porque el dise?o de la pol¨ªtica tur¨ªstica, a¨²n teniendo en cuenta la especificidad de lo que es una variada oferta de servicios, se ha realizado siguiendo pautas de promoci¨®n de la competitividad empresarial an¨¢logas a las de una pol¨ªtica industrial.
Art¨ªculo de presentaci¨®n de los vol¨²menes sobre Pol¨ªticas industriales y an¨¢lisis sectorial de la competitividad de los que saldr¨¢ el Libro blanco sobre la industria espa?ola, y que fueron entregados a los representantes sindicales y empresariales de la Mesa Tripartita sobre la Industria.
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